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El BCE prevé un piloto interno de 12 meses durante el segundo semestre de 2027.
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La regulación del euro digital debe aprobarse antes de finalizar 2026 para facilitar el piloto.
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), afirmó el 17 de octubre de 2026 que el euro digital llegará para complementar el efectivo, no para sustituirlo. La iniciativa busca ampliar las opciones de pago cotidiano en Europa y ofrecer una alternativa pública en una economía cada vez más digital.
Durante su intervención en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional, celebrada en el marco de las Asambleas Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), Lagarde defendió la coexistencia de soluciones públicas y privadas para estimular la innovación y la competencia en los pagos.
El BCE considera clave que la regulación del euro digital se apruebe antes de finalizar 2026. Si se cumplen las condiciones legislativas y técnicas, la primera emisión podría producirse en 2029, aunque la decisión definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno del organismo.
Como parte de los preparativos, el Eurosistema prevé realizar un piloto interno de 12 meses durante el segundo semestre de 2027. En el ejercicio participarán 36 proveedores de servicios de pago seleccionados, que ayudarán a probar el funcionamiento del sistema y evaluar su seguridad, facilidad de uso y capacidad para procesar transacciones cotidianas.
Como reportó CriptoNoticias, este euro sería una moneda digital de banco central, es decir, una obligación directa del BCE, distinta de los depósitos bancarios comerciales y de las stablecoins privadas. Los bancos y proveedores de servicios de pago se encargarían de distribuirlo. El diseño contempla que no pague intereses y que tenga límites individuales de tenencia para reducir el riesgo de que los ciudadanos trasladen grandes cantidades de dinero desde sus cuentas bancarias.
En este escenario, la privacidad sigue siendo uno de los aspectos más debatidos. En los pagos sin conexión, el diseño busca ofrecer una protección similar a la del efectivo, de modo que solo el pagador y el receptor conozcan los detalles de la operación. En las transacciones con conexión, el Eurosistema no debería poder identificar a los usuarios, aunque los intermediarios financieros mantendrían sus obligaciones de verificación de identidad y prevención del blanqueo de capitales.
El proyecto también pretende reducir la dependencia europea de redes internacionales de tarjetas, como Visa y Mastercard, que procesan más del 60% de los pagos con tarjeta en la zona euro, según estimaciones del BCE. La iniciativa busca ampliar las alternativas disponibles en un mercado donde buena parte de la infraestructura de pagos depende de empresas extranjeras.
La adopción del euro digital dependerá de las ventajas que ofrezca frente a los medios de pago actuales y de las garantías de privacidad que incorpore. Su desarrollo también pondrá a prueba hasta qué punto Europa puede ofrecer una alternativa pública sin limitar la libertad de los usuarios para elegir cómo pagar.












