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El caso de Ripple expone que la prueba de Howey es errática para evaluar proyectos de criptomonedas.
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Es posible que la victoria de Ripple sea temporal y que pierda en caso de que la SEC apele.
A la luz de los acontecimientos, Ripple Labs obtuvo una victoria parcial en la batalla legal que libra contra la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos y el juicio que se lleva a cabo para determinar si el token XRP es un título valor (Security) o un producto básico (commodity).
Según la decisión de la jueza Analisa Torres, del Distrito Sur de Nueva York, el token XRP, emitido por Ripple fue un título valor al ser vendido a inversionistas institucionales y a capitalistas de riesgo; y, por lo tanto, fue comerciado de manera ilegal debido a que no estaba registrado.
Por otro lado, la orden emitida este 13 de julio por la jueza también se refiere a las ventas “programáticas”, que es el comercio del token XRP en el mercado secundario, es decir en exchanges, ventas directas o cuando fue usado para pagar a empleados.
Según el tribunal, en esos casos de ventas minoristas, el criptoactivo de Ripple no puede ser considerado un título valor, y por consiguiente no queda bajo la supervisión de la SEC.
En ese sentido, se entiende que, hasta esta etapa del juicio, Ripple no ha obtenido ninguna victoria definitiva, aunque tampoco ha perdido. Simplemente se anotó una conquista en una fase importante de un litigio que podría estar lejos de terminar.
De hecho, la jueza federal de distrito lo deja claro cuando señala, en la presentación del jueves, que el tribunal programará un juicio para tratar los asuntos que no se respondieron en el juicio sumario.
Y mientras llega el momento en el que se define la siguiente etapa, muchos miembros del ecosistema de las criptomonedas están tratando de entender ¿cómo es que un token puede ser considerado un título valor… solo a veces?
Un fallo extraño, basado en una prueba con más de 70 años
David Barrera, un participante activo del ecosistema de las criptomonedas, cataloga como “extraño” el fallo del tribunal sobre el caso de Ripple. “La jueza Torres intentó dividir al bebé de una manera que no deja satisfecho a nadie”, agrega.
Con ello, Barrera se refiere al hecho de que el fallo que el tribunal emitió el pasado jueves no parece tener ningún impacto significativo en la estrategia de “litigar para regular” que, hasta ahora, sigue la SEC.
Probablemente el punto neurálgico del asunto es que el organismo regulador se guía por la prueba de Howey para determinar si los activos digitales se ofrecen y venden como un contrato de inversión, con lo cual entrarían en la clasificación de valor financiero.
Según esta Prueba, surgida en 1946, es decir, hace 77 años, un criptoactivo es un valor financiero si cumple los siguientes criterios: hay una inversión de dinero, forma parte de una empresa común y existe una expectativa razonable de ganancias derivadas de los esfuerzos de otros.
En ese sentido, al evaluar las ventas institucionales de Ripple, el tribunal evaluó la prueba de Howey en su fallo de la siguiente manera:
- Vertiente uno: sobre la existencia de una inversión de dinero, el tribunal señala que “los demandados no discuten que hubo un pago de dinero; la Corte encuentra, por lo tanto, que este elemento ha sido establecido”.
- Vertiente dos: sobre la existencia de una empresa común, el tribunal señaló que sí la hubo porque “el expediente demuestra que había una combinación de activos y que las fortunas de los compradores institucionales estaban ligadas al éxito de la empresa, así como al éxito de otros compradores institucionales”.
- Vertiente tres: sobre la existencia de una expectativa razonable de ganancias derivadas de los esfuerzos de otros, el tribunal apuntó que las ventas institucionales de Ripple llevó a los compradores a tener «una expectativa razonable de ganancias derivadas de los esfuerzos empresariales o gerenciales de otros».
«Basándose en la totalidad de las circunstancias, el Tribunal determina que los inversores razonables, situados en la posición de los compradores institucionales, habrían comprado XRP con la expectativa de obtener beneficios de los esfuerzos de Ripple. En cada caso en que los demandados ofrecieron o vendieron XRP como un contrato de inversión, existió un contrato».
Fallo del juez en el juicio sumario del jueves 13 de julio.
No hay una victoria cantada para Ripple mientras el litigio esté lejos de terminar
Como lo informó CriptoNoticias con anterioridad, la prueba de Howey no aplica para todos los casos, aunque la SEC insiste en usarla como guía para comprobar que la mayoría de los criptoactivos, sin incluir a bitcoin y ether, son valores financieros y deben ser regulados como tales.
La postura de la SEC aplica principalmente para la mayoría de los tokens provenientes de las ICO (ofertas iniciales de moneda), pero la prueba de Howey no es totalmente convincente para catalogar a los tokens como valores o no. Sobre todo, frente a las diferentes posturas que tienen otras agencias federales de Estados Unidos.
El caso de Ripple subraya los límites de la prueba de Howey para clasificar a los criptoactivos como títulos valor o no, sobre todo porque la SEC ya tiene establecido que todos los tokens son valores.
La prueba de Howey dice, en resumen que, un contrato o esquema que involucra la inversión de dinero en una empresa común -con una expectativa razonable de ganancias que surjan de los esfuerzos empresariales o gerenciales de otros- es un acto jurídico.
Este tipo de contrato se conoce como “contrato de inversión” y, según la Ley Federal de Valores de 1933, se regula exactamente de la misma manera que un valor.
Sin embargo, sobre las ventas programáticas de XRP por parte de Ripple, el tribunal determinó que, “los compradores programáticos no podrían haber sabido si sus pagos de dinero fueron a Ripple o a cualquier otro vendedor de XRP”. Y añade que «un comprador programático estaba en los mismos zapatos que un comprador del mercado secundario que no sabe a quién estaba pagando su dinero».
El tribunal agregó que «los compradores programáticos adquirieron XRP con la expectativa de obtener ganancias, pero no derivaron esa expectativa de los esfuerzos de Ripple, particularmente porque ninguno de estos compradores sabía que estaban adquiriendo XRP de Ripple».
Pero en sí, el caso de Ripple no brinda claridad regulatoria o legal para los numerosos otros problemas regulatorios por los que navega el ecosistema de las criptomonedas en Estados Unidos. Ante estas lagunas, es probable que la SEC apele la decisión de la jueza, y de ser así, quedaría claro que la batalla legal entre Ripple y la SEC estaría penas comenzando.