La Bitcoin City de Honduras: un paraíso en peligro de extinción

La ciudadela de Bitcoin que se consolida en Roatán, una de las Islas de la Bahía de Honduras, está en riesgo de desaparecer, ahora que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país tomó la decisión de derogar a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) por considerarlas inconstitucionales.

La medida fue tomada 10 meses después de que el Congreso Nacional de Honduras sesionara para derogar los decretos que permitían la creación y existencia de las ZEDE. En uno de estos espacios, considerados por muchos, como ciudades modelo, se desarrolla Próspera, una ciudad charter o territorio autónomo en la que se promueve una economía circular de bitcoin, con el activo digital no solo como moneda de curso legal, sino también como unidad de cuenta.

Así que por la importancia que tiene bitcoin en Roatán, donde también existe un centro para el aprendizaje y promoción de la adopción de la moneda digital pionera, la ciudadela hondureña emergió rápidamente como una de las más importantes de Latinoamérica. En la región también tienen peso otras como Bitcoin Beach de El Salvador, Bitcoin Jungle de Costa Rica y Praia Bitcoin de Brasil.

Las miles de ciudadelas de bitcoin que existen en el mundo, enfrentan desafíos, ya que apenas son proyectos que buscan crecer y alcanzar sus objetivos, pero ninguna está en riesgo de ser expropiada, como puede suceder con la de Roatán, en caso de que así lo decida el gobierno de Xiomara Castro.

Tal como lo reseñan los medios locales, la CSJ debe pronunciarse sobre el status de los empleos otorgados a los hondureños por las empresas instaladas en las ZEDE. Esto debido a que, según el juicio de algunos juristas, las operaciones de estas empresas deben respetarse ya que están amparadas en tratados internacionales firmados por el gobierno de Honduras.

La ZEDE de Próspera, que aglutina a varias empresas extranjeras, genera al menos 3.000 empleos. Entre ellos están los generados por la empresa AmityAge, la cual promueve la educación sobre bitcoin en Roatán e impulsa el turismo en la región.

Fidel Fúnez, un hondureño y uno de los educadores de Amity Age, catalogó a la decisión de la CSJ como un «ataque» para la ciudadela de bitcoin. «Yo soy testigo de cómo la educación que brindamos está impactando admirablemente la vida de los estudiantes en Roatán. Si no fuese por Próspera, ¡no existiría Amity Age en Honduras!», dijo.

Un debate encendido que salpica a una Bitcoin City

La ciudadela de Roatán, también conocida como Bitcoin City, comenzó a ejecutarse en el año 2020 después que los empresarios comprometidos con su desarrollo se apoyaran en las leyes nacionales que les permitían convertir a ciertas áreas del territorio nacional en «régimenes especiales». En ellos, los inversionistas estarían a cargo de la gobernanza de la zona, de manera autónoma.

Las bases de la creación de las ZEDE se convirtieron en leyes en 2011 y luego, se transformaron en la clave de las promesas para la reelección del entonces presidente Juan Orlando Hernández, quien para ganar la reelección de 2017, promedió crear 600.000 nuevos puestos de trabajo para los hondureños.

La idea para lograrlo era «dar un salto en materia de atracción de capitales» y su trampolín serían las ZEDE. No obstante, las zonas especiales nacieron en medio de la polémica, con algunos políticos contalogándolas como «territorio anárquicos», fuera del marco de la ley hondureña.

Para entonces, la Corte Suprema de Justicia se había manifestado en contra de la creación de las llamadas «ciudades modelo» al declarar inconstitucional la Ley de 2011. A pesar de ello, en diciembre de 2012, el legislativo tomó medidas drásticas al ordenar la destitución de cuatro de los seis magistrados de la Sala de lo Constitucional que habían frustrado el proyecto.

Posteriormente, y tras realizar algunas reformas menores, en junio de 2013, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, poco antes de que Juan Orlando Hernández quedara reelecto como presidente de Honduras. Su sucesora, Xiomara Castro, prometió luego eliminar las ZEDE cuando se convertiera en presidenta.

Y ahora cuando la CSJ ha declarado como inconstitucionales a las ZEDE, algunos usuarios de la red social X opinan al respecto. Cuestionan al Estado por «el desastre que tenemos» (6 de cada 10 hogares viven en la pobreza en el país).

Por ello pide al Subsecreatrio de Finanzas hondureño Roberto Carlos Ramírez, que se fijen en modelos alternativos que están arrojando buenos resultados en otros lugares. «Una economía circular basada en bitcoin es un modelo que se debería replicar en el resto de Honduras: +Empleo -Estado = Éxito», señala el usuario.

Bitcoin ya tiene raíces hondureñas

En todo caso, la derogación de las leyes que sustentan a las ZEDE se está haciendo en medio de un clima de incertidumbre jurídica. Esto tomando en cuenta que la decisión de la CSJ ha generado opiniones encontradas en torno a la interpretación de la Constitución de la República y la posibilidad de reformar sus artículos considerados intangibles o «pétreos«, los cuales son leyes o normas tan sólidas y fundamentales que no pueden ser derogadas o modificadas con facilidad, como lo señala el abogado Joaquín Mejía Rivera.

Mejía recalcó que el fallo de la Corte Suprema no viola la Constitución, sino que busca «restablecer el orden jurídico», ya que considera que la creación de las ZEDE fue resultado de un proceso que no cumplió con los requisitos dispuestos por la ley fundamental.

El especialista en derecho constitucional cree que después la decisión de la CSJ, a las autoridades hondureñas les queda poner en claro a las ZEDE y que se resuelva jurídicamente y en la práctica lo que están haciendo las empresas que ocupan territorio hondureño.

Mejia cree conveniente que lo mejor es que el gobierno solicite toda la documentación legal que han ido adquiriendo a lo largo de los años, desde licencias ambientales hasta permisos municipales, toda aquella documentación que una inversión tiene. De tal manera que revisen la constitución de estos proyectos para cerciorarse de que están actuando de conformidad con las demás leyes nacionales y, de ser necesario, que cierren operaciones.

Adicionalmente se cree que con la decisión de la CSJ lo que vendrá a continuación es la expropiación de las inversiones en estas zonas económicas especiales, para detener su avance definitivo.

Mientras tanto, continúa el debate entre juristas. Las discusiones son representativas de una lucha más amplia por definir los límites del poder en Honduras, así como el respeto a la Constitución como la norma suprema. No obstante, el debate se intensifica cuando se menciona el impacto económico de las ZEDE, donde no solo hay más de 3.000 empleos en juego, sino también una inversión que supera los 150 millones de dólares.

Los representantes de la iniciativa privada sostienen que esta decisión de inconstitucionalidad no solo afecta los derechos de los inversionistas, sino que también puede provocar un efecto en cascada sobre la estabilidad económica del país, así como para la comunidad que gira en torno a bitcoin en Latinoamérica.

Sin embargo, mientras se define lo que sucederá con las zonas económicas especiales, lo que sí es definitivo es que la adopción de bitcoin ya tiene raíces en Honduras, pues será imposible echar para atrás el aprendizaje que han adquirido adultos y niños que habitan en Roatán. donde seguramente seguirá avanzando la educación sobre la moneda digital pionera. Es algo que muchos ven cada vez más importante, desde que el Banco Central de Honduras prohibió a los bancos operar con bitcoin y otras criptomonedas.