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Temen que se sigan repitiendo las experiencias de Venezuela y Brasil.
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Los gobiernos niegan que su intención sea coartar la libertad de expresión
La polémica está encendida. «¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno contra los medios y la libertad de expresión digital?», comentan en las redes sociales de Colombia ante el avance de un proyecto de ley sobre seguridad digital. Una queja que se repite entre tuiteros de Argentina por la aprobación de una regulación semejante en la provincia de Misiones.
Tal como informan los medios colombianos, en el proyecto de ley 023 de 2023 presentado por el Ejecutivo se propone la creación de la Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Se trata de una oficina que muchos temen sea usada para coartar la libertad de expresión.
El representante a la Cámara José Jaime Uzcátegui, del partido Centro Democrático, encendió las alarmas al cuestionar los alcances que tendría el proyecto presentado en julio pasado por el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, y aprobado en el primer debate en Cámara.
Los opositores a la propuesta destacan el punto 14 del proyecto, que otorga a la nueva entidad facultades para «ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte a la soberanía nacional y al ecosistema digital, así como a su economía, en coordinación con el Ministerio de Defensa».
Se abrió así todo un debate, pues mientras que algunos argumentan que se estaría violando la libertad de expresión, los defensores de la iniciativa señalan que ante las amenazas que hay en internet, se deben tener protocolos claros.
En medio de la polémica generada, Lizcano aseguró que el gobierno nacional no quiere, ni está pensando en tener facultades para interferir o cerrar las redes sociales sino atender temas de ciberseguridad.
«El año pasado, se registraron 20 mil millones de ataques cibernéticos, lo que subraya la importancia de la ciberseguridad en un mundo digital. Este aspecto es vital para el desarrollo y se ha convertido en una de las prioridades del gobierno», explicó.
Liscano añadió que la suspensión de operaciones solo se llevará a cabo cuando se cumplan simultáneamente tres condiciones: que se vea comprometida la soberanía nacional, se impacte el ecosistema digital y se perjudique la economía.
La situación en Colombia es comparable a la que se experimenta en Argentina, donde la Legislatura de Misiones aprobó el 26 de septiembre la creación de una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. Esta nueva oficina recibirá amplias facultades, que incluyen la posibilidad de incautar dispositivos electrónicos sin necesidad de contar con la autorización de un juez penal.
De esta forma, los artículos 6,7 y 10 de la normativa admiten el decomiso de estos dispositivos en delitos como calumnias, injurias e incitación a la violencia, «cuando se cometan a través de medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte».
El proyecto, impulsado por el líder del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira, ha sido duramente cuestionado, principalmente porque se considera que el plantemiento con sus artículos «atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la seguridad ciudadana».
Entre los opositores destaca el legislador Ariel Pianesi, quien sostuvo que «la libertad de expresión no se negocia en Misiones. Estamos de acuerdo en que existan especialistas que puedan investigar a los ciberdelincuentes, pero los artículos 6 y 7 de la ley son invotables».
Ante las críticas, la legisladora Anazul Centeno argumentó que la idea de la propuesta no es cercenar los derechos sino «materializar herramientas clave para la protección ciudadana».
Brasil y Venezuela marcan un precedente negativo
Visto así, los proyectos legislativos que avanzan, tanto en Colombia como en Argentina, tienen argumentos semejantes. Esto, al tiempo que los temores sobre estas propuestas se aglutinan en torno a los precedentes que existen en Brasil y Venezuela, donde ya hay experiencias de cierre de redes sociales.
De ahí los comentarios que se hacen en X, citando las decisiones tomadas por los gobiernos de Luis Inacio Lula da Silva y Nicolás Maduro en relación con la red social que maneja el magnate Elon Musk.
Tal como informó CriptoNoticias, el pasado viernes 30 de agosto un juez ordenó la «suspensión inmediata» del acceso a red social X, argumentando su inacción para bloquear cuentas que difundían mensajes calificados como «de odio» y con «noticias falsas».
Se respaldó con ello el cierre definitivo de la plataforma para 21,5 millones de brasileños, apenas pocas semanas después de que Maduro hiciera lo mismo en Venezuela bajo justificaciones semejantes. A inicios de agosto pasado, el mandatario argumentó que la red social «incita al odio» y viola «todas las leyes» del país latinoamericano.
La medida se tomó en medio del ambiente conflictivo que se generó tras las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio en Venezuela, cuyos resultados aun están en disputa y mantienen al país caribeño en medio de una crisis política con repercusiones internacionales.
El bloqueo de X, y de otras plataformas que se consideran opositoras al gobierno venezolano, sería inicialmente por 10 días, pero se ha prolongado hasta la fecha actual.
Ante estos casos, el temor que corre entre los colombianos y argentinos es que -bajo el amparo de las regulaciones propuestas- se repitan las acciones de estos dos gobiernos suramericanos y se atente contra la libertad de expresión en la región.
