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Advierten que el uso de oficinas fantasma revive el caso de los Panama Papers.
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Panamá debate una reforma fiscal para exigir operatividad a las empresas de criptomonedas.
En el piso 21 de la lujosa Oceania Business Plaza, en el corazón financiero de Ciudad de Panamá, los escritorios están vacíos y el silencio solo lo rompe el personal de una firma de abogados.
Según los registros oficiales, aquí debería latir el corazón operativo de Polymarket, la plataforma de predicciones que mueve miles de millones de dólares en apuestas sobre el futuro del mundo. Sin embargo, cuando los reporteros tocaron a la puerta, la respuesta fue desconcertante: «Nunca hemos oído hablar de Polymarket».
Esta discrepancia entre el rutilante éxito digital y la inercia física abrió un debate espinoso en el país sobre las llamadas «compañías de papel». Polymarket, según reporte, aterrizó legalmente en Panamá bajo el nombre de Adventure One QSS Inc. tras un accidentado paso por Estados Unidos, donde en 2022 pagó una multa de 1,4 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por operar sin registro.
No obstante, su oficina no es más que el domicilio legal de la firma García de Paredes Abogados, una práctica legal que choca hoy con nuevas exigencias de transparencia.
Aunque el informe de NPR se centró en Polymarket, la figura del agente residente permite que una sola dirección (como el piso 21 de la Oceania Business Plaza) albergue legalmente a cientos o incluso miles de sociedades. No es un dato público fácil de cuantificar sin acceso al Registro Público, pero es una práctica sistémica donde la oficina no es de la empresa, es del bufete que las representa.
Paradójicamente, mientras en Panamá su presencia es apenas un rastro de tinta, Shayne Coplan, CEO de Polymarket fue reclutado en febrero de 2026 por la propia CFTC para integrar su nuevo Comité Asesor de Innovación Financiera, sentándose junto a la élite del sector para rediseñar la vigilancia de los mercadosm tal como lo informó CriptoNoticias en su momento.
Este reconocimiento en las altas esferas regulatorias de Estados Unidos contrasta con la sombra de sospecha que aún planea sobre las estructuras corporativas en el istmo. Para los analistas locales, la legitimidad institucional no elimina la urgencia de revisar cómo estas plataformas operan tras bastidores.
Hasta el momento, no existen planes públicos. Polymarket ha mantenido un perfil bajo respecto a su infraestructura en Panamá. Su estrategia parece ser la de cumplimiento mínimo legal: mientras la ley actual no exija empleados o metros cuadrados, no tienen un incentivo financiero para cambiar su modelo offshore por uno de oficina tradicional.
Tampoco se conocen publicaciones, ni comunicados oficiales de la empresa, ni respuestas o reacciones sobre este tema específico. La empresa no ha respondido solicitudes en medios panameños o internacionales.
El peso de la sustancia económica en Panamá
Rodrigo Icaza, presidente de la Cámara Digital y Blockchain de Panamá, explicó en exclusiva a CriptoNoticias que este caso revive los fantasmas de los Panama Papers, aunque bajo un marco legal distinto.
Icaza destacó:
Muchas empresas de criptomonedas se registran por la flexibilidad jurídica de Panamá, pero no operan ni brindan servicios en el país. El debate clave ahora es la sustancia económica; si un proyecto no demuestra operación real en el país, se estima un impuesto de ingresos pasivos del 15% para evitar que la figura del registro se use para eludir compromisos fiscales.
Rodrigo Icaza.
Este análisis coincide con una reforma al código fiscal que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias, con el objetivo de garantizar que el país genere ingresos tangibles de estas startups digitales.
Actualmente, bajo el principio de territorialidad, estas empresas no tributan en Panamá si sus ingresos se generan fuera de su territorio, lo que según diputados como Eduardo Gaitán, aporta poco beneficio económico y escaso empleo local.
Si la propuesta legislativa llega a convertirse en ley, las empresas o startups tendrían que demostrar en Panamá sustancia económica, es decir, operación real en el país. En caso contrario, se estimaría un impuesto de ingresos pasivos del 15 %, lo que impactaría a las empresas de activos digitales en materia de costos. El fin es garantizar ingresos para el país y evitar que se utilice la figura de los registros en Panamá para eludir compromisos fiscales y tributarios.
Rodrigo Icaza.
Este fenómeno expone un choque frontal entre la economía tradicional, anclada en la presencialidad, y una era digital donde asistentes virtuales prestan servicios y cobran en criptomonedas sin fronteras físicas.
Para Icaza, esta convergencia de conceptos es la que hoy fuerza el debate sobre la sustancia económica en la Asamblea Nacional, que ha extendido sus funciones a un periodo extraordinario para decidir el futuro de esta ley.
El resultado de esta discusión legislativa marcará un antes y un después en la estructura de costos para las empresas del sector, determinando si Panamá logra integrar estas nuevas formas de actividad económica o si la carga impositiva limitará su competitividad en el ecosistema global.
