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El Senado de EE. UU. bloqueó el avance de la Ley Clarity al no alcanzar los 60 votos requeridos.
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Ripple sostiene que las victorias judiciales de 2023 y fallos de 2026 protegen a XRP.
El Senado de Estados Unidos bloqueó ayer 15 de septiembre de 2026 el avance del Ley Clarity, el marco federal diseñado para establecer la estructura de mercado de los criptoactivos. La moción de cloture —un procedimiento parlamentario para cerrar el debate y proceder a la votación— obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, quedando lejos de los 60 respaldos necesarios para su tratamiento.
Frente a este revés legislativo, la empresa Ripple reaccionó para disipar dudas sobre su propio activo. “El resultado de la votación de hoy sobre la Ley Clarity no cambia la claridad legal establecida para XRP”, afirmó la compañía tras conocerse la decisión parlamentaria. «Ripple y XRP se encuentran en terreno firme», agregó.
En esa misma línea, la firma tecnológica argumentó que la falta de consenso en el Congreso no invalida los logros conseguidos previamente en el ámbito judicial. “Ripple goza hoy de una posición privilegiada gracias a las arduas batallas que hemos ganado hasta la fecha”, añadió la empresa para enfatizar la solidez de su estatus actual.
Esta certidumbre jurídica se fundamenta en precedentes concretos. En 2023, la compañía obtuvo un fallo judicial favorable que determinó que XRP no constituye un security o título valor. Meses más tarde, en marzo de 2026, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) emitieron una interpretación conjunta que clasificó oficialmente al activo como producto básico digital o commodity digital, como reportó CriptoNoticias.
Para reforzar la vigencia de estos dictámenes ante el nuevo escenario político, Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple, enfatizó: “No olviden: Ripple y XRP están sobre terreno firme. El fallo federal de 2023 estableció que XRP no es un título valor. Y en marzo la SEC y la CFTC emitieron una interpretación conjunta que nombra a XRP como commodity digital”.
A partir de esta premisa, la compañía insistió en que su ecosistema permanece blindado aun sin una norma federal aprobada. No obstante, la empresa aclaró que defender su posición no implica desentenderse del futuro regulatorio de la industria de las criptomonedas.
“La sólida posición de Ripple no justifica el statu quo, y por eso luchamos para que se aprobara. Los consumidores y los participantes del mercado merecen estándares y protecciones predecibles”, concluyó la firma tecnológica.
Como consecuencia directa del bloqueo en el Senado, el tratamiento legislativo de la Ley Clarity quedará pospuesto de forma indefinida. La senadora Cynthia Lummis había advertido que, si no se lograba la aprobación este mes, podría quedar pendiente hasta el año 2030. Esta parálisis prolonga la incertidumbre regulatoria global en Estados Unidos, mientras el sector continúa operando sin un marco normativo unificado.
