Rusia prohíbe el uso de activos financieros digitales como medio de pago y limita a 10.000 rublos por cada proyecto, unos 130 euros al tipo de cambio actual, la compra de tokens en ICOs (Oferta Inicial de Moneda) a los inversores no acreditados. Así consta en el proyecto de ley de activos financieros digitales que ha sido remitido a la Cámara Baja del Parlamento ruso el pasado 20 de marzo. El documento legal que ha llegado a la Duma y que podría aprobarse en el verano, tiene su origen en un texto previo redactado por el Ministerio de Finanzas y el Banco Central Ruso el pasado mes de enero.
Pese al carácter pionero e innovador del documento, resulta llamativa la prohibición que se hace en el texto del uso de activos digitales como medio de pago en la Federación Rusa. De tal manera, que tanto criptodivisas como tokens, sólo podrán ser utilizados en Rusia como depósito de valor o activo financiero, pero no como un medio de pago.
Sobre el significado de la redacción que este apartado puede tener en la práctica, Rafael del Castillo Ionov, abogado experto en transacciones internacionales con criptomonedas y buen conocedor de todo lo que sucede en el mercado ruso, ya que cuenta con despacho en Moscú, explicó a CriptoNoticias que “técnicamente, no se permitiría el pago en criptodivisas o tokens, esto es, una transacción de dichos activos a cambio de unos bienes o servicios, pero nada impide que sí pueda ejecutarse en la práctica a través de sistemas en los que el activo digital se convierte inmediatamente en rublos y el pago se realiza en moneda de curso legal”.
El proyecto de ley de activos financieros digitales ruso también regula las ICOs (Oferta Inicial de Moneda), diferenciando entre inversores acreditados y no acreditados. Así, los inversores no acreditados tendrán limitada su inversión en tokens por cada proyecto, hasta un límite de 10.000 rublos, unos 130 euros al tipo de cambio actual. En palabras de Del Castillo, supone un límite de inversión bastante bajo. “A modo de comparación, la legislación española sobre plataformas de financiación participativa (crowdfunding), Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial establece en el art. 82.1 un límite de 3.000 euros por proyecto para inversores no acreditados”, argumenta.
En cuanto al procedimiento, el texto recoge la necesidad de publicación de una oferta de emisión en internet, a través de la página web del proyecto y un memorando de inversión (white paper). El proyecto de ley también establece los datos básicos sobre lo que ha contener el memorando de inversión: información sobre el emisor y los accionistas, estructura de los órganos de gobierno del emisor, finalidad de la emisión de los tokens, un plan de negocio, etc.
El proyecto de ley también centra su atención en las casas de cambio, estableciendo que sólo podrán ser personas jurídicas y que deberán obtener licencia de brokers, de dealers o de sociedades gestoras de valores o, alternativamente, cumplir los requisitos establecidos por la ley federal de mercados organizados.
Sobre este aspecto, Rafael precisa que “entre las tendencias normativas mundiales destaca la atención tanto por legisladores, supervisores de mercados y autoridades tributarias de las casas de cambio. La tendencia regulatoria irá por la exigencia de un riguroso cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, identificando a los clientes y los fondos que traen a dichas plataformas. También es muy probable que la mayoría de casas de cambio necesiten obtener algún tipo de licencia, bien reconduciéndolos a los tipos ya existentes en la correspondiente normativa o bien creando una licencia nueva específica para este tipo de actividades”.
El proyecto de ley ruso también propone definiciones legales de criptodivisa, minería, transacción digital, activo financiero digital, operador de intercambio de activos digitales, token y smart contract. Así, define activo financiero digital como «bien en formato electrónico creado usando métodos criptográficos» y determina que «los derechos de propiedad sobre dichos bienes se confirman mediante la inserción de inscripciones digitales en el registro de transacciones digitales». También declara expresamente que se consideran activos financieros digitales las criptodivisas y los tokens.
En cuanto a la definición de minería, el documento expresa que es una «actividad emprendedora orientada a la creación de criptodivisas y/o validación con fines de obtener una compensación en criptodivisas». De los smart contracts detalla que son «contratos en formato electrónico en los que se ejecutan derechos y obligaciones de forma automatizada». Sobre el token afirma que es un «activo financiero digital que se emite por una persona jurídica o empresario autónomo (emisor) al objeto de captar financiación.
Respecto a la redacción del proyecto, Del Castillo expresó a este diario que, en términos generales, y a falta de conocer la versión definitiva, “es muy positivo porque traerá claridad sobre la interpretación de múltiples cuestiones de actualidad para la economía digital”. Según este abogado, encargado de coordinar la Cátedra de Derechos de los Mercados Financieros en la universidad privada española CEU San Pablo, “Rusia ha sido cuna de múltiples proyectos con tecnología blockchain, entrando en el top 3 del ranking de posiciones por número de ICOs y por cantidad de fondos captados”.
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