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Según el especialista en fiscalidad Rivero, la directiva europea DAC8 es ineludible.
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Precedente de "enmiendas espurias" preocupa a Vox; la fiscalidad sobre BTC se tensa en España.
El próximo jueves 16 de octubre de 2025, el Congreso de los Diputados de España debatirá y votará una enmienda presentada por el partido Vox para rechazar y devolver al Gobierno el proyecto de ley que transpone la octava Directiva de Cooperación Administrativa (DAC8) de la Unión Europea, la cual incrementa la vigilancia y permite embargar bitcoin (BTC) y otros activos digitales en España.
El partido político español Vox argumenta que esta iniciativa podría ocultar una «reforma tributaria» encubierta mediante enmiendas ajenas al texto original, lo que permitiría al PSOE (Partido Socialista Obrero Español) manipular el proceso legislativo para introducir cambios impositivos no relacionados con la directiva europea.
La normativa, alineada con el Marco de Informes sobre Criptoactivos (CARF) de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), busca intensificar el control fiscal sobre transacciones y saldos en activos digitales.
Su objetivo es facilitar el intercambio automático de información entre autoridades. Todo esto permite la embargabilidad de bitcoin y otros activos digitales por parte de la Agencia Tributaria (Hacienda) en casos de deudas fiscales, con implementación obligatoria a partir de 2026.
La ley impulsa cambios normativos para reforzar las obligaciones de información de proveedores de criptoactivos y establecer mayor control sobre activos en el extranjero, incluyendo saldos. Modifica hasta cuatro leyes españolas, como lo informó el medio español Bolsamaní.
En ese sentido, la oposición de Vox resalta preocupaciones sobre la privacidad y el exceso de regulación en el sector de los activos digitales, en un contexto de creciente escrutinio internacional para combatir la evasión fiscal.
Esteban Rivero, especialista en finanzas y fiscalidad conocido como CeroUno en X, dijo a CriptoNoticias que «DAC8 es una directiva europea, es decir, no te puedes escapar de ella». Explicó que «al final los propios Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de transponer esa directiva».
Rivero añadió que si un usuario español tiene bitcoin y criptomonedas en un exchange extranjero como Kraken en Irlanda, la información «llegaría a la Hacienda española» vía la Agencia Tributaria Irlandesa. Esta fluidez informativa se extenderá globalmente a través del CARF.
Especialistas como José Antonio Bravo han puntualizado el hecho de que «Hacienda ya podía embargar fondos en activos digitales que estén depositados en un proveedor de servicios». Sin embargo, ve que ahora, con la transposición de DAC8, solo reafirma su embargabilidad sin que el proveedor se pueda negar.
La DAC8 busca «restringir el anonimato en las transacciones con bitcoin y criptomonedas para evitar la evasión fiscal», agregó Bravo. Los países de la Unión Europea disponen hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuar sus normativas.
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