Hechos clave:
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Dos iniciativas de 2020 caducan en pocos días sin haber recibido tratamiento.
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La otra propuesta para el cobro de sueldos en criptomonedas puede debatirse en 2022.
Los intentos por regular las actividades relacionadas con bitcoin (BTC) y las criptomonedas han florecido en el mundo en los últimos años. La lista incluye desde el caso testigo de El Salvador, primer país que adoptó a bitcoin como moneda legal, a otros intentos como los que se dieron en Brasil, Uruguay y Paraguay. Argentina también transita ese camino, aunque por ahora, sin resultados.
En Argentina se presentaron tres proyectos para regular las criptomonedas en los últimos dos años. Sin embargo, ninguno de ellos logró ser aprobado, y el último ni siquiera pasó de su comisión.
El proyecto más reciente, que data del 6 de julio de 2021, fue presentado por José Luis Ramón, diputado por la provincia de Mendoza del partido Unidad y Equidad Federal. Como detalló CriptoNoticias en ese momento, la iniciativa pretendía legalizar el pago del salario de los trabajadores en criptomonedas.
Según el portal de la Cámara de Diputados, tras su ingreso el proyecto fue derivado a las comisiones de Finanzas, Legislación general, Legislación del trabajo y Presupuesto y Hacienda. Incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, manifestó su apoyo al debate de la idea. No obstante, nunca pasó esa instancia ni llegó a discutirse en el recinto con todos los diputados.
En 2020 también se intentó regular bitcoin en Argentina
La primera «movida» para legislar sobre este tema ocurrió en noviembre de 2020. Ignacio Torres, legislador de la alianza Juntos por el Cambio —cuyo referente es el expresidente Mauricio Macri— anunció públicamente su idea de regular a bitcoin como forma de pago, método de ahorro e inversión.
No obstante, la iniciativa no tuvo progresos en el camino legislativo. De hecho, ni siquiera llegó a presentarse formalmente y quedó solo con estado de anteproyecto.
Apenas unos días más tarde, la diputada Liliana Schwindt, del bloque Frente de todos —el oficialismo, ligado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— presentó un proyecto similar. Tanto el de Schwindt como el de Torres estaban basados en un anteproyecto elaborado por estudiantes universitarios durante unas jornadas de prácticas legislativas de las que estos formaron parte.
Esta segunda iniciativa sí fue ingresada oficialmente al Congreso. Sin embargo, tampoco obtuvo dictamen en las comisiones respectivas (Finanzas, Legislación general y Presupuesto y hacienda) para ser tratado por el pleno de la Cámara.
A poco de su presentación, el proyecto sumó críticas por parte de la ONG Bitcoin Argentina, organización que la interpretó como desalentadora para el desarrollo tecnológico en el país. Desde entonces, no hubo más novedades al respecto.
¿Qué les depara ahora a estos proyectos?
En Argentina, los proyectos de ley introducidos al Congreso tienen estado parlamentario durante dos años, según detalla el sitio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En caso de no ser aprobados pasado ese tiempo, estos deberán ser presentados nuevamente para readquirir ese derecho de discusión.
Eso implica que el proyecto de Ramón para el cobro del salario en criptomonedas todavía «está a tiempo» de conseguir dictamen para que se debata en 2022. En cambio, aquellos presentados en 2020, su validez vence a fines de 2021, por lo que ya no podrán ser tratados durante el periodo ordinario de sesiones de 2022.
En algunas provincias sí hubo resoluciones sobre las actividades con criptomonedas, pero se trata solo de impuestos locales y que, según los expertos, se pueden interpretar con cierta ambigüedad. Esto se debe a que las leyes en cuestión regulan actividades que tienen lugar en el territorio de las provincias, mientras que muchos intercambios de criptomonedas se dan a través de empresas extranjeras, es decir, fuera de los límites del país.
De este modo, todo parece indicar que bitcoin y las criptomonedas seguirán en una especie de vacío legal —reconocido incluso por un colaborador del proyecto del Frente de Todos— al menos por un tiempo más. Mientras tanto, los órganos recaudadores ponen la lupa sobre las empresas de criptomonedas locales y los ahorristas con el afán de recaudar dinero de una actividad que, hasta ahora, no han abarcado en el ámbito que corresponde, que es el Congreso.
