La vigilancia es libertad en el nuevo programa de EE. UU. con Bitcoin

El Departamento de Estado de EE. UU. incorporó al Instituto de Políticas del Bitcoin (BPI), junto a Palantir y Anduril, al programa de Excelencia Tecnológica para la Libertad (FTEP, por sus siglas en inglés). La alianza busca contrarrestar la censura en regímenes autoritarios, pero desata interrogantes sobre si la defensa de la privacidad puede convivir con gigantes de la vigilancia.

El 24 de julio de 2026, el gobierno estadounidense lanzó esta iniciativa para integrar especialistas del sector privado en su diplomacia digital. La sorpresa radicó en sus socios fundadores. Entre ellos destacan dos de los mayores contratistas de inteligencia y defensa del país, los cuales se sentaron en la misma mesa con un think tank pro-Bitcoin.

El FTEP no es una compra de bitcoin ni un cambio de política monetaria. Es un mecanismo de «intercambio de talento»: empleados del sector privado aceptan asignaciones temporales dentro del Departamento de Estado, sin que ello suponga una vía hacia el empleo público permanente. La agencia busca así suplir su falta de experiencia interna en privacidad digital, inteligencia artificial (IA) y tecnologías para eludir el control estatal.

El objetivo declarado es promover redes cifradas, VPN y protocolos descentralizados como Bitcoin en países restrictivos. Sin embargo, el diseño de estas herramientas de libertad contará con la asesoría de corporaciones dedicadas a la vigilancia masiva.

Privacidad y vigilancia sentadas en la misma mesa

El BPI, fundado en 2021 y dirigido por David Zell, es un centro de investigación sin fines de lucro dedicado a promover políticas favorables a Bitcoin. Dentro del consorcio, resulta ser el socio con mayor riesgo reputacional.

FTEP incorpora expertos del sector privado como BPI al Departamento de Estado para impulsar los esfuerzos diplomáticos en tecnologías que mejoran la privacidad y la lucha contra la vigilancia digital.

Instituto de Políticas del Bitcoin en X.

A su lado operan firmas del complejo militar-industrial como las siguientes:

• Palantir Technologies, cofundada por Peter Thiel, tiene un historial de contratos con la CIA, el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La empresa ha facilitado operaciones que incluyeron la separación de familias migrantes y ha defendido abiertamente una alianza más estrecha entre Silicon Valley y el ejército.

• Anduril Industries, fundada por Palmer Luckey, fabrica las torres de vigilancia autónomas Sentry utilizadas por la CBP en la frontera con México. Activistas documentaron que estas torres realizan un «escaneo constante» de comunidades enteras, reteniendo imágenes y datos de civiles sin supervisión judicial.

• La Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, creada por ley del Congreso en 1993, completa el consorcio fundador. Fue creada con el propósito de «educar a los estadounidenses sobre la ideología, la historia y el legado del comunismo». La fundación fue responsable de la construcción del Memorial a las Víctimas del Comunismo en Washington D.C. Es miembro de la Plataforma Europea de Memoria y Conciencia de la Unión Europea.

¿Qué dice la comunidad de Bitcoin?

La comunidad que gira en torno a Bitcoin, históricamente defensora de la privacidad y escéptica del poder centralizado, observa con recelo que su principal think tank se alíe con empresas de vigilancia. Y la crítica no se hizo esperar.

«Un completo espectáculo de payasos» lo catalogó L0la L33tz en X, una periodista independiente especializada en criptomonedas y fundadora de The Rage, un medio que investiga la vigilancia financiera, la privacidad y el poder. Otros creen que la libertad conlleva responsabilidad y que si no se le presta atención a las herramientas de resguardo, «acabarán perjudicando a la humanidad».

Sin embargo, también hay quien aplaude la iniciativa como «una señal explícita de que Washington ahora ve a Bitcoin y la tecnología de privacidad de código abierto como herramientas centrales para la política exterior y la libertad digital en el extranjero». Mientras tanto, hay quien se pregunta si ¿los activos digitales darán paso a la tecnología de la libertad del futuro?

Los defensores del programa argumentan que la capacidad técnica de estas empresas es indispensable para garantizar la seguridad de las herramientas ante ataques coordinados por estados autoritarios. El Departamento de Estado insiste en que busca «contrarrestar la vigilancia digital ilegal» y promover «tecnologías que mejoren la privacidad».

Pero la contradicción es evidente: ¿cómo se defiende la privacidad con herramientas construidas por quienes diseñan sistemas de control masivo?

Un informe de 2026 de Mijente, una organización enfocadas en los derechos de los migrantes latinos, advierte sobre una peligrosa convergencia de dos tendencias que amenazan la democracia. Esto es la expansión de tecnologías de vigilancia migratoria junto al creciente poder político de los ejecutivos tecnológicos.

• El dato: Palantir y Anduril han recibido contratos gubernamentales por valor de miles de millones de dólares. El Ejército de EE. UU. firmó un contrato de 10.000 millones con Palantir para software de inteligencia, mientras que Anduril aseguró 363 millones de dólares de la CBP para torres de vigilancia en la frontera. El FTEP otorga a estas empresas un nuevo canal de influencia sobre la política exterior.

El FTEP sitúa a estas empresas en el centro de la diplomacia digital estadounidense. Resta por ver si su participación influirá en el diseño de las políticas de privacidad o si, por el contrario, el programa servirá para ampliar su negocio de vigilancia.