Australia, decidido a darle paso a las monedas digitales y cerrar las oportunidades de delito con ellas, avanza en su propuesta de marco regulatorio anti-lavado de dinero y financiamiento al terrrorismo (AML/CTF) para lograr la adopción abierta de las herramientas financieras.
El Parlamento Australiano hizo público su proyecto de ley que hace revisión a la Ley Antiterrorismo y Lavado de Dinero de la agencia de inteligencia del país, el Centro Australiano de Reporte y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), para incluir apartados y sanciones relativos al uso de las monedas digitales para actividades ilícitas.
El Comité Legislativo de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del país propone tres cambios fundamentales en la ley: nuevas atribuciones al presidente del AUSTRAC, sanciones civiles y regulación a los intercambios con monedas digitales. De acuerdo al documento publicado por el parlamento, el objetivo de las nuevas atribuciones es que el presidente sea capaz de establecer reglas para “ampliar o reducir el alcance de la definición de moneda digital”.
Asimismo, se establecerán sanciones para los operadores cambiarios no registrados, es decir, todas las casas de cambio digitales del país deberán estar registradas y reguladas pues están sujetos a “responsabilidad estricta”. Un hecho para el cual se designará un servicio de registro para las casas de cambio digitales, en los próximos seis meses a la publicación de la ley propuesta.
Esto conformará la primera forma de regulación antilavado de dinero para las transacciones con moneda digital en Australia palpable de cara al criptousuario, pues una regulación que monitoree todas las transacciones realizadas en moneda digital afectaría al comercio minorista que hace uso de bitcoin.
Este último aspecto responde a la petición -incluida en el proyecto de ley- realizada por la startup australiana Living Room of Satoshi, quienes proponen que se tome en cuenta las transacciones que superen los $1000, pues el no exceptuar la regulación del AML/CTF sobre pagos de pequeño valor entorpecería el comercio para las empresas minoristas.
Con respecto a las sanciones, las propuestas por el Consejo de Ley de Australia incluyen la posibilidad de ir a prisión por delitos agravados y delitos de responsabilidad estricta; delitos para los cuales se plantea establecer tiempos de condena de entre 2 y 7 años de cárcel.
Hay que tener en cuenta que las condenas se corresponden a la magnitud del problema que afecta a Australia, pues de acuerdo a la Comisión Australiana de Crimen -quienes también se pronunciaron al respecto- al país oceánico le cuestan más de 28.43 billones de dólares al año el lavado de dinero y otros crímenes financieros; actividades ilícitas para las cuales la criptografía y la moneda digital son clave.
Las dos tecnologías clave que son usadas actualmente para facilitar el crimen organizado son las monedas virtuales y la criptografía. Las monedas virtuales, como bitcoin, son cada vez más usadas por grupos de crimen organizado ya que son una forma de dinero que puede ser vendida anónimamente en línea, sin respaldo de un banco central o alguna institución financiera que medie en las transacciones.
Comisión de Inteligencia Criminal Australiana
Asimismo, el Ministro de Finanzas había destacado semanas antes la necesidad de reforzaran las leyes vigentes para atacar judicialmente de la forma correcta estos casos, pues la Austrac ha iniciado un nuevo equipo para identificar casos de «financiamiento online de actividades terroristas, fraude y lavado de dinero”.
El reporte recomienda el fortalecimiento del ya robusto marco legal para responder a nuevas y emergentes amenazas. El gobierno australiano está comprometido en facilitar el crecimiento e innovación del sector, pero su desarrollo también incluye una apropiada regulación anti-lavado de dinero y anti-terrorismo.
Comisión de Inteligencia Criminal Australiana
Por lo tanto, la ley constituye un esfuerzo institucional que lleva a cabo el estado australiano para evitar que sean utilizadas las monedas digitales como mecanismo de financiamiento a grupos terroristas o narcotraficantes, quienes se ha demostrado han estado utilizando las criptomonedas para evitar las regulaciones y controles del flujo del dinero en las entidades bancarias fiat.
Habrá que esperar para conocer si en efecto, esta será la ley que regule el uso de las criptomonedas para evitar que las criptomonedas sean usadas para el financiamiento terrorista.
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