-
Las granjas no podrán redirigir la energía que produzcan a otras granjas de minería.
-
Los bitcoins generados no serán objeto de impuestos.
Una orden ejecutiva publicada recientemente por el Gobierno de Uzbekistán obliga a los mineros de Bitcoin a generar la electricidad que consumen por medio de la energía solar. De no cumplir con esta condición, no podrán minar en el territorio nacional. Es la primera vez que un gobierno exige esta condición a los mineros de criptomonedas.
Los mineros de Bitcoin y otras redes de criptomonedas tendrán que cumplir con un registro ante las autoridades gubernamentales correspondientes para poder ejercer esta actividad. El certificado tendrá que ser renovado anualmente.
El documento publicado por las autoridades uzbekas reza lo siguiente: «la minería es ejercida exclusivamente por una entidad legal usando electricidad generada por una estación solar fotovoltaica». Pero eso no es todo, sino que el complejo de generación de energía solar debe pertenecer a la granja minera y no puede redirigirse para suplir a otras granjas.
Si bien las granjas deben ser autosostenibles a nivel de energía, estas tienen la posibilidad de conectarse al sistema eléctrico local para conseguir un flujo eléctrico lo más estable posible. No obstante, las granjas tendrán que instalar un medidor de corriente eléctrica exclusivo. Aunado a ello, el consumo de energía en horas pico (entre las 5:00 p.m. y las 10:00 p.m.) tendrá tarifas especiales que no han sido especificadas en el documento. Dichas tarifas duplicarán su costo por energía consumida entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m.
Las granjas mineras solo podrán funcionar en la ubicación declarada en el registro. Si los dueños pretenden mudar sus instalaciones o expandirse en otro establecimiento, será necesario modificar el registro o crear uno nuevo.
La energía solar no es la única condición impuesta a los mineros de Bitcoin
No solo hay condiciones relacionadas con el consumo eléctrico para los mineros uzbekos, sino también de conversión y uso de los bitcoins o criptomonedas que minen. Uno de ellas consiste en reportar a las autoridades cada bitcoin minado.
Afortunadamente, las criptomonedas obtenidas como producto de la minería no serán objeto del pago de impuestos. Sin embargo, el documento también hace una salvedad con respecto a «otras actividades llevadas a cabo por los mineros» que sí fuesen gravables.
Los ingresos obtenidos por otras actividades (aparte de la minería) llevadas a cabo por los mineros, de acuerdo con la legislación de la República de Uzbekistán, están sujetos al cobro de impuestos en conformidad con el procedimiento establecido generalmente.
Orden ejecutiva del Gobierno de Uzbekistán.
Aunque en el texto citado no se especifican qué actividades serían las que estarían sujetas a impuestos, se puede inferir que el intercambio o la venta de las criptomonedas obtenidas, servicios relacionados con la minería de criptomonedas como la minería en la nube, la venta de hardware o equipos que serán reemplazados, entre otras, podrían ser gravables.
En este sentido, cabe destacar que la venta o intercambio de los bitcoins o criptomonedas minadas será permitido únicamente a través de plataformas registradas en territorio uzbeko.
Las criptomonedas enfocadas en la privacidad siguen prohibidas
Bitcoin (BTC) y criptomonedas como ether (ETH) de Ethereum o ravencoin (RVN), por ejemplo, se podrán minar sin inconveniente alguno, siempre que los mineros cumplan con las condiciones ya mencionadas. La excepción a esta regla son las criptomonedas enfocadas en la privacidad y el anonimato, que no cuentan con la aprobación gubernamental.
La minería de criptomonedas como monero (XMR), zcash (ZEC) u otras que usan protocolos de privacidad como mimblewimble, entre las que están grin, beam y litecoin (LTC), que añadió dicho protocolo de forma opcional para sus usuarios, está prohibida terminantemente en territorio uzbeko.
El Gobierno de Uzbekistán ha sido muy cauteloso en cuanto a su apertura al uso de criptomonedas y su emisión dentro del país. CriptoNoticias reportó sobre un decreto presidencial anunciado en el mes de mayo que abriría el compás a la compraventa de criptomonedas en esta nación, siempre que se cumpla de una serie de regulaciones que entrarían en vigencia el 1 de enero del 2023.
