-
Los contratos de suministro vigentes entre la ANDE y las mineras vencen en diciembre de 2027.
-
Especialistas proyectan una posible limitación de potencia en el sistema eléctrico para 2029.
La? industria de la minería de Bitcoin absorbe cerca del 30% de toda la energía eléctrica facturada en Paraguay, situando a la red nacional ante un dilema estructural de planificación energética de cara a los próximos años.
Según cálculos del doctor en energía Victorio Oxilia, el volumen consumido por esta actividad electrointensiva equivale a una turbina y media de la central hidroeléctrica de Itaipú. Esta demanda sostenida adelanta el margen de holgura del sistema eléctrico nacional hacia el año 2029, bajo un escenario de crecimiento moderado, siempre que se mantengan condiciones hidrológicas favorables.
Es aquí donde entra en juego la actual negociación de empresas y la estatal eléctrica, pues los contratos de suministro vigentes entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y las empresas mineras expiran el 31 de diciembre de 2027, sin que existan cláusulas de renovación automática definidas hasta la fecha. La potencial salida de empresas de minería de Bitcoin podría representar un traspié para el sector.
Durante el panel «Futuro Energético: Crisis u Oportunidad», la especialista en políticas energéticas Cecilia Llamosas detalló que la minería paga entre 48 y 56 dólares por megavatio-hora (MWh), cifra superior al precio en barra de aproximadamente 29 dólares por MWh y comparable a los 51 dólares por MWh que abona Brasil por la energía firme de Itaipú incluyendo la compensación por cesión.
A pesar de representar casi un tercio del consumo eléctrico facturado, Oxilia indicó que la actividad aportó un 0,24% al Producto Interno Bruto en 2024. En contraposición, Gabriel Lamas, director de Hive Technologies en el país, estimó que los ingresos de la ANDE provenientes del sector alcanzarán los 350 millones de dólares a finales de 2026, lo que equivale al 60% de los ingresos de la empresa estatal por venta de energía excedente.
Desde la perspectiva operativa, tanto Llamosas como Lamas explicaron que las cargas de la minería de Bitcoin actúan como un suministro interrumpible que se desconecta en periodos de máxima demanda residencial, permitiendo amortizar la infraestructura durante las 24 horas del día. Sin embargo, los ajustes tarifarios de entre 9% y 16% aplicados por la ANDE, junto con la incertidumbre regulatoria, impulsaron una reducción en el número de empresas legales de 71 a 41 en el último año, concentrando 730 megavatios en cuatro corporaciones.
Esta salida paulatina pone en riesgo la posición internacional que alcanzó el país en octubre de 2025, cuando concentró el 4,3% de la potencia de cómputo global del protocolo Bitcoin, según datos de Hashrate Index.
Ante este panorama, el gobierno evalúa reorientar la capacidad eléctrica hacia centros de datos de inteligencia artificial, apoyado en propuestas como un proyecto de inversión de 200 millones de dólares anunciado por Taiwán. No obstante, Luis Benítez, secretario de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial, advirtió que Paraguay no dispone de la infraestructura de fibra óptica ni de la conectividad internacional necesarias para competir en el procesamiento de datos de alta densidad.
Con la oferta de generación paralizada a excepción de las obras de Aña Cuá —que aportarán 135 megavatios con retrasos acumulados—, la falta de definiciones normativas antes del vencimiento de 2027 amenaza con recortar los ingresos de la ANDE. En caso de no renovarse los acuerdos ni concretarse la transición tecnológica, la pérdida de facturación podría derivar en un incremento de las tarifas residenciales o en un mayor endeudamiento público para sostener el sistema eléctrico nacional.
Sin la infraestructura requerida ni contratos firmados con firmas del sector, la transición que busca mantener los ingresos estatales queda en suspenso.
