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El plazo vence este 25 de septiembre y solo la mitad de las empresas (de 120) inició el trámite.
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Las startups que funcionen bajo la nueva regulación no podrán operar con criptomonedas.
Este miércoles vence el plazo establecido en la Ley que busca regular las instituciones de tecnología financiera (Ley FinTech) para que las empresas de México, incluyendo a las casas de cambio de criptomonedas, soliciten su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y operen bajo el marco regulatorio vigente.
De acuerdo con el portal El Sol de México, en la nación azteca existen casi 400 empresas FinTech, de las cuales 120 estaban obligadas a presentar su solicitud de supervisión antes de este 25 de septiembre. Sin embargo, el medio indica que hasta la semana pasada, solo la mitad había iniciado el trámite ante la CNBV.
En ese sentido, uno de los aspectos más importantes de esta Ley es que plantea la emisión de una licencia para la creación de activos digitales, la cual será requerida a plataformas y servicios que operan con la moneda de circulación nacional y posibilitan la emisión de pagos a lo interno y externo del país. Esto ha obligado a las casas de cambio de criptomonedas a efectuar modificaciones en las operaciones relacionadas con el intercambio entre criptoactivos y el peso mexicano.
De hecho, las reglas emitidas por el Banco Central de México (Banxico), prohíben a las instituciones de tecnología financiera (ITF) o instituciones de crédito (IC) ofrecer al público en general operaciones con activos digitales.
Modificaciones en casas de cambio
La norma permite que las casas de cambio de criptomonedas no reguladas puedan seguir operando, pero no podrán realizar intercambios de criptoactivos contra pesos mexicanos. Mientras que las startups reguladas no podrán operar con criptomonedas.
Emilio Rivero, analista sénior de riesgo y asuntos corporativos de la casa de cambio de criptomonedas Bitso, con sede en Ciudad de México, recientemente señaló que varias de las exigencias previstas en esta regulación podrían ser costosas para algunas empresas.
En entrevista a CriptoNoticias, apuntó que los principales desafíos para las empresas FinTech mexicanas serán los costos y conocimientos necesarios. «La mayoría de las empresas que realizaban operaciones que ahora son actividades reguladas, eran personas que buscaban emprender», dijo.
A su juicio «con las exigencias previstas, deberán contar con un gobierno corporativo bien estructurado, oficiales de cumplimiento, oficiales de seguridad de información, entre otros. Esta situación representa un incremento en los costos que podría interferir en la viabilidad de muchas startups, que al final son pequeñas y medianas empresas».
Por su parte, Jersain Llamas Covarrubias, abogado, especialista en informática y miembro de la Asociación de Criptotecnologías & Blockchain MX consideró que los cambios de funcionamiento interno de las casas de cambio de criptomonedas que esta situación genera, no perjudicarán a los usuarios.
«Estas variaciones intrínsecas solo afectan la manera en la que operan las compañías que comercian con criptomonedas, pero no tienen ninguna consecuencia para los usuarios», recalcó.
El especialista detalla que la Ley FinTech establece el otorgamiento de dos tipos de autorización a las empresas, de acuerdo al área que atiendan: puede ser de financiamiento colectivo (crowdfunding) y fondos de pago electrónico (monederos).
Las primeras ponen en contacto a personas del público en general para el financiamiento a través de operaciones de deuda, de capital o regalías. Las segundas prestarán los servicios de emisión, administración, redención y transmisión de aquellos fondos que estén contabilizados en un registro electrónico de cuentas transaccionales, referidos a un valor monetario equivalente a una cantidad determinada de dinero.
Depende de la autorización
El experto resalta que las empresas tecnológicas que están activas continuarán negociando, siempre que publiquen una notificación en sus sitios web señalando que se encuentran en el proceso de solicitud de autorización. Mientras, aquellas que no han operado con el público, no podrán iniciar sus actividades hasta obtener la autorización correspondiente.
Respecto al plazo de este marco jurídico y la forma en que impacta a las nuevas empresas que deseen entrar al ecosistema, Rivero y Llamas Covarrubias coincidieron en señalar que las empresas que logren cumplir con la regulación en México, contarán con la capacidad de ofrecer servicios más confiables a sus usuarios.
