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Las agencias han avanzado con propuestas detalladas, pero no han publicado las versiones finales.
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La ley entra en vigor pleno el 18 de enero de 2027 o 120 días tras publicar el Reglamento.
Este 18 de julio se cumple exactamente un año desde la promulgación de la Ley GENIUS, el marco legal creado -de forma específica- para regular las stablecoins en Estados Unidos.
La norma exige que al pasar 365 días tras la aprobación, las agencias federales que regulan instituciones financieras publiquen las reglas finales que permitirán la implementación de la Ley , tal como señala la cronología aprobada en 2025. Sin embargo, hasta este momento, no se han dado a conocer las versiones finales de estas normativas.
De acuerdo con el Rastreador de reglamentación de Chapman and Cutler, las agencias han avanzado con propuestas detalladas. Se refieren particularmente al trabajo realizado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Reserva Federal (FED), el Departamento del Tesoro, FinCEN, OFAC, y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
Todas estas oficinas ya emitieron avisos de Propuesta de Reglamentación (NPRM, por sus siglas en inglés) entre febrero y junio de 2026. Se trata de un anuncio público formal sobre su intención de crear, modificar o eliminar una regulación.
Actualmente, se están cerrando los periodos de solicitud de comentarios al público (algunos en fechas tan recientes como el 17 de julio). Tal como informó Criptonoticias, estos periodos de consulta pública suelen ser de 60 días, un tiempo para que los participantes del mercado y otros interesados presenten sus observaciones sobre las reglas propuestas.
Una vez se cierren los periodos de comentarios, hay que esperar que las agencias analicen los miles de comentarios y sugerencias recibidos y preparen la versión final del Reglamento. Un proceso que tomará unos cuantos meses.
Todo apunta entonces a un incumplimiento del tiempo establecido. Una situación que, aunque no genera sanciones automáticas ni «apagón» inmediato, sí causa atrasos en la implementación regulatoria, pues la ley no establece penalidades directas por incumplir con estos lapsos.
Se trata de un atraso que se suma al estancamiento que experimenta actualmente CLARITY, la ley que complementa a GENIUS en la regulación que el gobierno de Donald Trump prometió para el ecosistema de Bitcoin.
Se alarga así el tiempo de espera y se seguirá operando en una «zona gris» regulatoria, aun cuando ya son varias las empresas y bancos (principalmente las grandes, como Cicle) que se preparan para ajustar sus operaciones, anticipando una presión de cumplimiento.
Una espera que genera incertidumbre
Tomando en cuenta la fecha de promulgación de GENIUS (18 de julio de 2025) la ley debería entrar en pleno vigor 18 meses después, esto es, el 18 de enero de 2027. Pero como las reglas no han sido publicadas, ese plazo se retrasa hasta 120 días que serán contados cuando se publique el Reglamento.
Se está entonces ante una prórroga que genera incertidumbre para la mayoría de los actores del mercado, que también esperan por CLARITY.
Bajo este panorama aumenta la inquietud. Esto, porque los emisores de stablecoins quieren tener claro cuáles son las reglas prácticas sobre reservas, sobre cómo deben avanzar con la identificación de sus clientes, sobre la forma de implementar programas contra el lavado de dinero y los mecanismos para prevenir la financiación del terrorismo.
Todo esto, además de saber cuáles son las normas para la aplicación de sanciones y para el cumplimiento de requisitos de capital, liquidez y custodia.
¿Se atenderán las críticas?
La espera por GENIUS prolongará la fecha desde la cual comenzará a correr un reloj de tres años de transición para que los proveedores de servicios digitales se registren. Esto, hasta que las operaciones con stablecoins sean ejecutadas solamente por entidades autorizadas.
Por lo que sabe, el Reglamento que se implementará también exigirá mantener las reservas de las stablecoins 1:1 en activos de alta liquidez, prohibiendo pagar intereses o rendimientos por el ahorro en este tipo de monedas.
En materia de prevención de ilícitos, se aplicarán normas estrictas de KYC (conoce a tu cliente), dando a las agencias gubernamentales potestad para aplicar sanciones, incluso con capacidad técnica para congelar activos.
Hasta el momento, bancos, asociaciones y emisores han hecho públicas sus críticas a muchas de estas propuestas, aun cuando celebran la claridad regulatoria y el impulso a la innovación estadounidense.
Cuestionan la rigidez en los requisitos de reservas y capital, que podría reducir la competitividad frente a emisores extranjeros, y consideran que hay discrecionalidad supervisora. También temen a posibles barreras para stablecoins más pequeñas, y al impacto de la prohibición estricta de intereses.
De ahí que hayan pedido mayor armonización entre las agencias, flexibilidad en normas de custodia y que las reglas finales no creen riesgos no intencionados de estabilidad financiera. Si se tomaron en cuenta o no estas peticiones para definir el Reglamento, solo se sabrá una vez que las agencias publiquen las reglas finales.
