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Empresas privadas colaboraron en el congelamiento de direcciones vinculadas a Irán.
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Stablecoins como USDT figuran entre los principales activos afectados.
Estados Unidos aseguró haber incautado alrededor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán, según declaraciones realizadas el 29 de mayo de 2026 por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante su participación en el Reagan National Economic Forum.
Bessent afirmó que las autoridades estadounidenses han logrado “agarrar directamente las wallets”, en referencia a la confiscación y congelamiento de fondos asociados a redes financieras iraníes utilizadas para evadir sanciones internacionales.
La nueva cifra representa una fuerte escalada frente a los montos reportados semanas antes dentro de la operación “Furia Económica”, la estrategia de presión financiera impulsada por Washington contra Teherán. Hasta abril, las cifras oficiales rondaban los 500 millones de dólares, principalmente en USDT emitido sobre Tron.
La operación combina sanciones económicas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), rastreo en redes de criptomonedas y cooperación con empresas privadas del sector. Parte de las acciones incluyó el congelamiento de direcciones señaladas por autoridades estadounidenses y la colaboración de emisores como Tether.
Según funcionarios estadounidenses, Irán ha utilizado criptomonedas para movilizar recursos vinculados al comercio petrolero sancionado y al financiamiento de operaciones regionales. Las investigaciones apuntan especialmente al uso de stablecoins debido a su facilidad para mover grandes volúmenes de capital fuera del sistema bancario tradicional.
El incremento desde los 344 millones de dólares, inicialmente reportados por CriptoNoticias, hasta los actuales 1.000 millones refleja la expansión de las capacidades de análisis on-chain utilizadas por gobiernos y empresas especializadas. Aunque las criptomonedas suelen asociarse con resistencia a la censura y autonomía financiera, las redes públicas permiten rastrear movimientos de fondos con altos niveles de precisión cuando intervienen plataformas centralizadas o emisores capaces de congelar activos.
Las declaraciones de Bessent reavivan el debate sobre privacidad y control dentro del ecosistema de criptomonedas. Mientras algunos sectores consideran que estas acciones evidencian una creciente capacidad estatal para monitorear operaciones financieras digitales, otros sostienen que la trazabilidad de las redes públicas se está consolidando como una herramienta clave para combatir evasión de sanciones y actividades ilícitas.
Por ahora, el Departamento del Tesoro no ha publicado un informe técnico completo detallando cómo se alcanzó la cifra de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el anuncio deja claro que las criptomonedas ya ocupan un lugar central en los conflictos económicos y geopolíticos globales.
El caso también puede anticipar un escenario de mayor presión regulatoria y cooperación entre gobiernos, emisores de stablecoins y empresas de análisis de transacciones. Al mismo tiempo, podría acelerar el interés por herramientas enfocadas en privacidad, autocustodia y métodos de transferencia menos dependientes de intermediarios capaces de congelar fondos por orden estatal.
