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Medidas de antilavado y KYC se esparcirán por todo el mundo, porque vienen del GAFI, dice Bravo.
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Bravo llama a una regulación armónica de bitcoin, que sea más o menos igual en todos los países.
Si las empresas relacionadas con bitcoin (BTC) quieren mantenerse y operar en España, van a tener que acoplarse a la regulación que avanza a paso firme en ese país, que «ya es pionero» en tratar de imponerle un marco legal a la economía descentralizada.
Esa es la sugerencia del economista tributario español, José Antonio Bravo, quien mantuvo una entrevista exclusiva con CriptoNoticias. El especialista considera que las compañías que no quieran seguir la senda regulatoria, pueden pensar en migrar a otro territorio, aunque advierte que muchas de las exigencias ya vistas en España se esparcirán por el mundo.
Esto, sobre todo, en lo que tiene que ver con las leyes antilavado o la normativa «conoce a tu cliente» (KYC, por sus siglas en inglés), que pronto «serán obligatorias en casi todos los países del mundo porque vienen de un ente supraestatal, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)». «Y quien no lo haga, estará en una lista negra», señaló.
En lo que refiere a la tributación, sucede lo mismo. Una empresa tiene la facultad de ir a otro destino donde los impuestos sean más flexibles que en España, precisó Bravo. Recordó, en ese sentido, que, actualmente, la mayoría de los países son más «suaves» tributariamente hablando.
Ante eso, ve posible una fuga de empresas por la nueva normativa legal, pero no será de gran relevancia: «creo que no va a ser tan grave, las empresas contaban con este tipo de cosas, porque ya se mueven en un entorno regulatorio, para dar un aspecto de normalidad a los servicios con activos virtuales», dijo en una entrevista que puedes ver en nuestro canal de YouTube.
¿Cuáles son esas normativas para regular a bitcoin?
Como se ha reportado con regularidad en CriptoNoticias, España es actualmente un país que ha avanzado en la creación de un marco regulatorio para las criptomonedas. Allí, se han adelantado leyes que imponen ciertas restricciones y límites a las empresas que operan con bitcoin y a los inversionistas de criptomonedas.
Un primer caso es el registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), del Banco Central de España, el cual exige a exchanges y monederos digitales con sede en el país a presentarse ante el máximo ente monetario español.
También, está la ley antifraude, defendida por el Ministerio de Hacienda de España, que pone en desventaja a los exchanges de bitcoin españoles frente a los extranjeros, que no tienen que cumplir ningún tipo de responsabilidad con el Estado español.
Ese ministerio planea presentar tres modelos de declaración de impuestos. Dos de ellos, casualmente, van contra los exchanges, obligándoles, por ejemplo, a informar de movimientos y saldos de los clientes.
El último modelo va contra los inversionistas. Se trata del Modelo 721, una nueva versión del investigado 720, del cual se critica el régimen sancionatorio que impone a quienes no declaren sus tenencias, pero llevado a las criptomonedas.
Por ejemplo, no informar sobre las tenencias de criptomonedas en exchanges extranjeros, puede costar un importe de 5.000 euros por cada dato, o conjunto de ellos, de cada moneda virtual que hubiera debido incluirse en la declaración.
Si alguien declara fuera del lapso establecido o por los medios no aprobados por Hacienda, el importe de la multa será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual, con un mínimo de 1.500 euros.
El modelo para declarar bitcoins en el exterior debe ser recurrido apenas se publique
Hablando del 721, Bravo precisó durante la entrevista, que Hacienda tiene una jugada en mente, pues este mes se espera una decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el Modelo 720.
Esa norma fue introducida por el exministro Cristóbal Montoro en 2012, y fue cuestionada el año pasado por un magistrado, quien dijo que sus sanciones se oponían a los principios de la Unión.
Por eso, y ante la posibilidad de que ese modelo sea bloqueado, Hacienda adelantó el 721, que salva la parte sancionatoria, bajo una nueva ordenanza que tardaría unos tres años para ser nuevamente bloqueada por el TJUE.
Así, sostiene Bravo, «tendríamos que entrar en nuevo ciclo de recurrir esas sanciones porque son excesivas. Por eso, exhorta a los abogados tributarios a que recurran la norma apenas sea publicada.
Si el 720 queda anulado, el régimen sancionador del 721 hay que recurrirlo ya, en cuanto se publique, al día siguiente. Recurrirlo, porque no se puede caer en la trampa del gobierno.
José Antonio Bravo, economista tributario.
Una regulación armónica de bitcoin
Bravo llamó, durante la entrevista con CriptoNoticias, a una regulación armónica del mercado de criptomonedas, que sea más o menos igual en todos los países. De no ser así, vaticina un «esfuerzo en vano» por parte de los Estados, «porque no van a poder comprobar de ninguna manera si la información que se les da es cierta o no».
Y, también, proyecta una afectación en el desarrollo de la industria, «porque la regulación va a ir creando una serie de obligaciones bastante gravosas que van a hacer que los poseedores de criptomonedas vayan a empresas que ´pidan menos obligaciones y que sean más eficientes en este aspecto».
