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Cuentas vinculadas habrían transferido fondos a redes ligadas a personas sancionadas por EE. UU.
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La UIF señaló que por el momento no hay indicios de ataques planeados en Argentina.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina ordenó el congelamiento de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, ante la detección de posibles vínculos con redes internacionales de financiamiento del terrorismo.
El operativo se puso en marcha una vez que la UIF recibió información proveniente de dos fuentes, una internacional y otra local, que alertaron sobre movimientos sospechosos en el ecosistema de los criptoactivos.
Con base en esta información, se realizó un análisis de trazabilidad que permitió detectar vínculos entre transacciones originadas en Argentina y cuentas previamente señaladas por organismos como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, y la Oficina Nacional para el Financiamiento contra el Terrorismo (NBCTF) de Israel.
La investigación se centra en dos personas. Uno de los principales sospechosos reside en Argentina y tiene pasaporte ruso. Su identidad se mantiene en reserva por razones judiciales, pero las autoridades confirmaron su vinculación con operaciones en exchanges y plataformas de criptomonedas.
Las cuentas asociadas a esta persona habrían canalizado fondos hacia estructuras más amplias, relacionadas con personas sancionadas por Washington por colaborar con grupos extremistas.
El otro señalado es un sospechoso que reside en el extranjero y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su presunta participación en el financiamiento de Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), un grupo insurgente vinculado a la antigua filial siria de Al Qaeda, el Frente al-Nusra.
Aunque HTS declaró su separación de Al Qaeda, numerosas agencias internacionales continúan considerándola una organización extremista activa.
La UIF basó su actuación en el artículo 6 de la ley 27.734, que autoriza el congelamiento administrativo de activos ante sospechas fundadas de vínculos con el terrorismo. La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo durante la feria judicial, avaló la medida y luego remitió el caso al juzgado de Julián Ercolini.
Aunque los montos iniciales de las transacciones eran bajos, la investigación reveló que los fondos terminaban en cuentas con saldos mucho más elevados.
Según medios locales, la UIF aclaró que hasta ahora no se han identificado planes de ataques dentro del territorio argentino que tengan relación con estas maniobras.
Sin embargo, señalaron que Argentina, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debe actuar de manera preventiva ante cualquier señal de actividad financiera irregular relacionada con el terrorismo, sin importar el monto involucrado.
Es por ello que culminaron en el congelamiento de los activos digitales y no han dado a conocer qué plataformas de billeteras virtuales utilizaban o si la operación contó con la colaboración de algún exchange de criptomonedas registrado en el país.
La investigación continúa bajo reserva y se esperan nuevas medidas en coordinación con la Justicia y organismos internacionales.
Cabe destacar que en 2024 Argentina logró evitar su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una clasificación que castiga a los países con fallas en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Como reportó CriptoNoticias, esta decisión se basó en un extenso proceso de evaluación que incluyó una visita técnica del organismo en marzo de 2024, y motivó al gobierno nacional a reforzar su marco regulatorio sobre criptoactivos, incluyendo la creación de un registro obligatorio para exchanges.
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