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El plan contempla adquirir hasta 1 millón de BTC en un plazo de cinco años.
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El Departamento del Tesoro y el de Comercio siguen disputándose la posible administración del fondo.
Los planes del presidente Donald Trump para crear una reserva estratégica de bitcoin siguen sin materializarse. A más de un año de la orden ejecutiva que dio inicio al proyecto, la iniciativa enfrenta obstáculos legales y disputas entre agencias federales que mantienen en suspenso una de las principales promesas de la administración en materia de criptomonedas.
De acuerdo con un informe de Bloomberg, funcionarios del gobierno estadounidense aún debaten cuál organismo debería administrar la futura reserva. Entre las opciones analizadas figuran el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, mientras también persisten interrogantes sobre si existe una base legal suficiente para que el gobierno mantenga bitcoin como un activo estratégico de largo plazo.
El proyecto fue anunciado por Trump en marzo de 2025 mediante una orden ejecutiva que planteó la creación de una reserva estratégica de bitcoin, financiada inicialmente con criptomonedas obtenidas por el gobierno a través de decomisos penales y civiles. Además, instruyó a las agencias competentes a estudiar mecanismos para ampliar esas tenencias sin generar costos adicionales para los contribuyentes.
Sin embargo, 16 meses después, la iniciativa continúa en fase de evaluación. Según Bloomberg, las diferencias sobre qué entidad debe asumir la administración de la reserva y las dudas jurídicas sobre su implementación han ralentizado el proceso, pese a que la Casa Blanca sostiene que continúa analizando la estructura más adecuada para poner en marcha el plan.
En paralelo, legisladores republicanos impulsan propuestas para convertir la orden ejecutiva en una ley. Entre ellas destaca un proyecto presentado por la senadora Cynthia Lummis y el representante Nick Begich, que plantea autorizar la adquisición de hasta un millón de bitcoins durante los próximos cinco años mediante estrategias que no impliquen un aumento del gasto público.
No obstante, el respaldo del Congreso sigue siendo una pieza clave. Al tratarse de una orden ejecutiva, la iniciativa carece de la solidez jurídica de una ley federal y podría enfrentar mayores dificultades si cambia la composición política del Capitolio tras las próximas elecciones de mitad de mandato.
La incertidumbre también alcanza el destino de las reservas de bitcoin que ya posee el gobierno estadounidense, estimadas en más de 300.000 BTC, como indican los datos on-chain recopilados por firmas de investigación como BitcoinTreasuries. Aunque esos activos podrían convertirse en la base de la futura reserva estratégica, todavía no existe una definición oficial sobre el mecanismo legal para incorporarlos ni sobre el organismo que tendría la responsabilidad de administrarlos.
El retraso ha generado frustración dentro de la industria de los activos digitales. Cuando Trump anunció el proyecto, parte del mercado interpretó la medida como el inicio de una política de Estado que consolidaría a Estados Unidos como un referente mundial en la adopción institucional de bitcoin. Sin embargo, la falta de avances concretos ha moderado esas expectativas.
Más allá del retraso administrativo, el caso evidencia un desafío mayor: convertir una promesa política en una política pública permanente. La discusión ya no gira únicamente en torno a la creación de una reserva de bitcoin, sino a la capacidad del gobierno para establecer un marco legal e institucional que garantice su continuidad. Mientras esas dudas permanezcan sin resolver, la iniciativa seguirá dependiendo de decisiones administrativas y de un contexto político cambiante, lo que limita la certidumbre que esperan tanto los mercados como las instituciones interesadas en una mayor integración de los activos digitales en el sistema financiero estadounidense.
