«No, en su nuevo informe el FMI no reconoce a bitcoin como oro digital»

La inclusión de bitcoin (BTC) y demás criptomonedas en los nuevos estándares globales para las estadísticas macroeconómicas no necesariamente implica que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconozca a bitcoin como oro digital. 

Se trata de una aclaratoria que hace un grupo de expertos, ante los rumores que se han desatado tras la publicación de la séptima edición del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP7) del FMI.  

Tal como reportó CriptoNoticias, el FMI reconoció en el documento el creciente impacto económico de las criptomonedas y busca estandarizar la forma en que los países reportan estos activos en sus estadísticas de balanza de pagos. Lo que implica que el organismo admite que BTC puede ser usado como refugio de valor. 

Así lo señaló en X Dennis Porter, CEO de Satoshi Action Fund, una organización que se dedica a impulsar políticas para promover la adopción de bitcoin en Estados Unidos. En su mensaje, llamó la atención sobre los comentarios que corren en redes sociales, diciendo que el FMI había reconocido a bitcoin como oro digital. 

«Bien, he descubierto por qué la gente afirma que el FMI dijo eso», aclaró. Asegura que la frase del FMI, que ha sido mal interpretada, es la siguiente: «estos nuevos activos digitales fueron diseñados para ser utilizados como medio de pago o actuar como reserva de valor».  

«Es muy exagerado saltar de esa frase a admitir a BTC oro digital», aclara Porter. Agrega que la cita es una buena señal de que el FMI reconoce a la moneda digital, aunque definitivamente «no significa que avale a bitcoin y lo compare con el oro». 

A pesar de ello, el experto coincide con la idea de que la inclusión de las criptomonedas en la actualización del Manual de Balanza de Pagos subraya la creciente aceptación de los activos digitales en el panorama financiero global.  

Una situación que implica un paso práctico hacia la integración de los activos digitales en el monitoreo macroeconómico. Pero que sigue alineada con la postura general del FMI de que bitcoin no debe ser moneda oficial ni de curso legal, tal como lo reitera en diferentes informes.  

Se entiende, por tanto, que el organismo tampoco añadirá BTC a sus reservas oficiales, como apuntaron algunos de los rumores.   

Manual del FMI estandariza el control mundial a bitcoin

Se cree que las nuevas directrices del MBP7 —que serán promovidas por el FMI para 2029-2030— influirán en la forma en que otras organizaciones internacionales y los gobiernos abordan la regulación e integración de las criptomonedas en sus sistemas financieros.   

De ahí que analistas de la empresa de tecnología financiera AInvest consideren que esta actualización tendrá profundas implicaciones para la economía global, abriendo las puertas a una mayor transparencia.  

Aunque también implicará una mayor responsabilidad en la rendición de cuentas, considerando que por primera vez se establecen directrices claras sobre cómo deben registrarse los activos digitales. Esto obligará a rendir cuenta detallada de los flujos transfronterizos de bitcoin.

Para los analistas, este lineamiento es especialmente relevante para las regiones donde las criptomonedas se utilizan cada vez más como medio de transacción e inversión.  

 Ahora se espera que los países reporten las transacciones relacionadas con criptomonedas —como transferencias transfronterizas, recompensas de minería o ingresos por staking— en sus estadísticas de balanza de pagos. Esto aumenta la visibilidad sobre cómo fluyen los activos digitales a través de las economías. 

AInvest. 

Como resultado, se prevé que la adopción de criptomonedas siga en aumento en los próximos años, aun cuando el FMI no las reconozca como monedas.  

No obstante, también hará que países con regulaciones poco rigurosas o inexistentes se vean presionados a alinearse con los estándares del FMI. Algo especialmente importante si buscan asistencia del organismo o desean mantener su credibilidad en los mercados globales  

Como ocurrió en el caso de El Salvador y otros países como la República Centroafricana y Argentina, este hecho «podría conducir a que los gobiernos se vean forzados a aplicar medidas más estrictas de supervisión, tributación y lucha contra el lavado de dinero».