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Un ciudadano fue condenado a más de 10 años de prisión tras memorizar la frase semilla de su amigo.
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El fallo penal protege el patrimonio digital pese a la prohibición de usar criptomonedas en el país.
Un tribunal de Qingdao, en el este del país, ha condenado a un ciudadano de apellido Zhang a 10 años y 9 meses de prisión por el robo de 107 bitcoin. La sentencia, del 7 de junio de 2026, establece un criterio inédito en la justicia del país asiático al convertirse en el primer fallo penal que protege a los activos digitales bajo la figura jurídica de la propiedad, redefiniendo el marco legal de los criptoactivos en la región.
El delito ocurrió cuando la víctima, de apellido Feng, confió en Zhang para configurar su billetera digital y dictó las 12 palabras de su frase de recuperación.
Zhang memorizó 11 de ellas y, tras realizar intentos sucesivos probando combinaciones dentro del listado estándar de 2.048 palabras posibles que componen estas claves de seguridad, logró descifrar la palabra restante. Acto seguido, transfirió los fondos a una cuenta propia para luego venderlos en el mercado informal por 660.000 yuanes (unos 91.000 dólares).
La razón por la que obtuvo un monto menor y no el valor de mercado de los bitcoin, que en ese momento superaba los 50 millones de yuanes (más de 3 millones de dólares), es que los liquidó de forma acelerada en el mercado ilegal a través de intermediarios, en plataformas foráneas, que pagaron una fracción mínima a cambio de anonimato para no dejar rastro.
Este caso obligó al sistema judicial a abordar una aparente contradicción regulatoria. Desde 2021, Pekín prohíbe de forma estricta el uso y la circulación de bitcoin y criptomonedas en su sistema financiero. Sin embargo, el tribunal de Qingdao determinó que el veto a su función como moneda de curso legal no priva a estos activos de su condición de patrimonio protegido frente a un acto delictivo.
Para fundamentar la condena, los jueces penales extendieron un criterio emitido en 2022 por el Tribunal Superior de Shanghái, que ya reconocía a BTC como «propiedad virtual» en el ámbito civil, como lo informó CriptoNoticias en su momento.
Bitcoin es prohibido, pero protegido en China
El nuevo fallo traslada esta protección al código penal. Estandariza los métodos forenses para el rastreo en la cadena de bloques y valida la cuantía del daño basándose en el precio real obtenido en la venta ilegal, en lugar de recurrir a la cotización de los mercados internacionales.
No obstante, ante la falta de un índice oficial de precios en el país, el tribunal optó por validar la cuantía del daño basándose estrictamente en el dinero real obtenido en la venta ilegal, eludiendo la volatilidad de los mercados internacionales.
Como señalan los críticos del fallo, este método de valoración crea una situación paradójica en la que el monto del delito, y por tanto la gravedad de la pena, termina siendo decidido por la eficiencia del ladrón al vender en el mercado negro, y no por el valor del activo que sustrajo. Si Zhang hubiera vendido los bitcoin a su precio de mercado, la pena podría haber sido sustancialmente mayor.
Al hacerlo de forma apresurada y a un precio irrisorio, el tribunal tasó el hurto en una cifra muy inferior. La paradoja jurídica es que el mismo delito puede tener consecuencias penales muy distintas dependiendo de la habilidad del delincuente para malvender lo robado.
Abogados penalistas especializados en el sector, como Shao Shiwei, señalan que en la práctica judicial la fijación del «código temporal» (el minuto exacto en que se mide el valor de un criptoactivo) o la fuente de cotización elegida suelen determinar la gravedad de una condena, existiendo el riesgo de valoraciones distorsionadas debido a las fluctuaciones extremas de estos activos.
En todo caso, el sistema legal chino consolida un modelo normativo de carácter híbrido. Tras las sentencias de Shanghái y Qingdao, la tenencia de bitcoin y criptomonedas coexistirá con la prohibición absoluta de su circulación.
El gobierno asegura que mantiene las restricciones para resguardar la estabilidad de su economía, pero los tribunales seguirán interviniendo para sancionar el hurto, definiendo un escenario donde BTC y otros activos digitales no pueden ser gastado legalmente, pero su robo conlleva penas de prisión efectivas.
