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Una instalación en El Oro, Estado de México, ya había sido señalada por denuncias vecinales.
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De no pagar la compensación en el plazo acordado, el Sindicato tendrá que asumir intereses.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal que opera a nivel nacional en México, ha solicitado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el pago de 16,6 millones pesos, tras detectar una presunta conexión eléctrica ilegal vinculada a una granja clandestina de criptomonedas.
Mediante una notificación oficial, la empresa estatal exige al sindicato el pago como compensación por un consumo no facturado, detectado entre febrero y abril de este año, en una de sus instalaciones ubicadas en El Oro, Estado de México.
El documento, firmado por Mayra Alejandra Ávila Amaya, responsable de la zona comercial Atlacomulco, fue entregado al SME en sus instalaciones a través de un aviso de cobro, según informes de medios locales.
En él se detalla que, tras una revisión técnica realizada el 28 de mayo, se descubrió una conexión eléctrica irregular, directamente enlazada a la red general de distribución.
La instalación carecía tanto de contrato como de sistema de medición del consumo, lo que llevó a la CFE a considerar el acto como uso indebido de electricidad.
El análisis técnico determinó que, en un solo bimestre, se consumieron cerca de 6 millones de kilowatts-hora sin registro ni pago, una cifra que reforzó las sospechas de que el inmueble estaba siendo utilizado para actividades de minería de criptoactivos, como pudiera ser bitcoin (BTC).
En consecuencia, se le otorgó un plazo de tres días hábiles al SME para saldar el adeudo, advirtiendo que, de no hacerlo, se aplicarán intereses moratorios del 6% anual.
Este nuevo señalamiento se suma a una serie de hechos recientes, entre ellos un video grabado por un exempleado de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la extinta empresa pública mexicana responsable de la generación y distribución de energía eléctrica.
Como informó CriptoNoticias, en la grabación se muestran ruidos intensos durante horas poco comunes, similares a los generados por ventiladores industriales. Este material, junto con las denuncias de vecinos por el ruido constante, fortaleció las sospechas de que el lugar operaba como una granja de minería.
Uno de los denunciantes, Mario Benítez, ex empleado de LyFC, criticó la limitada acción de la CFE, que solo exige un pago correspondiente a dos meses. Indicó que, según los testimonios de sus compañeros electricistas en El Oro, la granja habría estado funcionando por más de un año.
Benítez aclaró que, según el Código Penal Federal, el uso ilegal de energía se considera un delito de robo, sancionado con hasta 10 años de prisión. Por ello, insistió en que no basta con exigir el pago, sino que también deben iniciarse acciones penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Medios locales señalaron que, según los cálculos de la empresa estatal, el presunto robo de electricidad superaría los 100 millones de pesos.
Vale destacar que las operaciones clandestinas de minería de criptomonedas también generan preocupaciones sobre posibles delitos relacionados, como lavado de dinero y evasión fiscal.
En este contexto, Benítez urgió al gobierno federal a dejar de proteger a la dirigencia del SME, liderada por Martín Esparza Flores, y señaló que las evidencias reunidas justifican una investigación más profunda.
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