342 bitcoin confiscados desaparecen de wallets bajo custodia estatal, ¿qué pasó?

La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur inició una auditoría interna tras detectar que 342 bitcoin (BTC, que estaban bajo custodia como evidencia criminal, fueron drenados de hardware wallets.

El incidente compromete la integridad del sistema de almacenamiento judicial en un momento de máxima presión regulatoria sobre la gestión de activos digitales centralizados. El desglose de las pérdidas revela deficiencias operativas en varias jurisdicciones.

En noviembre de 2021, la comisaría del distrito Gangnam, al sureste de Seúl, incautó 22 bitcoin relacionados con delitos financieros. Los activos se almacenaron en un dispositivo físico diseñado para aislar las claves privadas de la red.

No obstante, pese a que el equipo permaneció físicamente intacto, la auditoría de febrero de 2026 confirmó que los fondos fueron transferidos a una dirección externa, sin que los sistemas de alerta detectaran el movimiento. Los fondos fueron transferidos poco después de la suspensión del caso que causó la incautación, hace casi 5 años.

Un escenario de mayor escala afectó a la Fiscalía del Distrito de Gwangju, al suroeste del país. Durante una investigación sobre apuestas ilegales, la entidad tomó control de 320 bitcoin.

Según el registro oficial, el 21 de agosto de 2025 un empleado administrativo accedió a un sitio de phishing durante el proceso de transferencia de activos, exponiendo las claves de acceso. La salida de los fondos no se confirmó hasta una revisión rutinaria el pasado mes de enero.

Hasta el momento de la edición de esta nota, 15 de febrero de 2026, las autoridades de Gyeonggi del Norte, encargadas de la investigación criminal, no han logrado recuperar los fondos ni identificar a los receptores finales de las transferencias.

Fallas en la cadena de custodia estatal de bitcoin

Esta brecha de seguridad se suma a un historial crítico. Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, señaló que «el gobierno coreano ha incautado 2.333 BTC y ha perdido 1.742 BTC», lo que equivale al 75% de los fondos custodiados.

Ju atribuye esta merma directamente a fallos internos, cuestionando la autoría de las transacciones al sugerir que «en cada investigación, alguien accedió a las claves privadas y se apoderó de los fondos».

El debate destaca cómo la ausencia de protocolos de multifirma (multi-signature) en las incautaciones surcoreanas aumenta el riesgo de malversación o compromiso técnico.

A diferencia de Seúl, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. emplea estructuras de gobernanza delegada, donde se requieren múltiples autorizaciones físicas y digitales para movilizar activos. Esto ha permitido mantener un registro de cero pérdidas.

Mientras que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. emplea estructuras de gobernanza delegada, donde se requieren múltiples autorizaciones físicas y digitales para movilizar activos, los casos surcoreanos muestran una dependencia de accesos individuales. Tal hecho aumenta el riesgo de error humano o compromiso técnico.

No obstante, estos riesgos en la custodia estatal no son un fenómeno exclusivamente relacionado con brechas técnicas y equivocaciones, sino también con la integridad del personal. El caso de Shaun Bridges, ex agente del Servicio Secreto de EE. UU., sirve como referencia histórica.

Bridges, vinculado a la investigación de Silk Road, se declaró culpable de lavar activos incautados a través de plataformas como BTC-e y MtGox, como lo informó CriptoNoticias en su momento. En su segunda condena, se demostró que había robado 1.606 BTC pertenecientes al gobierno de EE. UU. El ex agente federal confesó haber tomado los bitcoin.

Actualmente, Washington ha evolucionado hacia la idea de crear una «reserva estratégica» con el BTC incautado. Ello, bajo la Orden Ejecutiva 14233. A pesar de ello, el precedente de Bridges subraya que, si no existen auditorías en tiempo real, la custodia por parte del Estado es vulnerable tanto a la infiltración externa como a la corrupción interna.