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Abogados de ATH21 analizaron la actualización de la guía del GAFI publicada la semana pasada.
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La regla de viaje es una de las medidas que más se ha tratado de moderar, según la firma.
Una actualización previsible, pero con recomendaciones dudosamente aplicables. Esa es la conclusión que ofrece la firma española de abogados especializados en el mercado de criptomonedas ATH21 sobre la Guía de Regulación de Criptomonedas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En un documento compartido en su página web oficial, el bufete da una mirada objetiva de los puntos actualizados en la guía, los cuales son de gran relevancia para el entorno de las criptomonedas.
En el análisis, aclaran que el documento contiene «determinadas recomendaciones considerablemente restrictivas» y que, para que los países puedan adoptarlas, tienen que hacer un esfuerzo «desbordante». «No solo por el número de personas que requerirán para ello, sino sobre todo por el grado de conocimiento técnico que vayan a necesitar», aclaran.
Según ATH21, el GAFI reconoce que sus recomendaciones no son aplicables a las operaciones P2P, pues se busca regular a un intermediario o sujeto obligado. Sin embargo, destaca que esta aplicación DeFi será catalogada como intermediario y, por tanto, entrará en el renglón de proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV), los cuales pueden ser regulados.
Esto porque los creadores, propietarios, operadores o cualesquiera otras personas que mantengan el control o influencia suficiente, «estarán siendo proveedores de servicios de activos virtuales», que están sujetos a las leyes contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Explica la firma que el GAFI comprende que las plataformas y protocolos que permiten las transferencias directas entre usuarios, en algún punto, terminarán siendo reconocidas como PSAV.
«Por lo que ni siquiera la automatización de procesos diseñados para ejecutar un servicio cubierto por estas recomendaciones, evitaría que pudiera identificarse un punto de control al que exigir las obligaciones», sostienen.
Eso sí, contempla la posibilidad de que un creador o desarrollador ceda el control por completo sobre un protocolo, dejando de ser considerado un PSAV, siempre y cuando hubiese embebido en el código informático las medidas necesarias para poder cumplir con estas recomendaciones.
ATH21, firma de análisis del mercado de criptomonedas.
La semana pasada, el GAFI publicó la actualización de su guía de regulación, en donde, entre otras cosas, mostraron interés por disminuir las transacciones P2P, mediante las cuales, según ellos, se cometen muchos de los delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Según especifican, los países pueden considerar e implementar «opciones apropiadas» para mitigar los riesgos de delitos a nivel nacional, como controles equivalentes a informes de transacciones monetarias (como un estado de cuenta bancario) o hasta una regla de mantenimiento de registros relacionados a esas transferencias, tal como lo reportó este periódico.
Regla de viaje, una de las medidas que más se ha tratado de moderar
La firma se centró en la regla de viaje, igualmente mencionada por el GAFI. Sugieren que es una de las medidas que con más «ahínco» se ha tratado de moderar «desde los lobbies cripto», algo que se ha conseguido, pues el nivel de exigencia ha bajado.
La regla de viaje, en un breve resumen, aplica cuando se hace una transferencia superior a USD 1.000 entre dos PSAV. Cuando pasa, una de éstas le debe compartir a otra los datos del usuario, previamente recopilados y verificados.
La regla -indican- implica que ante una transacción de criptoactivos, el sujeto obligado (PSAV) debe identificar no solo al beneficiario de ella, sino al originador.
Aclaran que el GAFI sigue viendo necesario que la tecnología de los proveedores de servicios identifique a los participantes, así como que recoja la información necesaria, incluso si se trata de operaciones pequeñas, excluyendo la notificación a las autoridades.
«En caso de que el PSAV no pueda materialmente hacerlo, la obligación podrá recaer sobre su propio cliente, que es quien recibiría los fondos de ese wallet no custodio», señala ATH21.
Regulación del mercado todavía «defectuosa»
ATH21 no ha sido la única firma que ha analizado la nueva entrega del GAFI. En días pasados, Coin Center mostró su postura en torno al documento que busca regular a las criptomonedas. Para ellos, sigue siendo «defectuoso».
El análisis publicado por los investigadores en su sitio web señala que en la nueva versión de la guía del GAFI persiste el «enfoque expansivo». Con esto se refieren a que el lenguaje usado en el documento es excesivamente amplio y vago, lo que dificultaría a los legisladores de los países miembros fijar límites claros para la regulación de las criptomonedas.
De hecho, Coin Center advirtió que varias de las definiciones de la guía podrían tener «graves implicaciones para los derechos humanos» y que la nueva entrega sería incompatible con los estándares de justicia, que exigen la ausencia de zonas grises o casos difíciles.
