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Se propone mejorar la respuesta en tiempo real ante delitos con BTC.
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Se recomienda tratar las criptomonedas como una clase de activos distinta.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía para que los equipos de investigación de los gobiernos recupen bitcoin (BTC) y otros activos digitales usados en actividades delictivas. Esto, tomando en cuenta que más del 80% de las jurisdicciones muestran baja efectividad en incautaciones.
La Guía de Recuperación de Activos y Mejores Prácticas detalla pasos rápidos, desde políticas hasta devoluciones a víctimas. «Las cadenas de bloques públicas proporcionan libros de contabilidad inmutables y en tiempo real que respaldan un rápido rastreo y recuperación», afirma el GAFI en su publicación.
Con la nueva serie de recomendaciones, las incautaciones de bitcoin se pueden realizar de manera más efectiva y veloz que los bienes tradicionales de alto valor, como observa Chainalysis en su informe publicado hoy 13 de noviembre de 2025. Su investigación reveló recientemente que más de 90.000 bitcoin permanecen ilícitos, a la espera de la incautación por parte de los gobiernos.
La guía urge priorizar los activos digitales para proteger sistemas financieros globales. Y sobre ello, el GAFI exige tratar bitcoin y criptomonedas como una clase distinta de activos. También pide acelerar las leyes que añadan claridad para alcanzar rapidez en las incautaciones.
La guía insiste en que el entrenamiento debe comenzar desde el contacto inicial con el sospechoso o la escena del crimen. Recomienda capacitar no solo a expertos en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sino también a personal no financiero, como oficiales de policía, para identificar bitcoin y criptomoneda de inmediato. Esto incluye incautar hardware wallets durante los allanamientos, frases semilla en documentos o archivos digitales, cuentas en exchanges y monederos de criptoactivos en dispositivos vinculados al crimen.
Sin embargo, la guía del GAFI, aunque exhaustiva en aspectos como el rastreo, la incautación inicial y el almacenamiento seguro mediante carteras frías o wallets multifirma, presenta una notable omisión en recomendaciones específicas para prevenir robos internos durante la custodia judicial de activos virtuales.
Esa omisión se hace particularmente evidente al considerar casos reales como el ocurrido en España en abril de 2025. En ese país un empleado de la administración judicial en Marbella fue arrestado por el robo de aproximadamente 17 millones de euros en criptoactivos incautados, en lo que se convirtió en la mayor operación de este tipo en el país hasta la fecha.
El incidente, investigado por la Policía Nacional, reveló vulnerabilidades en los protocolos de custodia interna. Esto debido a que el sospechoso accedió a las claves privadas de monederos de activos digitales bajo control judicial, transfiriendo los fondos a cuentas personales tras esperar tres meses para evitar detección inmediata.
En respuesta directa al robo de abril de 2025, el Ministerio del Interior de España adjudicó el 11 de noviembre de 2025 a Prosegur un contrato por 2,8 millones de euros (unos 3,24 millones de dólares) para la gestión y custodia en la nube de bitcoin y criptomonedas incautados en redadas policiales, como lo informó CriptoNoticias.
En todo caso, la brecha en la guía del GAFI —que no aborda explícitamente amenazas internas como verificaciones de antecedentes, auditorías periódicas o segregación de accesos para personal judicial— subraya la necesidad de que los países complementen estas recomendaciones globales con políticas locales más robustas.
Mientras el documento enfatiza la preservación del valor de los activos mediante transferencias a programas nacionales de custodia (como el Programa Nacional de Bienes Incautados de Perú), no ofrece estrategias detalladas para mitigar riesgos de corrupción o negligencia interna en fases de custodia prolongada, lo que podría inspirar actualizaciones futuras basadas en lecciones de incidentes como el español.
