La reserva de Arizona pone en riesgo los bitcoin inactivos

Arizona se unió recientemente a New Hampshire como uno de los primeros estados de EE. UU. en establecer un fondo de criptoactivos. La ley HB 2749 fue sancionada pocos días después de que la gobernadora Katie Hobbs vetara el proyecto SB 1025, que buscaba crear una tesorería exclusiva para bitcoin. Aunque la reserva no contempla inversiones directas, representa un paso importante hacia la incorporación de criptomonedas en las finanzas públicas.

El proyecto de ley HB 2749 modifica la legislación sobre propiedad no reclamada para incluir criptoactivos, creando una reserva de bitcoin y monedas digitales. La medida establece que estos fondos se considerarán abandonados tras tres años de inactividad del propietario, lo que obliga a bancos y plataformas a transferirlos al Departamento de Ingresos de Arizona en un plazo de 30 días.

Antes que nada, es importante señalar las diferencias entre el proyecto HB 2749 y la otra iniciativa sobre reservas en criptomonedas que actualmente está en suspenso en Arizona: la propuesta SB 1373. Esta última fue aprobada por el Senado a principios de mayo y luego aceptó las enmiendas de la Cámara de Representantes. Actualmente está a la espera del visto bueno o el veto de la gobernadora Hobbs.

Mientras que el proyecto HB 2749 adopta un enfoque más conservador, centrado en la custodia de criptoactivos abandonados sin permitir aportes de capital directo, la iniciativa SB 1373 plantea la creación de una reserva estratégica que permitiría al Tesorero del Estado invertir hasta un 10% anual en criptomonedas, stablecoins y NFTs —principalmente activos incautados—, y prestar estos fondos con el objetivo de generar rendimientos. En resumen, HB 2749 prioriza la seguridad y la acumulación pasiva, mientras que SB 1373 apuesta por una gestión más activa.

Según lo establecido por la ley HB 2749, la reserva se conformará con activos digitales considerados abandonados tras tres años de inactividad. Para ello, los «holders», definidos en el texto como cualquier persona o entidad obligada a custodiar activos para sus propietarios, incluyendo empresas y organizaciones financieras, deberán monitorear las cuentas de sus clientes. Si las notificaciones enviadas al titular no reciben una respuesta, activos como bitcoin, ether, stablecoins y valores digitales serán transferidos al Departamento de Ingresos de Arizona.

En caso de no recibir ninguna actualización por parte del propietario, los activos deberán ser entregados en su forma nativa, es decir preservando su formato digital original. Esto, de acuerdo a la misma ley, implica la necesidad de soluciones de custodia seguras, con claves privadas protegidas en entornos encriptados y centros de datos distribuidos. Si el custodio no cuenta con acceso completo a las claves privadas, deberá retener los fondos hasta que puedan ser transferidos de forma segura.

La exigencia de la ley de transferir criptoactivos inactivos tras tres años subraya que los bancos o exchanges pueden no ser ideales para el holding a largo plazo, ya que los usuarios que almacenan dinero en estas plataformas, en lugar de billeteras personales con control de claves privadas, corren el riesgo de que sus fondos sean considerados abandonados si no mantienen actividad o actualizan sus datos. Aunque desde la perspectiva del Estado reclamar estos activos es una medida lógica para gestionar recursos que, de otro modo, permanecerían inutilizados, está claro que para los usuarios que piensan a largo plazo no es algo ideal.

Las criptomonedas transferidas, junto con los airdrops y las recompensas por staking, serán depositadas en un fondo administrado por el Departamento de Ingresos. Los activos podrán ser vendidos a precios de mercado si el departamento lo considera conveniente, pero cualquier uso del dinero, como asignaciones para proyectos estatales, requerirá de aprobación legislativa. La ley entra en vigor el próximo 1 de julio.

Mientras la propuesta HB 2749 se prepara para entrar en escena y el proyecto SB 1373 permanece en suspenso, la comunidad bitcoiner no se da por vencida con respecto a la ya vetada SB 1025. Esta iniciativa planteaba la creación de una tesorería estratégica dedicada exclusivamente a BTC, y, aunque logró avanzar con éxito por todas las instancias legislativas, fue rechazada bajo el argumento de que representa un riesgo para la estabilidad financiera del estado. En los últimos días, miembros de la comunidad han manifestado su desacuerdo con esta decisión, aunque es poco probable que sea revertida, ya que la propuesta no cuenta con los apoyos necesarios en ambas cámaras.

A diferencia de Arizona, donde predomina un enfoque más precavido, desde New Hampshire han conseguido aprobar la primera reserva estratégica de criptoactivos de EE. UU., financiada activamente con dinero público. Esta, a diferencia del proyecto HB 2749, permite invertir hasta un 5% de los fondos estatales en metales preciosos y monedas digitales con una capitalización de mercado superior a los USD 500 mil millones de dólares, un umbral que actualmente solo cumple bitcoin.