¿Qué dice el proyecto de ley de criptomonedas de Colombia?

A los colombianos les urge una ley que regule a la industria de las criptomonedas, según como lo ve el senador Gustavo López Hurtado, quien junto al miembro de la Cámara de Representantes Julián López Tenorio, presentó una nueva propuesta en el Congreso de Colombia para que el mercado de los activos digitales sea más competitivo y la adopción tome mayor empuje.

«Regular no es prohibir. Este proyecto protege a los colombianos y fortalece la industria de las criptomonedas«, señaló López en un mensaje compartido en la red social X. Añadió que, como lo ve, Colombia ha caído en el ranking global de adopción de criptoactivos y todo parece indicar que se debe a que este país figura entre los más afectados por estafas con criptomonedas en América Latina.

Así que con el enfoque de regular a la industria de los activos digitales en el país, la ley propuesta, que contiene 19 artículos, tiene elementos fuertes que le pueden abrir las puertas en el Congreso. Esto tomando en cuenta que en los últimos cinco años cuatro proyectos de ley han llegado a los pasillos legislativos con la idea de regular a la industria de bitcoin y criptomonedas.

En ese sentido, la propuesta presentada por López y Moreno tiene seis puntos esenciales que analizaremos a continuación:

1. Impulso a la formación en tecnología de Bitcoin

El proyecto prioriza la educación para el desarrollo de la tecnología de Bitcoin. Para ello, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (TIC), junto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), diseñará programas de formación técnica y vocacional para capacitar a estudiantes y emprendedores en el uso de esta tecnología. Además, se crearán fondos de capital semilla para apoyar proyectos rurales y urbanos, con el fin de reducir brechas sociales y tecnológicas. Las universidades también podrán ofrecer programas especializados bajo su autonomía.

Con la aprobación de la ley, se espera que impulse la revolución tecnológica que está en marcha en Medellín y donde se ha comprobado que hay talento para exportar. Esto basado en el hecho de que la capital de la provincia montañosa de Antioquia, catalogada como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, es vitrina de proyectos Web3 con los que el país está cambiando su presente y construyendo su futuro.

También tomarían impulso otras iniciativas, como la que cobra vida en el pueblo de Usiacurí, donde la Universidad de la Costa y la Alcaldía local autorizaron a los comerciales de la zona a que acepten bitcoin y criptomonedas como medio de pago. Todo en un contexto de creciente adopción de activos digitales en tierra cafetera.

El proyecto de ley impulsa la creación en los municipios de «Fondos Territoriales temporales» para el desarrollo integral e implementación de la tecnología de Bitcoin. Estos fondos los tendrán por objeto financiar o invertir en proyectos que atiendan las necesidades más urgentes del sector público y privado de los municipios, tal como se lee en la iniciativa legislativa.

2. Definiciones claras para el sector de las criptomonedas

Adicionalmente, la propuesta de ley para regular a la industria de las criptomonedas en Colombia hace una serie de definiciones que añaden claridad, ya que en un sector relativamente nuevo como el de las criptomonedas, en el que la terminología puede ser desconocida y variada, se incentiva el lenguaje común y preciso, evitando ambigüedades.

El proyecto de ley colombiano también busca regular de forma exhaustiva los Servicios de Activos Virtuales (PSAV), definiéndolos como actividades habituales y profesionales que abarcan desde la custodia y administración de criptomonedas y sus claves privadas, hasta la gestión de plataformas de intercambio, el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, la ejecución de órdenes en nombre de terceros, la colocación de activos virtuales, y el asesoramiento y gestión de carteras. Esta amplia definición tiene como objetivo cubrir todas las posibles interacciones entre usuarios y proveedores de servicios en el ecosistema de Bitcoin y criptomonedas.

3. Registro obligatorio y transparencia

El otro elemento clave de la propuesta es la creación de un Registro Público Electrónico administrado por la Superintendencia de Sociedades, donde los PSAV deberán inscribirse. Este registro busca promover la transparencia y permitir a los usuarios verificar la información de las empresas que ofrecen estos servicios, fomentando así la confianza y reduciendo el riesgo en el sector.

Adicionalmente, el proyecto define la tecnología de Bitcoin y otras criptomonedas como un sistema de registro distribuido e inmutable, resaltando su potencial para la seguridad, transparencia y descentralización en diversas aplicaciones, desde transacciones hasta la tokenización de activos.

Por otro lado, se aclara que la emisión de moneda de curso legal por el Banco de la República, incluso utilizando tecnología de registro distribuido, seguirá rigiéndose por la normativa existente, garantizando la coherencia con las regulaciones financieras tradicionales.

4. Protección a usuarios y prevención de riesgos

El proyecto de ley establece medidas para la protección de los usuarios y la mitigación de riesgos asociados a este mercado. Los exchanges y demás empresas PSAV estarán obligados a informar de manera clara y concisa a sus clientes sobre los riesgos inherentes a la inversión con activos digitales, incluyendo su alta volatilidad y la irreversibilidad de las transacciones, promoviendo que los usuarios tomar decisiones informadas.

Además, se exige a los PSAV la separación estricta entre los activos de sus clientes y sus propios recursos, impidiendo el uso de los fondos de los usuarios para cubrir gastos operativos de la empresa.

Para prevenir el uso ilícito de criptoactivos, los PSAV deberán implementar sistemas anticorrupción que cumplan con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfocándose en la prevención del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el fraude.

También promueve la educación financiera al obligar a los PSAV a ofrecer recursos educativos gratuitos en sus plataformas, facilitando a los usuarios la comprensión del funcionamiento de los activos virtuales y fomentando una participación más responsable en el mercado.

5. Prohibiciones clave

La propuesta legislativa establece prohibiciones clave dirigidas a proteger a los usuarios y garantizar la integridad del mercado. De tal manera que se prohíbe explícitamente a los PSAV la utilización de esquemas de mercadeo en red, tales como los esquemas piramidales, para la comercialización de criptoactivos. Esta prohibición busca prevenir la captación ilegal de recursos y proteger a los inversionistas de posibles fraudes asociados a estos modelos de negocio insostenibles.

Adicionalmente, se prohíbe a los PSAV transferir o gravar los activos de los usuarios sin contar con su autorización expresa, garantizando así el control y la seguridad de los fondos de los clientes. Para evitar la desinformación y las prácticas engañosas, se prohíbe la realización de publicidad engañosa o no registrada relacionada con criptoactivos. La única excepción a esta prohibición se establece para las actividades académicas o educativas, permitiendo la difusión de información y conocimiento sobre estos activos en un contexto informativo y formativo.

6. Integración con el sistema financiero tradicional

El proyecto promueve la colaboración entre PSAV y entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera. Los bancos y cooperativas podrán ofrecer servicios a los PSAV, como cuentas o transferencias, siempre que cumplan con medidas de debida diligencia. Además, el Banco Agrario está obligado a facilitar la bancarización de estos proveedores, integrando el ecosistema cripto con el sistema financiero formal.

En su artículo 18 la propuesta de ley establece lo siguiente: «La solicitud de bancarización de un PSAV dará al interesado el derecho a que el Banco Agrario le facilite el servicio y el acceso a los productos financieros». Se desconoce por qué el proyecto de ley se centra en el Banco Agrario, una solicitud de comentarios que CriptoNoticias envió a los proponentes, espera por respuestas.

¿Qué sigue?

La propuesta, que aún debe pasar por debates y ajustes en el Congreso, busca equilibrar la innovación con la seguridad jurídica. Si se aprueba, Colombia se uniría a países como Brasil y El Salvador, que ya cuentan con marcos normativos específicos para bitcoin y demás activos virtuales. Sin embargo, quedan retos pendientes, como la claridad en temas tributarios y la adaptación a cambios tecnológicos futuros.