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El organismo concluyó que el presidente Milei no se benefició de lo ocurrido con libra.
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El escándalo ha generado demandas incluso en Estados Unidos.
La Oficina Anticorrupción de Argentina concluyó que el presidente Javier Milei no incurrió en ninguna violación a la ley de ética pública por haber divulgado el lanzamiento del criptoactivo libra a través de su cuenta personal en la red social X el pasado febrero.
Según la resolución oficial, que fue publicada con fecha del 5 de junio, Milei actuó en calidad de ciudadano y economista, sin utilizar su rol institucional ni los canales formales del Estado.
El organismo argumentó que las publicaciones del presidente no constituyen actos de gobierno, ya que fueron realizadas desde una cuenta personal que precede tanto su actual mandato como su desempeño anterior como diputado.
En ese sentido, se enfatiza que las redes sociales personales de los funcionarios no deben ser interpretadas como medios oficiales del Estado, salvo que así se indique expresamente.
El caso libra cobró notoriedad cuando el token, asociado a una narrativa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas argentinas, se desplomó drásticamente luego de una fuerte subida de precio impulsada por la mención de Milei. Esto se dio en medio de temores que surgieron sobre si se trataba de una estafa, ante sus retiros de liquidez y acumulación de monedas en pocas wallets, como lo reportó CriptoNoticias.
Si bien el presidente argentino eliminó rápidamente la publicación ante la incertidumbre sobre el proyecto, la caída habría devorado el dinero de miles de traders.
Pese al impacto financiero y la polémica que generó, la Oficina Anticorrupción no encontró evidencia de que el presidente se beneficiara del episodio ni tuviera vínculos con las personas detrás del proyecto, incluyendo a la firma Kelsier Ventures y los desarrolladores Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El documento oficial también deslinda de responsabilidades a Sergio Morales, exasesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aunque sugiere que el organismo evalúe la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo para determinar si pudo haber utilizado información privilegiada en beneficio de terceros vinculados a la iniciativa libra.
Cabe aclarar que la Oficina Anticorrupción de Argentina, aunque depende del Poder Ejecutivo, no guarda relación con el organismo especial creado por el propio presidente Milei para investigar el caso. Ese otro ente, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), fue disuelto mediante el Decreto 335/2025 publicado el 19 de mayo, por haber cumplido con su propósito: recabar información sobre libra y remitirla al Ministerio Público.
Aunque la resolución de la Oficina Anticorrupción representa un cierre administrativo en lo que respecta a la ética pública del gobierno en el caso, investigaciones judiciales siguen abiertas tanto en Argentina como en el exterior, centradas en esclarecer posibles responsabilidades penales y financieras derivadas del escándalo.
En Estados Unidos, el estudio jurídico Moyano & Asociados, con sede en Pensilvania, presentó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia y el FBI. En ella, se acusa a los principales promotores del proyecto libra —incluyendo al presidente Milei y al consultor Hayden Mark Davis— de haber encabezado una operación fraudulenta que perjudicó a ciudadanos de distintas nacionalidades.
Además, a principios de abril salió a la luz que el exfiscal neoyorquino Timothy Treanor dirige una demanda colectiva ante la Corte Federal de Nueva York. El especialista en delitos financieros vinculados a criptoactivos sostiene que el lanzamiento de libra estuvo plagado de irregularidades y manipulaciones de mercado que engañaron a miles de inversores de buena fe.
Desde el inicio del caso, el presidente Milei ha sostenido que no cometió ninguna falta. En su momento, llegó a declarar que quienes participaron en el proyecto libra lo hicieron bajo su propia responsabilidad, comparando la inversión con una apuesta en el casino.
