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La ley menciona “activos digitales” y prohíbe las operaciones en exchanges de lo incautado.
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Lo confiscado puede destinarse financiar equipamiento, entrenamiento e inteligencia policial.
El Gobierno de Brasil puso en marcha la Ley 15.358, conocida como Ley Antifacciones, tras su sanción por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 24 de marzo y su publicación oficial al día siguiente.
Aunque la norma se centra en endurecer el combate al crimen organizado, uno de sus aspectos más relevantes para el sector financiero y tecnológico es la inclusión explícita de los activos digitales dentro de las medidas de embargo y confiscación.
El artículo 9 de la ley autoriza medidas cautelares como el secuestro, arresto, bloqueo o indisponibilidad de “bienes muebles e inmuebles, derechos y valores, inclusive activos digitales o virtuales”.
Esto significa que las autoridades judiciales pueden ordenar el bloqueo inmediato de criptomonedas, tokens u otros activos virtuales cuando exista sospecha de que están vinculados a organizaciones criminales.
Además, la misma disposición prohíbe, sin autorización judicial expresa, las “operaciones en casas de cambio de criptoactivos”. De esta forma, la ley extiende a las criptomonedas las mismas herramientas que tradicionalmente se aplican a cuentas bancarias, propiedades o vehículos.
Una vez que se compruebe el origen ilícito de estos activos, la ley permite su confiscación definitiva. Los bienes decomisados —incluidos los digitales— se destinan directamente al Fondo Nacional de Seguridad Pública.
La norma habilita su uso provisional por parte de las fuerzas de seguridad para adquirir equipamiento policial, capacitar agentes, financiar operaciones especiales o mejorar la inteligencia, siempre con aprobación judicial previa.
Esta medida forma parte de la estrategia de “asfixia financiera” contra las facciones criminales. Los líderes de estas organizaciones enfrentan penas de entre 20 y 40 años de prisión, consideradas delitos graves, y deberán cumplirlas en prisiones federales de máxima seguridad con pocas posibilidades de beneficios penitenciarios.
La ley no menciona específicamente Bitcoin u otras criptomonedas por nombre, pero el término “activos digitales o virtuales” es suficientemente amplio para abarcarlas.
Expertos consideran que esto representa un paso importante en la regulación de criptoactivos en Brasil, alineando su tratamiento con el de otros bienes de origen potencialmente ilícito.
Otros países tienen visiones distintas sobre qué hacer con las criptomonedas incautadas provenientes del crimen. Por ejemplo, en Estados Unidos la nación las acumula a largo plazo, mientras que naciones como Alemania o China han decido venderlas lo antes posible, como lo ha reportado CriptoNoticias.
