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La SEC pide a Ripple la entrega de estados financieros auditados durante dos años.
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Ripple argumenta que las solicitudes de la SEC son extemporáneas.
En una moción presentada ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York este 23 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está pidiendo la intervención judicial sobre solicitudes de documentos no divulgados por Ripple.
La solicitud se enmarca en la batalla legal que el organismo entabló contra la empresa de criptomonedas hace cuatro años y que en 2023 dejó como saldo una victoria parcial para Ripple.
De esta forma, la SEC quiere que el tribunal obligue a la compañía a entregar sus estados financieros auditados desde inicios de 2021 y hasta 2023. También le pide la entrega de contratos de ventas institucionales posteriores al inicio de la demanda, además de que responda un interrogatorio relacionado con esas ventas.
La moción interpuesta ayer por la SEC busca la intervención judicial para obligar a la parte contraria a cumplir con obligaciones de divulgación. Se trata de una herramienta legal “para abordar el cumplimiento y garantizar una resolución justa del caso mediante el intercambio obligatorio de información pertinente”, según explican los abogados de la agencia federal en su escrito.
Con ello, la SEC trata de contrarrestar la respuesta que recibió de Ripple hace una semana, cuando pidió a la empresa la entrega de los documentos. La compañía se opuso a la petición, calificándola de “extemporánea, irrelevante e injustificable”. Alega que ambas partes habían acordado previamente evitar la solicitud de requisitos que podrían prolongar innecesariamente el caso.
Ahora, sometiendo su solicitud a una moción de obligatoriedad, la SEC asegura que el estado financiero de Ripple es importante para determinar cualquier posible sanción. Cita al respecto precedentes que enfatizan “la riqueza del acusado como un factor pertinente en el cálculo de una sanción destinada a disuadir la mala conducta”.
Con esta acción judicial, la SEC da un nuevo paso dentro del largo proceso que ha enfrentado al organismo supervisor a Ripple desde diciembre de 2020. Fue en esa fecha cuando la agencia interpuso la demanda que acusa a la empresa de comercializar títulos valor no registrados, a través de sus ventas del token nativo XRP.
La nueva moción se introduce meses después del fallo histórico que dio a Ripple una victoria parcial sobre la SEC.
Tal como informó CriptoNoticias, en junio pasado una jueza determinó que ciertas ventas de XRP, particularmente las ventas programáticas y las que se hicieron en exchanges, no entraban en la categoría de oferta de valores.
La decisión ha sido vista como un precedente importante para la solución de casos judiciales semejantes actualmente en curso, en los que están involucrados exchanges como Binance y Coinbase.
Desde el momento del fallo hasta ahora, los esfuerzos legales de Ripple se han dirigido a implementar procedimientos que faciliten el cierre del caso.
