Sube la presión en Colombia para «definir reglas» sobre el uso de Bitcoin

El problema de fondo para el crecimiento de las criptomonedas en Colombia radica en la ausencia de un marco regulatorio claro y consolidado. Así lo explica Julián Colombo, director senior para Suramérica de Bitso.

Aunque el país registra un uso significativo de criptoactivos —cerca de 6 millones de colombianos ya operan con plataformas relacionadas, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico—, este potencial no termina de materializarse plenamente.

Hace cinco años, muchos usuarios veían la regulación como algo lejano o incluso indeseable, de acuerdo con Colombo. Hoy la percepción ha cambiado. “Esa falta de regulación es la que nos impedía acercar a un público más masivo y a un público corporativo también, que necesita reglas de juego claras”, afirma el directivo.

Las empresas más conservadoras exigen certeza, bnecesitan saber que hay un regulador que responda si algo sale mal con el dinero. Sin ese respaldo, los bancos tradicionales siguen cerrando cuentas a empresas del sector, lo que genera barreras operativas reales y limita la integración con el sistema financiero formal, de acuerdo con el vocero.

Colombia es uno de los mercados más dinámicos de la región. Compite con Brasil y México en volumen de operaciones y ocupa un lugar destacado entre los 20 países que más transaccionan criptomonedas a nivel mundial, como lo ha reportado CriptoNoticias.

Sin embargo, los proyectos de ley han quedado estancados en el Congreso, sin lograr consenso entre la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. De hecho, en la actualidad se está analizando una posible regulación en el propio Congreso.

Los experimentos fallidos y la falta de avances han mantenido al ecosistema en un limbo que frena la confianza y la escalabilidad. Esta incertidumbre tiene impactos concretos.

Para los usuarios, aumenta el riesgo de fraudes y plataformas poco confiables. Para las empresas, complica el pago a proveedores internacionales, la gestión de tesorería en dólares digitales y la contratación de talento global.

En cambio, para Colombo, las stablecoins —como USDC o USDT— han demostrado ser la herramienta más masificada y práctica ya que combinan la tecnología inspirada en bitcoin con estabilidad de valor.

El caso más evidente es el de las remesas. Históricamente, enviar dinero desde el exterior tenía costos entre el 5% y el 10% (e incluso 20% en algunos corredores). Con criptomonedas, el dinero llega casi gratis y en un minuto.

Es importante comentar que el 13,7 % de las fintech colombianas integran stablecoins y se espera que esta cifra se duplique en los próximos años. Además, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha impuesto nuevos requisitos de reporte de operaciones con bitcoin, Ethereum y stablecoins, lo que indica un mayor escrutinio fiscal, pero también un reconocimiento implícito del sector.

Colombo ofrece recomendaciones prácticas como informarse sobre los riesgos básicos, diferenciar entre activos volátiles como bitcoin y las stablecoins y elegir plataformas confiables y reguladas en otros mercados.

De acuerdo con el ejecutivo, Colombia tiene el talento, la demanda y los casos de uso reales. Lo que falta es el marco legal que permita pasar de la adopción informal y fragmentada a un ecosistema maduro, seguro y masivo. Sin regulación, el mercado de criptomonedas local colombiano seguirá creciendo, pero no despegaría con toda su potencia.

Hay que destacar que, aunque una regulación clara por parte de los gobiernos podría aportar mayor certeza jurídica y facilitar la adopción institucional, Bitcoin opera bajo sus propias reglas, ya definidas y ejecutadas de forma inmutable en su código fuente.

Bitcoin no necesita regulaciones adicionales más allá de las que ya están inscritas en su protocolo: reglas matemáticas, criptográficas y económicas que cualquiera puede verificar y que nadie puede cambiar unilateralmente.