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El juez Jed Rakoff dice que la prueba de Howey no hace distinción entre compradores.
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El juez rechazó que los abogados de LUNA y UST usaran como argumento el dictamen a favor de Ripple.
El juez del Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, cuestionó la sentencia dada el pasado 13 de julio por la jueza Analisa Torres en el caso de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Ripple.
En específico, el juez Rakoff criticó la distinción que la jueza Torres hizo entre las ventas públicas e institucionales de XRP, una decisión que llevó a que la criptomoneda sea considerada un título valor (security) en unos casos y en otros no; y que ha sido calificada como una victoria parcial para el ecosistema de criptomonedas.
El cuestionamiento del juez se hizo en un documento emitido como parte del proceso judicial de la SEC en contra de Terraform Labs. En el mismo, niega la petición de desestimar la demanda, que también acusa a esta empresa de violar la ley de valores en la comercialización de las criptomonedas TerraUSD (UST) y LUNA, y el Protocolo Anchor.
En el documento, el juez mostró su rechazo a la solicitud de Terraform Labs, indicando que la demanda de la SEC debe seguir su curso. A su juicio, la agencia reguladora ha argumentado suficientemente que tiene jurisdicción sobre el tema.
En ese sentido, Rakoff se opone a que se haya usado el caso de Ripple como soporte para la defensa.
El juez cuestionó así que se mencionara el fallo dado por la jueza Torres, según el cual Ripple no violó la ley de valores al vender XRP a inversionistas minoristas a través de los exchanges. Un enfoque que los abogados de Terraform Labs estaban pidiendo se aplicara al caso de TerraUSD, señalando que las personas compraron UST con fines prácticos y sin esperar que fuese una inversión.
En su dictamen de este 31 de julio el juez Rakoff dijo que no estaba de acuerdo con el enfoque según el cual las expectativas de ganancias de los compradores minoristas, que compraron XRP en exchanges, no podían atribuirse a Ripple. Algo que sí ocurre en el caso de los compradores institucionales, de acuerdo al dictamen de Analisa Torres.
La prueba de Howey no hace distinciones, dice el juez
Tal como reportó CriptoNoticias, la jueza Analisa Torres basó su sentencia en los preceptos de la prueba de Howey, un método usado en Estados Unidos para clasificar los activos como títulos valor. Esto, en función del cumplimiento de una serie de criterios entre los que destacan las expectativas de ganancias de los que invierten en ese valor, y el esfuerzo de quienes lo emiten para despertar tales esperanzas.
“Según ese tribunal los compradores de reventa (en exchanges) no podían saber si sus pagos iban al demandado (Ripple), a diferencia de la entidad de terceros (ventas institucionales) que les vendió la moneda”, cita Rakoff en el documento, haciendo alusión a la decisión de la jueza Torres.
Pero Howey no hace tal distinción entre compradores. Y tiene sentido que no lo hiciera. Que un comprador comprara las monedas directamente de los demandados o, en cambio, en una transacción de reventa secundaria no tiene impacto sobre si un individuo razonable vería objetivamente las acciones y declaraciones de los demandados como evidencia de una promesa de ganancias basadas en sus esfuerzos.
Juez del Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff
En consecuencia, Rakoff considera que las empresas demandadas sí se embarcaron en una campaña pública para alentar, tanto a los inversores minoristas como institucionales, a comprar sus criptomonedas promocionando su rentabilidad.
De esta forma, la postura del juez coincide con la de la SEC y se contrapone a los alegatos de muchos miembros de la comunidad de criptomonedas, que apoyan la idea de que la prueba de Howey no es el mejor método para catalogar a los tokens como títulos valor o no. Sobre todo, frente a las diferentes posturas que tienen otras agencias federales de Estados Unidos.
Es así como los argumentos del juez Rakoff, considerado uno de los juristas de derecho bursátil más respetado y experimentado en el sistema judicial federal de EE. UU., suman puntos a la incertidumbre que existe en ese país en torno a la regulación de las criptomonedas.
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