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Franco dice que las criptomonedas aliviarán la crisis de divisas de Bolivia.
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La ley integral no es imprescindible para regular a la industria de las criptomonedas.
La llegada al poder del nuevo gobierno de Bolivia ha generado optimismo entre usuarios y empresas de criptomonedas, después de una década de prohibición estricta. Sin embargo, analistas como el abogado Ismael Franco González, especializado en regulación de activos digitales, advierten que el país está muy lejos de convertir bitcoin (BTC) en moneda de curso legal como hizo El Salvador en 2021.
En una entrevista exclusiva con CriptoNoticias, Franco calificó como señales positivas, aunque no determinantes para un cambio profundo gubernamental, tanto las palabras del ministro José Gabriel Espinoza como la decisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de prorrogar hasta 2026 el registro para proveedores de servicios de activos virtuales.
“Cuando el ministro habló de permitir criptomonedas en los bancos no estaba improvisando, más bien reflejaba una política pública negociada durante la campaña que incluye digitalización de activos y uso de blockchain en la gobernanza”, señaló el abogado.
Añadió que tanto el presidente como los ministros de Economía y el de la Presidencia, José Luis Lupo, coinciden en reemplazar la antigua prohibición por una regulación amigable con el ecosistema de las criptomonedas.
Los indicios sugieren una ruptura radical con el modelo vigente entre 2014 y 2024, años en los que predominó una política de mano dura impulsada por el Banco Central y la ASFI bajo el mandato del Movimiento al Socialismo (MAS).
Aquella etapa estuvo marcada por la Resolución N° 044/2014, el cierre masivo de cuentas a exchanges y barreras de registro insalvables, una realidad que Franco califica como «intervencionista y excesivamente regulatoria».
El Banco Central tiene la llave
A juicio del especialista, es fundamental que el Banco Central de Bolivia (BCB) avance hacia la validación de las stablecoins como medios de pago en el sistema nacional, hecho que prevé para el primer trimestre de 2026.
En su análisis, puntualiza que la medida no buscaría transformar a los bancos en exchanges, sino habilitar la colaboración con proveedores del sector y mantener la operatividad de las plataformas peer-to-peer (P2P) y fintech que hoy lideran el comercio de la stablecoin tether (USDT) en Bolivia.
Franco se muestra tajante respecto a la comparación con El Salvador. Sostiene que oficializar bitcoin y crear una aplicación estatal similar a la Chivo Wallet resulta inviable en el escenario boliviano de hoy. Sin embargo, destaca que, aun sin la repercusión mediática de Nayib Bukele, el cambio ayudará a aliviar la falta de divisas y favorecerá el flujo de remesas y el comercio exterior.
La crisis cambiaria es el principal motor del auge de las stablecoins en el país. Debido a la escasez de dólares físicos y al desfase del tipo de cambio oficial, ciudadanos y empresas optaron por migrar masivamente hacia USDT mediante Binance P2P y servicios similares. La magnitud del fenómeno es tal que, según el Banco Central, las transacciones con bitcoin y criptomonedas se dispararon un 630% entre julio de 2024 y mayo de 2025.
El Banco Central de Bolivia (BCB) implementó recientemente la publicación diaria de un «precio referencial» del dólar, una medida que, si bien transparenta las operaciones mayoristas por encima del tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos (BOL), no constituye una devaluación formal ni altera la contabilidad empresarial.
Sin embargo, economistas advierten que esta iniciativa es insuficiente para resolver la crisis estructural de escasez iniciada en 2023, ya que «publicar precios no crea dólares» ni restituye las Reservas Internacionales Netas (RIN), dejando al ciudadano común sin acceso real a la divisa estadounidense.
Es precisamente ante la persistencia de estas restricciones y la falta de liquidez en el sistema tradicional que se prevé que la adopción de criptomonedas siga tomando impulso en el país como vía alternativa de refugio y transacción.
Esta dinámica, consolidada por la necesidad de los usuarios de proteger su patrimonio frente a la incertidumbre cambiaria, hace ineludible y urgente la implementación de una regulación clara que ordene y brinde seguridad jurídica a este sector en expansión.
Aun así, Franco insiste en que este fenómeno es coyuntural. “Si el gobierno logra estabilizar el mercado de divisas, el uso de stablecoins podría reducirse”, resalta. En su opinión, el verdadero salto cualitativo llegará cuando la política pública promueva educación financiera y fomente no solo stablecoins, sino también DeFi, tokenización y oferta global de criptoactivos.
«La ley integral de criptomonedas no es imprescindible»
En el plano legislativo, el panorama permanece inactivo. Los dos proyectos de ley presentados en la gestión anterior caducaron sin debate. Franco no espera que se repongan.
Los proyectos pueden ser susceptibles de reposición por este nuevo marco político, es decir, que los asambleístas legislativos tienen el derecho de pedir reposiciones de proyectos de la pasada gestión. Sin embargo, no esperamos que se haga porque no hay la voluntad política de este hacer, o sea, renacer estos proyectos bajo tratamiento antiguo.
Ismael Franco, abogado especialista en regulación de criptomonedas.
En cambio, anticipa que el Ministerio de Economía podría impulsar reformas puntuales dentro de su paquete de medidas económicas. “Bajo el nuevo marco y las nuevas intenciones del gobierno pueden enviarse proyectos de ley que reformen la ley de servicios financieros, reformen el tema de aceptar las criptomonedas, sobre todo las stablecoins, como medios de pago”, detalló.
De no ocurrir a corto plazo, prevé que se materializará el año entrante. Pese a esto, el debate podría reactivarse tras la reciente entrega, el 29 de noviembre de 2025, de un proyecto al senador Erick Morón (CREEMOS) enfocado en criptoactivos y el valor de la moneda nacional. Con el apoyo del Colegio de Abogados de Santa Cruz y diversos economistas, la propuesta busca reabrir la agenda en el Senado.
Enfatiza, no obstante, que el avance no depende exclusivamente del Legislativo:
Digamos que hace falta voluntad política. El Banco Central podría fácilmente emitir una resolución de directorio para incorporar las criptomonedas a la resolución de medios de pago, lo cual sería una movida muy popular, muy buena para adoptar, sin necesidad realmente de una ley integral de adopción de criptoactivos. Así que quizá el gobierno tome esa vía antes que la legislativa.
Ismael Franco, abogado especialista en regulación de criptomonedas.
Esta vía administrativa coincidiría con la visión de figuras como el ministro Espinoza y Lupo, apodado “Crypto Lupo” por su experticia en políticas públicas para la industria, quienes podrían impulsar normas operativas que liberen al mercado de sus actuales restricciones.
Por ahora, Bolivia opta por una apertura pragmática y gradual que, según Franco, “no serán medidas bandera, pero sí estructurales” que podrían convertir al país en un caso de adopción silenciosa, pero efectiva de stablecoins en América Latina.
