El presidente de Argentina, Javier Milei, dejó de lado, al menos por un rato, la promesa de “traer más libertad a los argentinos”.
La reciente promulgación, y posterior reglamentación, de una batería de regulaciones que alcanzan a empresas e individuos dedicados a la compraventa de criptomonedas reducirá la competencia en el sector, tendrá un impacto negativo en su crecimiento y la innovación y agravará la situación de sus usuarios.
En una Argentina que en los últimos meses ha sido testigo de varios cambios a nivel político y económico, algunas cosas permanecen igual. La tendencia en vulnerar la privacidad de los argentinos se mantiene firme.
Detrás de esta nueva regulación está el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo intergubernamental que, bajo el slogan de trabajar en la “prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo” y más recientemente contra “la financiación de armas de proliferación nuclear”, ha sido el arquitecto del sistema de vigilancia financiera vigente en todo el globo.
Las recomendaciones del GAFI, que luego son incorporadas en la legislación local, permiten a los gobiernos de cada país obtener un sinfín de datos sobre sus ciudadanos atacando su privacidad.
Esta nueva cachetada contra la privacidad que ahora recae sobre los usuarios de las fintech de compraventa de criptomonedas, es simplemente la oficialización de algo que ya venía ocurriendo, pero muchos desconocían.
Los movimientos de dinero que se hacen desde las aplicaciones multifunción que operan en el país (exchanges, billeteras con custodia de terceros, tarjetas de pago, préstamos, etcétera) son, desde hace tiempo, indistinguibles de las operaciones bancarias tradicionales, excepto en algunos casos por la unidad de cuenta utilizada.
Las transacciones son registradas, las operaciones sospechosas son informadas, la información podría filtrarse o ser requerida por un juez, los activos podrían ser confiscados en cualquier momento con una ley o decreto. En otras palabras, los depósitos de bitcoin en una billetera en la que delega las llaves privadas, no gozan de alguna característica especial que no tenga el dinero depositado en un banco, o las acciones en un agente bursátil.
Incluso antes de la nueva norma lo correcto para un usuario era tener una expectativa nula de privacidad cuando utiliza esos servicios.
Consecuencias indeseadas
No todos los efectos de la normativa recomendada por el GAFI serán negativos. Una regulación mal diseñada siempre viene acompañada de consecuencias indeseadas, efectos que los reguladores no pudieron prever a la hora de diseñar la norma. En algunos casos son negativos, como cuando se impone un control de precios y los productos controlados desaparecen de los mercados. Pero también hay efectos positivos, al menos desde el punto de vista de un defensor de la privacidad.
La existencia de bitcoin, su accesibilidad y la relativa sencillez para utilizarlo y obtener garantías inviolables sobre el derecho de propiedad que hoy exista, empezará a ser ponderada de forma diferente por los usuarios de fintechs dedicadas a la compraventa de criptomonedas cuando cada vez sea más difícil satisfacer las exigencias de documentación y cumplimiento producto de esta ley.
¿Siempre hubo una salida?
La historia nos muestra que el ser humano se las ha ingeniado para eludir las regulaciones y restricciones que interfieren en las interacciones libres entre los miembros de nuestra especie y las que afectan su privacidad.
Siempre hay una alternativa. Los llamados “mercados negros”, las simulaciones o el diseño de nuevas tecnologías han sido algunos de los medios que nos hemos valido para evitarlas.
Pero, cuando hablábamos de dinero se daba una situación particular. Hasta el surgimiento de Bitcoin, los mecanismos para preservar la riqueza y la privacidad estaban limitados únicamente a aquellos con cierto nivel de capital. Alquilar un cofre de seguridad para almacenar unos cientos de dólares, o usar un servicio de banca off-shore para realizar una transacción de 30 dólares es antieconómico para quien brinda estos servicios. Los bancos cobran su comisión y los intermediarios quieren su tajada.
El surgimiento de Bitcoin le abre la puerta a cualquiera que quiera preservar la riqueza, sin importar si equivale a unos cientos de dólares o a millones, y la privacidad, pero con un mecanismo que está varios órdenes de magnitud por encima del que podían acceder unos pocos.
Y este es apenas primer paso, ¿o acaso alguien cree que esta será la primera y última reglamentación de los organismos regulatorios en Argentina? ¿Y qué pasará cuando el recaudador de impuestos quiera una tajada más? Con la creación de la categoría de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, ya las empresas dedicadas a la compraventa de criptomonedas construyeron el corral, sus usuarios están dentro y los lobos recién están empezando a entrar.
Lo que no se dieron cuenta es que había una puerta abierta con forma de B de Bitcoin.
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