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La propuesta nació tras la controversia por las memecoins de Donald y Melania Trump.
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La medida sostiene que ningún legislador debe lucrarse con industrias que puede regular.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand presentó una propuesta para impedir que el presidente de Estados Unidos, los miembros del Congreso y sus cónyuges puedan emitir o promover criptomonedas mientras ocupen cargos públicos.
La iniciativa, impulsada en el marco de las negociaciones de la ley Clarity, busca reforzar las normas éticas y evitar que los funcionarios obtengan beneficios económicos de un sector sobre el que tienen capacidad de regulación.
Al anunciar la propuesta, Gillibrand sostuvo que los servidores públicos no deberían lanzar memecoins ni otros activos digitales durante el ejercicio de sus funciones. La legisladora afirmó que la medida responde a un principio de transparencia y consideró que debería recibir apoyo de ambos partidos.
Aunque el texto no menciona de forma expresa al presidente Donald Trump,la senadora reconoció que la iniciativa surge tras la controversia generada por las memecoins asociadas a Trump y a la primera dama, Melania Trump. A su juicio, este tipo de operaciones puede afectar la confianza pública y complicar el avance de una regulación integral para el mercado de activos digitales.
La declaración financiera anual de Donald Trump, un documento de 927 páginas divulgado por la Oficina de Ética Gubernamental, reveló ingresos por más de USD 1.400 millones vinculados a actividades relacionadas con criptomonedas durante 2025. La mayor parte de esa cifra, unos USD 636 millones, provino de CIC Digital LLC, empresa asociada al licenciamiento oficial de la memecoin TRUMP. Sin embargo, a estas cifras se le suma que más de un millón de personas registraron pérdidas por USD 3.800 millones tras invertir en su memecoin, como indicó CriptoNoticias.
Tras la publicación del informe, el mandatario defendió sus inversiones en criptoactivos y negó cualquier irregularidad. Entretanto, el token TRUMP cotiza alrededor de USD 1,83, lo que representa un desplome superior al 97% respecto al máximo de USD 73,43 registrado poco después de su lanzamiento en enero de 2025.
La propuesta llega en un momento clave para la ley Clarity, considerada uno de los proyectos más relevantes para definir el marco regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos, como indicó CriptoNoticias. Sin embargo, la iniciativa ha encontrado obstáculos por diferencias sobre normas éticas, la regulación de activos tokenizados y el tratamiento de las recompensas vinculadas a emisores de stablecoins.
Gillibrand reiteró que espera que el Senado vote el proyecto antes del receso legislativo de agosto, aunque advirtió que será difícil reunir el respaldo necesario si antes no se atienden los posibles conflictos de interés de los funcionarios públicos.
No podemos permitir que el conflicto de intereses destruya la oportunidad de fortalecer la protección al consumidor, combatir las finanzas ilícitas y ampliar las oportunidades económicas para los millones de estadounidenses que nuestro sistema financiero ha dejado atrás.
Kirsten Gillibrand
El debate también revive discusiones surgidas durante la aprobación de la ley Genius en 2025, cuando fueron retiradas del texto final varias disposiciones relacionadas con los vínculos de Trump con el sector. La nueva propuesta tampoco incluye restricciones para otros familiares del presidente, por lo que quedan fuera actividades desarrolladas por sus hijos en proyectos como World Liberty Financial y American Bitcoin.
Una prueba del discurso ético
La propuesta de Kirsten Gillibrand también ha puesto el foco sobre su entorno familiar. En junio, la revista Fortune informó que su hijo, Theodore Gillibrand, obtuvo una financiación de USD 30 millones para su empresa en una ronda encabezada por Lux Capital.
La compañía, American Perpetuals Exchange Corp., fundada por el joven de 22 años, alcanzó una valoración cercana a los USD 300 millones y prevé solicitar autorización a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para ofrecer contratos de futuros perpetuos vinculados a acciones e índices.
Ante los cuestionamientos, la senadora ha sostenido que su hijo administra un negocio completamente independiente y que ella no tiene ninguna participación en sus operaciones. Además, recordó que durante años ha defendido restricciones para impedir que los legisladores negocien acciones mientras ejercen funciones públicas.
