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La fiscalía federal detectó movimientos previos omitidos por más de USD 340.000.
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El funcionario se amparó en la Ley de Inocencia Fiscal, pero la causa penal sigue abierta.
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Argentina, informó hoy 11 de junio de 2026 que presentó una rectificación formal de sus bienes para detallar fondos en bitcoin (BTC) y criptomonedas. Esto, en un intento por justificar activos que el Ministerio Público Fiscal consideraba desproporcionados en relación con su salario.
En este nuevo documento, Adorni registró una tenencia aproximada de 513.000 dólares en bitcoin. La sorpresiva presentación ocurre luego de que la fiscalía descubriera movimientos previos no declarados con activos digitales por un valor superior a los 340.000 dólares, lo que dejaba una diferencia de 163.360 dólares que el funcionario ahora reconoce como capital propio.
Para explicar el origen de este dinero, el jefe de ministros atribuyó los fondos a ahorros personales acumulados fuera del sistema financiero legal, una práctica descrita en el expediente como «ahorros en negro».
Como lo ha reportado CriptoNoticias, el régimen de blanqueo de criptomonedas a través de exchanges regulados ha sido una herramienta utilizada por muchos argentinos para regularizar tenencias digitales.
La presión sobre el funcionario se había intensificado el mes pasado, cuando el fiscal Gerardo Pollicita recibió informes técnicos de más de 20 exchanges de criptomonedas, entre ellas Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango.
Las inversiones fueron realizadas entre 2013 y 2018 (con un capital inicial cercano a los 200.000 dólares que se valorizó), junto con ahorros personales acumulados en su etapa privada fuera del sistema financiero formal, una práctica que él mismo describió como «ahorros en negro, como muchos argentinos».
Estos reportes detallaron flujos realizados principalmente en 2024 y principios de 2025, período en el que Adorni aún no había incorporado estas tenencias a sus declaraciones juradas, pese a las obligaciones de los funcionarios públicos.
El avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Argentina
Ante el avance de las pruebas judiciales, Adorni optó por activar un mecanismo legal de emergencia. Por ello, hoy jueves 11 de junio, el funcionario se acogió a la Ley 27.799, conocida como la «Ley de Inocencia Fiscal», replicando la estrategia que su esposa, Bettina Angeletti, había ejecutado diez días antes.
Este marco legal ofrece un beneficio inmediato. Quiere decir que eleva el piso mínimo para los delitos de evasión fiscal simple de 1,5 millones (alrededor de 1.000 dólares) a 100 millones de pesos (unos 68.000 dólares) y bloquea de forma retroactiva las auditorías fiscales para quienes se adhieran al régimen.
Sin embargo, este escudo tributario tiene límites severos en el fuero penal. Aunque la nueva normativa extingue la acción por delitos puramente impositivos, no detiene ni congela una investigación abierta por enriquecimiento ilícito.
Por esta razón, el juez Ariel Lijo y el fiscal Pollicita avanzan con estudios de trazabilidad en las redes de bitcoin y criptomonedas, utilizando herramientas de análisis digital para reconstruir de forma milimétrica el origen y el destino final de los fondos.
La decisión de un alto funcionario de recurrir a una amnistía fiscal en medio de una pesquisa por corrupción desata un debate profundo en Buenos Aires. En el entorno oficial se argumenta que la presentación es un acto legítimo de regularización bajo una ley vigente y de acceso general, mientras que la oposición sostiene que la medida busca la impunidad.
En medio de todo ello, la extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, y otros críticos cuestionaron la línea de tiempo del patrimonio, señalando que el crecimiento se produjo principalmente desde que asumió funciones públicas.
Este cuestionamiento derivó en pedidos en el Congreso (como el proyecto del diputado Esteban Paulón) para excluir expresamente a funcionarios de ciertos beneficios de regularización.
Ahora, el fiscal Pollicita se prepara para cruzar los 513.000 dólares declarados en bitcoin con los análisis técnicos solicitados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI), mientras la Oficina Anticorrupción mantiene la facultad de exigir pruebas de consistencia económica.
Más allá del desenlace judicial, el caso expone un dilema creciente en la región como es la delgada línea entre la regularización legítima de activos digitales y el uso de reformas fiscales como herramientas para validar patrimonios bajo sospecha pública, desafiando los estándares de transparencia que la ciudadanía exige a sus gobernantes.
