Criptomonedas habrían representado menos del 1% de la recaudación fiscal de Venezuela

Pese al crecimiento exponencial en el uso de bitcoin (BTC) y otros activos digitales en Venezuela durante el último año, este dinamismo no se ha traducido en un aumento proporcional de los ingresos para el fisco nacional. Según el contador público Jan Domínguez, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) correspondiente al ejercicio fiscal 2025 no contempla un porcentaje relevante de transacciones con estos instrumentos. El especialista estima que la incidencia de la economía digital en los montos informados por la administración tributaria es mínima y «no superaría el 1% del total recaudado».

Esta desconexión entre la realidad transaccional del país y los reportes tributarios ocurre en un contexto donde el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informó una recaudación de 723.500 millones de bolívares solo durante el mes de marzo de 2026, y de 1,4 billones de bolívares entre enero y marzo.

Aunque las cifras oficiales muestran un cumplimiento masivo por parte de los contribuyentes venezolanos, la brecha técnica en la declaración de activos digitales sugiere que gran parte de la riqueza movilizada en las redes descentralizadas y otras plataformas de activos digitales permanece fuera del radar fiscal de ese país. No es poca cosa: se tratarían de al menos 14.000 millones de bolívares.

Esta cifra resulta llamativa si se considera que reportes de firmas como Chainalysis indican que, hasta junio de 2025, Venezuela había movilizado más de 44.000 millones de dólares en activos digitales, producto de una creciente adopción cuyo catalizador han sido las dificultades económicas de esa nación. Se trata de un monto significativamente menor a lo informado por el SENIAT, que reportó una recaudación estimada en 2.900 millones de dólares (según el tipo de cambio oficial dictado por el Banco Central de Venezuela).

Ahora bien, de acuerdo con Domínguez, el volumen de operaciones en el país estimado por Chainalysis habría experimentado un salto explosivo en la segunda mitad del año pasado.

“Esos más de 44.000 millones de dólares que informó Chainalysis hasta junio del 2025, creemos que se triplicaron en el segundo semestre del año pasado”, explicó Domínguez, quien también es CEO de Cointable, una plataforma de gestión contable de activos digitales.

Dicho salto se debió al auge de USD Tether (USDT) en Venezuela durante el 2025 producto de las liquidaciones de petróleo en esa stablecoin. Esto conllevó a la utilización masiva de esta criptomoneda por parte de actores corporativos y naturales el año pasado.

No obstante, Domínguez insistió en que este flujo de capital no se manifestó en el proceso que culminó el pasado 31 de marzo de 2026, fecha límite para que personas naturales y jurídicas que estuvieron 6 meses en Venezuela y hayan obtenido ingresos superiores de entre 30 y 40 USDT, reportaran sus ganancias con criptomonedas, como informó CriptoNoticias.

Un subregistro contable para las criptomonedas en Venezuela

Uno de los principales factores que explica esta baja recaudación es el subregistro contable, sugiere Domínguez. Muchas empresas y comercios que aceptan bitcoin o procesan pagos en monedas digitales optaron por registrar dichas operaciones bajo otros conceptos.

Según Domínguez, muchas entidades «no contemplaron esas ganancias y pérdidas en las transacciones con criptoactivos; seguramente lo registraron contablemente como diferencial cambiario». Este método administrativo oculta la naturaleza real de la transacción y evita el tratamiento específico que la normativa exige para los activos digitales.

En la práctica, este tratamiento contable asimila a los criptoactivos con una divisa extranjera, ignorando su categoría de activo digital. Un ejemplo de esto ocurre cuando un comercio vende un producto y registra una cuenta por cobrar en bolívares. Si al momento de recibir el pago en criptomonedas, el valor del activo ha subido frente a la moneda local, el excedente se reporta simplemente como una ganancia por fluctuación de moneda (diferencial cambiario).

Incluso en los casos donde las empresas sí llevaron un registro adecuado de sus operaciones con bitcoin, existieron fallas al momento de trasladar esos datos a los sistemas del SENIAT, aseguró Domínguez.

El especialista indicó que aquellos que contemplaron ganancias y pérdidas «quizás tampoco lo llegaron a reflejar en el formulario DPJ 26», el documento oficial para la declaración definitiva de rentas.

Esto quiere decir que si una empresa poseyó bitcoin y su precio en bolívares aumentó al cierre del ejercicio, el ajuste terminó realizándose en una cuenta genérica de cambio. Esta práctica impide que el SENIAT identifique si el beneficio proviene de la revalorización propia del mercado digital o de la devaluación del bolívar.

En últimas, todo esto implica que la expectativa de recaudación que maneja el Estado venezolano no se ajusta a la realidad de una economía que se ha digitalizado de forma acelerada en el último año.

Un periodo de transición y profesionalización sobre criptomonedas

Ante este escenario, el año 2026 se presenta como un periodo de transición y profesionalización para el ente recaudador. La falta de fiscalización efectiva en el pasado se debió, en gran medida, a una brecha de conocimiento técnico dentro de la institución, sugirió Domínguez.

Sin embargo, esta situación está cambiando. El contador público reveló que existe una «tarea pendiente para el año 2026» centrada en actualizar y educar al cuerpo laboral del SENIAT, desde coordinaciones hasta intendentes.

«Ya está pasando, de hecho, tengo conocimiento que en las principales universidades donde se está formando acerca de las materias de criptoactivos y economía digital, ya hay funcionarios recibiendo esa inducción por parte institucional», afirmó.

Esta formación buscaría dotar a los funcionarios de las herramientas necesarias para entender la trazabilidad de bitcoin y otros activos digitales, permitiendo que en el futuro cercano se puedan aplicar procedimientos de verificación, auditorías y fiscalizaciones más agresivas sobre las operaciones digitales, señaló Domínguez.

La baja incidencia de los activos digitales en el fisco venezolano durante 2025 pone de manifiesto un sistema tributario que aún lucha por capturar la riqueza generada en la economía digital.

Mientras el SENIAT consolida proyectos basados en la recaudación tradicional, el objetivo para el resto de 2026 parece claro: cerrar la brecha técnica y normativa para asegurar que las transacciones con bitcoin y otras monedas digitales comiencen a tributar de manera efectiva y transparente.