Españoles reaccionan al decreto que pone freno a la identidad digital descentralizada

El decreto ley en materia de administración electrónica que fue publicado este martes 5 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado de España, generó diferentes reacciones en torno a una medida que ilegaliza la creación de una identificación digital auto-soberana basada en una blockchain.

Con esta ley, el gobierno español coloca un freno de mano a los planes para crear una República Digital Catalana, que buscaba empoderar a los ciudadanos de la autónoma región, con cierto control sobre sus datos de identificación a través de la cadena de bloques, tal como lo informó con antelación CriptoNoticias.

En el capítulo I, el decreto contempla medidas en materia de documentación nacional de identidad, dirigidas a configurar el DNI con carácter exclusivo y excluyente, como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación de los datos personales de su titular. La medida gubernamental también añade la prohibición del uso de servidores ubicados fuera de España y de la Unión Europea, para las administraciones públicas.

El decreto ha generado varias reacciones, entre ellas la del informático español Benjamí Villoslada quien en un post en Linkedin criticó el decreto, por considerarlo un atraso digital para España y una violación al derecho de los españoles de poseer una identidad digital.

Villasloda expone que España ha decidido darle la espalda al estándar descentralizado de identidad digital, que el mundo ha puesto en marcha, que está respaldado por el sistema europeo de reconocimiento de identidades electrónicas (eIDAS, por sus siglas en inglés) y que es recomendado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque, entre otros beneficios, permite evitar los problemas que supone ser un refugiado sin papeles.

No admitir identidades basadas en sistemas distribuidos va en contra la razón de existir de SSI (Identidad soberana): que nuestra identidad no esté controlada por nadie más que nosotros mismos. Será un servicio esencial a medida que la identidad sirva para cuestiones cotidianas muy íntimas y personales. ¿Quién querrá, por ejemplo, que el gobierno sea quien nos identifique para que se abra la puerta biométrica de casa? Si tiene que ser así a la fuerza, por Real Decreto, ¿Quién comprará puertas biométricas en España?.

Benjamí Villoslada, informático.

Muchas de las reacciones de los españoles en las redes sociales giraron en torno a la medida que pone freno al proyecto blockchain de Cataluña, pero también hubo comentarios relacionados con la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de ponerle freno definitivo al uso de la tecnología basada en la cadena de bloques para desarrollar sistemas de identidad digital y a tecnologías de ese mismo estilo en sistemas de firma electrónica.

Al respecto, Cris Carrascosa, quien trabaja en la iniciativa Blockchain de la Unión Europea, compartió en Twitter el texto: «Identidad digital soberana en España sobre blockchain, un modelo de negocio que legalmente no tendrá validez alguna».

Esto viene en em BOE hoy. Identidad digital soberana en España sobre Blockchain, un modelo de negocio que legalmente no tendrá validez alguna. pic.twitter.com/V9xKbwfdDr

— Cris Carrascosa ⚡️ (@CarrascosaCris_) November 5, 2019

El escrito hace referencia a la posibilidad de que «las restricciones impuestas a los sistemas de identificaciones y firmas basados en tecnologías de registro distribuido supongan una prohibición general».

El real decreto, según afirma, «restringe puntualmente y de forma meramente provisional su uso como sistema de identificación y firma de los interesados, cuando estos últimos se interrelacionan con la administración y mientras no haya más datos o un marco regulador ad hoc de carácter estatal o europeo que haga frente a las debilidades que implica su uso para los datos y la seguridad pública».

Sobre este tema también se pronunció el especialista en Tecnología e Innovación, Alberto Toribio, quien manifestó su opinión a través del siguiente tuit:

https://twitter.com/gotoalberto/status/1191655057126776832

Un estado de excepción digital

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, catalogó el decreto como un Estado de Excepción de parte del gobierno de Pedro Sánchez y añadió que «quieren destruir el progreso tecnológico, económico y social de Cataluña”.

Puigneró  abogó por un frente común de las autonomías para defender las competencias digitales y aseguró que liderará una ofensiva jurídica y política para defender las competencias catalanas en el ámbito digital. Incluso apostó por recurrir ante instancias europeas, porque el reglamento estatal podría vulnerar directivas de la Unión Europea (UE).