Colombia actualiza controles contra lavado de dinero, ¿cómo afecta a las criptomonedas?

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) implementó una actualización en sus herramientas de supervisión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). El organismo introdujo guías automatizadas destinadas a las instituciones bancarias tradicionales que impactarán directamente la operatividad del mercado de criptomonedas en ese país.

La medida incrementará la rigidez en las transferencias de dinero fíat relacionadas con la compra y venta de bitcoin (BTC) y otros criptoactivos, elevando los requisitos de cumplimiento para los exchanges y el comercio entre pares (P2P).

El detonante principal de esta actualización se encuentra alineado con las crecientes presiones internacionales y la necesidad de adoptar las recomendaciones globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El organismo internacional exige a las naciones un control estricto sobre el movimiento de activos en el entorno digital, lo que obliga a la banca colombiana a robustecer los procesos de vigilancia sobre el sector.

Tal como lo señala la SFC, estas actualizaciones están dirigidas a las entidades vigiladas, «en especial a los oficiales de cumplimiento y a los funcionarios responsables de la gestión del riesgo, así como a las demás áreas de las entidades vigiladas por la SFC».

«No obstante, también está disponible para entidades públicas y privadas, la ciudadanía y demás interesados en consultar la normativa, metodologías y herramientas para la prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos», indica la institución.

Esta situación se intensifica tras la culminación de las pruebas piloto del sandbox regulatorio en julio de 2024, donde el sector tradicional financierointeractuó por primera vez de forma controlada con plataformas autorizadas de intercambio de activos digitales.

¿Dónde se sentirá el impacto de las actualizaciones de la SFC?

El impacto más inmediato para los usuarios y empresas del sector se reflejará en una mayor rigidez dentro de las rampas de entrada y salida de dinero fíat hacia el ecosistema de las criptomonedas.

Los bancos tradicionales, bajo los nuevos indicadores de la SFC, monitorearán las transferencias bancarias dirigidas hacia o desde los exchanges de bitcoin. Esto podría derivar potencialmente en un aumento de bloqueos preventivos de cuentas bancarias y congelamientos de fondos si las personas naturales o jurídicas no justifican plenamente el origen y destino de sus capitales.

Lo anterior es importante considerando que Colombia ostenta el puesto 29° del Ranking Global de Adopción de activos digitales elaborado por la firma Chainalysis, así como el quinto mercado de criptoactivos más grande de América Latina, como ha reportado CriptoNoticias. Esto demuestra que el ecosistema de criptomonedas en el país cafetalero es activo y creciente.

Por otra parte, la presión internacional del GAFI fuerza la adopción de la denominada «Regla de Viaje». Por tanto, las plataformas de intercambio que busquen operar en la formalidad o mantener alianzas con entidades bancarias tradicionales deberán recopilar de manera obligatoria los datos de los ordenantes y beneficiarios de cada transacción de activos digitales.

Adicionalmente, las empresas se verán obligadas a implementar herramientas avanzadas de auditoría de registros para rastrear la trazabilidad de las operaciones financieras de sus clientes, tomando en cuenta que en Colombia más de 100 comercios aceptan BTC como medio de pago.

Un posible escenario de fricción y restricción en Colombia

Aunque las nuevas herramientas de control de la SFC no constituyen una prohibición directa sobre el uso de criptomonedas, sí configuran un escenario de fricción para los participantes del mercado.

El comercio entre pares (P2P) y el arbitraje sin procesos estrictos de verificación de identidad verán un panorama mucho más restrictivo para operar a través del sistema financiero local, debido a que los bancos estarán en facultad de calificar estas transacciones como operaciones de alto riesgo.

A largo plazo, las inversiones en departamentos de cumplimiento normativo podrían consolidar una barrera de entrada para nuevos competidores fintech en el país, limitando el mercado formal a unos pocos actores con capacidad financiera.

Aun con todo esto, las normativas de la superintendencia marcan una pauta que podría considerarse el paso previo a la discusión de una ley de carácter integral en el Congreso de Colombia, cuyo objetivo final apuntaría a que el ecosistema de las monedas digitales opere de manera simétrica bajo los mismos parámetros de fiscalización aplicados al sistema financiero tradicional.

De hecho, la presión por establecer normas para el uso de bitcoin en Colombia está en aumento, siendo que en ese país cerca de 6 millones de personas ya operan con plataformas vinculadas a las criptomonedas, de acuerdo con los datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

Con sus nuevas herramientas, la SFC establece un control financiero más completo que, aun de forma indirecta, impacta en el ecosistema de las criptomonedas en Colombia. De ahí a que eso derive en una regulación más formal falta trecho. Pero todo pareciera estarse encaminando para darle celeridad a legislaciones y normativas que terminen de darle rienda suelta a un sector que llegó para quedarse en la nación cafetalera.