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En Venezuela existe una legislación que regula a las criptomonedas.
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El debate giró en torno a si es necesario o no que el Estado regule las criptomonedas.
El tema de la regulación de las criptomonedas como bitcoin (BTC), en Venezuela y en el mundo, se percibe como una piedra angular para dar pie a la adopción o establecer límites. El debate sobre si es necesaria o no ha generado numerosas discusiones, desde distintos puntos de vista.
Este fue el tema de la conferencia «Cripto-regulación: ¿Necesaria o ilógica?», celebrada durante la Caracas Blockchain Week. En la discusión participaron Rajiv Mosqueda, intendente de Minería digital y procesos asociados de la Sunacrip, el abogado Ernesto Portillo, de Cripto Juris y el abogado Roberto Hung, de Cultura Jurídica.
El representante del principal ente regulador de Venezuela enfatizó el hecho de que existen dos formas de comprender la regulación de una tecnología como Bitcoin, replicada en otras criptomonedas. Desde una perspectiva, el regulador admite que el Estado no puede modificar «el sistema» de criptomonedas como bitcoin.
Desde una óptica extremadamente objetiva y pragmática, yo considero que el sistema de las criptomonedas (y hablando tecnológicamente de ese que yace en la Internet, ese que se encuentra en la nube) difícilmente podrá ser regulado por un Estado. Precisamente el desarrollo de este sistema se hizo bajo esta premisa, para evitar la intervención de terceros de confianza o al de cualquier elemento distinto al desarrollo en sí de ese protocolo.
Rajiv Mosqueda, Intendente de minería digital y procesos asociados de la Sunacrip.
Otra manera de ver el asunto de la regulación de las criptomonedas involucra a las personas que las utilizan, la dimensión social de estas tecnologías.
Hay que distinguir la notable diferencia entre el sistema de las criptomonedas y el momento en que ese sistema se convierte en ecosistema, que es cuando las interacciones sociales derivadas de ese sistema, trae consecuencias en el mundo real, que probablemente pueda afectar a un ciudadano de forma negativa o que pueda ir en contra de los valores en los que se cimenta una sociedad.
Rajiv Mosqueda, Intendente de minería digital y procesos asociados de la Sunacrip.
En este sentido, el abogado Ernesto Portillo argumentó que el Estado «no se puede sacar de la ecuación».
El Estado debe potenciar el uso de las criptomonedas
No es fácil definir el papel del Estado frente a las criptomonedas. De acuerdo con el representante del ente regulador en Venezuela, «el hecho de que el Estado tenga participación en este evento, deja en evidencia, de forma positiva, que el Estado debe potenciar el uso de las criptomonedas». «Además, [el Estado] está obligado a promover el ecosistema de las criptomonedas», especificó.
También explicó que el artículo 10 del Decreto Constituyente del Sistema Integral de Criptomonedas «establece que uno de los objetivos que persigue la Superintendencia Nacional de Criptoactivos es la adopción y usabilidad de los criptoactivos y sus actividades conexas, dentro de las dinámicas económicas, públicas, sociales y productivas del país», explicó Mosqueda.
«No por el hecho de que exista un ente regulador desarrollando políticas para el funcionamiento del ecosistema, esas políticas que estamos desarrollando vayan en contra de la promoción y la adopción del ecosistema cripto», argumentó.
La tecnología es neutral y las criptomonedas nacen reguladas
Para el abogado Ernesto portillo, de Cripto Juris, «las criptomonedas nacen reguladas». Desde su punto de vista, hay dos elementos que regulan a las criptomonedas sin la intervención del Estado.
«La esencia de las criptomonedas es el P2P, el peer to peer. Y hay un principio del derecho jurídico que se denomina la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes generan derecho», al establecer un contrato entre ellas, explicó el abogado.
El otro elemento regulador de las criptomonedas es el white paper, que «es fuente de derecho», porque ahí están «las reglas claras» de cada proyecto.
Por su parte, Portillo argumentó que la relación entre la tecnología y las personas es la que justifica la regulación: «la tecnología es neutral, Bitcoin como tecnología es neutral, lo que se regula es la conducta del ser humano frente a la tecnología. Bitcoin y su tecnología no es ni buena ni mala», concluyó.
El abogado Roberto Hung partió de la premisa de que en la mayoría de los Estados el derecho parece estar un paso atrás de la tecnología: «Hemos tenido a nivel global, algunos Estados más que otros, una calidad y cualidad normativa pésima».
Insistió en que la precariedad del derecho jurídico no es un rasgo que solo se experimente en Venezuela y añadió lo siguiente: «tenemos que repensar la idea de sistemas normativos y estas nuevas formas de interacción, sin fronteras estatales, sin fronteras normativas, son una gran oportunidad para repensar la humanidad», reflexionó el abogado.
