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La nueva normativa impone un gravamen de 0,2% sobre operaciones con activos digitales.
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Illinois espera recaudar más de USD 800 millones mediante los cambios tributarios incluidos.
Illinois quedó en el centro de la discusión fiscal en Estados Unidos tras aprobar un impuesto estatal de 0,2% sobre transacciones vinculadas a activos digitales, una medida incluida en el presupuesto para el año fiscal 2027. La iniciativa fue firmada por el gobernador JB Pritzker el 16 de junio y comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
La norma forma parte del Proyecto de Ley del Senado 3019, un paquete presupuestario de USD 55.900 millones que incorpora varias medidas tributarias sobre la economía digital. En ese marco, el artículo dedicado a activos digitales establece un cobro sobre el valor de las operaciones realizadas dentro del estado a través de intermediarios registrados.
Según el texto legal, los corredores, exchanges y plataformas que entren en la definición contemplada por la ley deberán recaudar el impuesto y remitirlo al estado. El alcance de la disposición ha generado inquietud entre usuarios, empresas del sector y plataformas que, aun estando fuera de Illinois, mantengan actividad suficiente con residentes de ese estado.
Uno de los puntos más cuestionados es que la norma no contempla exenciones explícitas para transferencias entre wallets propias. La medida abre la puerta a que incluso movimientos entre direcciones controladas por un mismo usuario queden alcanzadas por el gravamen si pasan por una plataforma sujeta a la ley.
La reacción de la industria no tardó en llegar. Organizaciones como Crypto Council for Innovation, Digital Chamber y Blockchain Association cuestionaron el diseño de la medida, su impacto económico y la forma en que fue incorporada al presupuesto. A su juicio, Illinois adoptó una de las posturas más duras del país frente a este tipo de activos, impulsada sin suficiente participación de las partes afectadas ni debate público.
¿La medida sienta un precedente regulatorio?
Las críticas también apuntan al trasfondo político y regulatorio. La disposición podría convertirse en un precedente de exceso regulatorio sobre los activos digitales, no solo en Estados Unidos sino también en otras jurisdicciones de la región que observan con atención cómo se estructura la tributación sobre esta industria.
El debate no se limita a la tasa de 0,2%. La ley también contempla sanciones penales para intermediarios que operen sin registrarse o sin cumplir con las nuevas exigencias. Ese componente elevó la tensión en torno a la norma, al mezclar fiscalidad, cumplimiento regulatorio y riesgo legal en un solo paquete.
Desde el sector sostienen que la medida podría desalentar la operación de empresas, encarecer servicios y trasladar actividad hacia estados con marcos más favorables. En paralelo, la administración de Illinois defiende el presupuesto como una herramienta para ampliar la recaudación y reforzar la sostenibilidad fiscal del estado.
El caso, además, se inserta en una discusión más amplia sobre cómo deben regularse los activos digitales en un entorno en el que varios gobiernos buscan nuevas fuentes de ingresos tributarios. En ese escenario, Illinois aparece como un laboratorio de endurecimiento normativo que podría marcar tendencia si otras legislaturas deciden seguir un camino similar.
Al cierre, lo central es que la medida ya fue aprobada, tiene fecha de entrada en vigor y plantea un cambio relevante en el tratamiento fiscal de estas operaciones. El debate ahora gira en torno a su viabilidad, sus posibles desafíos legales y el precedente que podría sentar para futuras regulaciones en Estados Unidos y en la región.
