¿Quieres un préstamo? ¡Olvídate de Bitcoin!

No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión el impacto es más fuerte. La injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la estrategia que llevaba adelante el gobierno de El Salvador, con bitcoin (BTC), marca un precedente. 

Y es que –hasta ahora– la decisión del presidente Nayib Bukele de seguir adelante con su estrategia de comprar BTC y mantenerla como moneda de curso legal lucía inquebrantable. Todo apuntaba a que el mandatario no cedería a las presiones del organismo internacional. 

El FMI también ha sido persistente. Está consciente de la necesidad del país centroamericano de contar con recursos para solventar su situación económica, afectada por una altísima deuda.  

Ha sido cuestión de tiempo para que sus peticiones de que el país abandonara sus planes con bitcoin fueran atendidas. Eso es lo que estamos viendo en este momento, una vez firmado el acuerdo mediante el cual el FMI otorga un préstamo de USD 1.400 millones. 

Son exigencias que se repiten en varios de los acuerdos del FMI. «Si quieres un préstamo deja a Bitcoin», es el lema. 

Ya pasó en la República Centroafricana, el segundo país del mundo que declaró a BTC como moneda de curso legal en abril de 2022. Allí, el experimento duró casi un año.  Y es que en medio de dificultades para implementar el plan con Bitcoin del gobernante Faustin-Archange Touadéra, no faltaron las exigencias del FMI. 

En plenas negociaciones para firmar un acuerdo de crédito ampliado por 191,4 millones de dólares, el organismo pidió al país africano que derogara su Ley Bitcoin. La misma presión que ejerció sobre El Salvador.  

«Eliminar el curso legal y la convertibilidad garantizada de los criptoactivos» fue una de las recomendaciones del organismo, asegurando que el progreso de la República Centroafricana dependía de la rapidez con la que se dejara de lado a Bitcoin. 

Además del FMI, otras instituciones financieras, como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, cuestionaron la iniciativa.  Todos retrasaron los programas de ayuda de los que el país dependía financieramente. La condición era la misma: ¡olvídate de Bitcoin! 

Vieron como amenaza la posibilidad de que uno de los países más pobres del planeta lograra independencia financiera. Como resultado, Touadéra cambió sus planes y BTC dejó de ser moneda de curso legal en la República Centroafricana.  

Esto ocurría casi al mismo tiempo que Argentina negociaba con el FMI un acuerdo para refinanciar su deuda de casi USD 45.000 millones. Se establecieron un conjunto de metas económicas y se tomó en cuenta el interés de los argentinos por Bitcoin. 

El gobierno de Alberto Fernández se comprometió a llevar adelante algunos cambios en la política monetaria, económica y financiera y una cláusula del acuerdo tuvo implicaciones para el ecosistema. La meta era «desalentar el uso de criptomonedas para prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación».  

A diferencia de El Salvador y la República Centroafricana, aquí no se «recomendaron» acciones en específico para cumplir con ese propósito. Pero la cláusula sigue vigente a la fecha, aun bajo el mandato de Javier Milei, quien hace unos días dio a conocer sus planes de buscar un nuevo acuerdo con el FMI para obtener más recursos.  

Conociendo el modus operandi del Fondo, no me sorprendería que el tema de bitcoin salga a flote. Sobre todo, porque después de que El Salvador diera a conocer su estrategia con la moneda digital, el FMI ha hecho grandes esfuerzos por influir en la regulación de los activos digitales a nivel mundial. 

Ya lo dijo en una especie de proclama que dio a conocer en 2023, haciendo pública su intención de frenar la creciente adopción de criptomonedas y evitar que los gobiernos conserven criptomonedas o impulsen el uso de bitcoin como moneda.  

Obviamente, esto no se expone de forma explícita en el documento, sino que se da a entender. Sus temores, insisten, es que las criptomonedas desestabilicen la economía mundial y que los inversionistas queden desprotegidos.  

El argumento es el mismo en casi todos los países a los que ofrecen ayuda, con algunas variantes en función de sus diferentes realidades. Lo vemos en los que tenemos de ejemplo.  

Argentina no tiene todavía una regulación definida para las criptomonedas, pero es líder en adopción en América Latina; El Salvador tiene leyes específicas para el sector (además de ser el único que tiene BTC en sus reservas), pero los salvadoreños no tienen mucho interés por la moneda digital.  

En la República Centroafricana, a pesar de su conflictiva vida política, hay una creciente adopción. El gobierno no ha tenido mucho éxito con un proyecto de CBDC llamado Sango y ahora apuesta por el lanzamiento de una memecoin. 

Más allá de estas particularidades, es evidente que el FMI sigue un patrón, siendo El Salvador el caso más emblemático que podría ser usado para seguir frustrando la adopción de BTC en otros Estados.

Sin embargo, noto que ahora entran en juego dos factores importantes, que antes estaban fuera de la ecuación.

Por un lado, aun cuando el FMI asegura en tono triunfante que «se han mitigado los riesgos de Bitcoin» en El Salvador, Nayib Bukele anuncia nuevas compras de BTC y se muestra dispuesto a desafiar el acuerdo.  

Por el otro, el presidente de EE. UU., Donald Trump, está trazando una nueva dinámica mundial en la relación de los gobiernos con Bitcoin, mediante sus nuevas políticas a favor de las criptomonedas. ¿Qué hará con todo esto el FMI?  

Independientemente de los cambios que esta situación pueda generar, hay un hecho innegable que tiene que ver con el valor de Bitcoin y su característica descentralización.

Con o sin la intervención del FMI o de los gobernantes de turno, se están sentando las bases del sistema financiero del futuro, uno basado en la transparencia, predictibilidad, inmutabilidad, neutralidad y apertura.

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