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Según los hackers, entre las entidades afectadas se encuentran OSEP Mendoza e IOMA Buenos Aires.
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OSEP declaró que no existen pruebas de acceso no autorizado a sus sistemas.
La infraestructura digital del Estado argentino enfrenta hoy una de sus mayores pruebas de credibilidad. Esto sucede porque el colectivo de hackers conocido como Chronus Team declaró, este 30 de marzo de 2026, haber accedido a registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otras 27 entidades nacionales y provinciales, y amenazó con exponerlas.
A diferencia de otros grupos cibernéticos, los atacantes, quienes operan bajo alias como L0stex, adrxx y Lizard, aseguran que su motivación no es el lucro, sino la exposición pública de más de 8 millones de líneas de información sensible.
Esta célula descentralizada no es una desconocida en la región. Esto debido a que desde 2021 ha vulnerado sistemas sanitarios y fiscales en México, además de ejecutar operaciones similares en Brasil y Venezuela.
Su estrategia se basa en identificar «grietas» técnicas en la infraestructura estatal, tales como portales obsoletos, configuraciones erróneas y el reciclaje de credenciales de acceso, lo que les permite extraer bases de datos masivas para luego utilizarlas como herramienta de presión en foros y canales de Telegram.
La magnitud del incidente se refleja en la diversidad de las carteras comprometidas. Entre los objetivos principales figura el BCRA, con una filtración estimada en 45.000 registros. También están comprometidos pilares del sistema sanitario como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de Buenos Aires y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza; entre ambas, el volumen de datos personales expuestos superaría los 3 millones, como lo reportan medios locales.
La lista se extiende hacia áreas críticas de la administración nacional, alcanzando a los Ministerios de Salud, Educación y Seguridad, la Jefatura de Gabinete, la Agencia Nacional de Discapacidad y diversas fuerzas de seguridad provinciales, lo que plantea un escenario de vulnerabilidad sistémica en el corazón del Estado.
Una brecha entre la filtración y la versión oficial
A pesar de la contundencia del anuncio, la respuesta oficial ha sido unánime en el rechazo. La OSEP de Mendoza, por ejemplo, aseguró que no existen evidencias de accesos no autorizados en sus servidores.
Esta desconexión entre la versión de los atacantes y la de las instituciones genera un «limbo» informativo común en incidentes de ciberseguridad, donde el atacante busca notoriedad mientras el Estado intenta contener el pánico y proteger su reputación digital.
Analistas independientes, como la cuenta especializada VECERTRadar, aseguran haber rastreado la actividad de Chronus Team, confirmando que el grupo prioriza el impacto mediático sobre el lucro. Sin embargo, al momento de la redacción de esta nota, no existe una auditoría externa que valide el volumen total de los datos filtrados.
Este escenario es parte de una tendencia que posiciona a Latinoamérica como una región crítica frente a la ciberdelincuencia. Mientras Argentina evalúa sus daños, México continúa liderando las estadísticas de intentos de ataque en la región, enfrentando amenazas que van desde el ransomware hasta la minería ilegal de criptomonedas.
Como lo informó CriptoNoticias recientemente, una investigación de la firma de ciberseguridad Gambit Security reveló un incidente de proporciones similares en territorio mexicano. Según el reporte, un atacante habría utilizado el modelo de inteligencia artificial Claude para vulnerar cerca de 150 GB de datos sensibles.
La filtración, que se habría gestado entre diciembre de 2025 y enero de 2026, comprometería registros de 195 millones de contribuyentes y datos del padrón electoral, afectando a dependencias clave como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Al igual que en el caso argentino, la respuesta oficial en México fue una negativa rotunda. Tanto el SAT como el INE declararon no haber identificado accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas.
Esta recurrente discrepancia entre los informes de firmas de seguridad y las versiones gubernamentales subraya el desafío que enfrenta la región. Se trata de una lucha constante por la transparencia en medio de una infraestructura digital que, ante el avance de herramientas como la inteligencia artificial, se vuelve cada vez más difícil de blindar.
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