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La extensión de la intervención es hasta este mes de marzo.
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No ha habido comentarios ni novedades sobre Sunacrip desde hace seis meses.
Hace un año la industria de bitcoin (BTC) y las criptomonedas en Venezuela vio sus operaciones paralizarse parcialmente. Se trató de un año de retrasos para las empresas y proyectos de un sector incipiente que llegó a establecer fuertes bases en el país caribeño.
Desde el Ejecutivo venezolano se informó el 17 de marzo de 2023 sobre la intervención y reestructuración de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip). Esto, producto de un multimillonario esquema de corrupción que involucró a esa oficina de gobierno, su presidente, Joselit Ramírez, y otros altos funcionarios de gobierno.
Tras esa ordenanza, las granjas de minería de Bitcoin que operan en el país bajo regulación, fueron apagadas. Inicialmente se dijo que la medida se tomaría por seis meses, mientras se alcanzaba claridad y avanzaban las investigaciones. Sin embargo, la norma todavía persiste, lo cual ha incrementado la incertidumbre en el sector.
De igual manera, los exchanges y plataformas de criptomonedas tuvieron que paralizar sus operaciones ante la opacidad regulatoria.
«La industria que estaba en proceso de consolidación y desarrollo ha tenido un retroceso en este último año», dijo el minero venezolano Marlon Rojas, de la empresa Venecripto Servicios, quien conversó con CriptoNoticias. Como lo ve, muchas empresas que apenas nacieron, cerraron por la intervención de Sunacrip, ya que les fue imposible «estar 1 año sin operar y cubriendo gastos operativos».
«Por otro lado, otras empresas que se encontraban en espera de permisos nunca les fue otorgada la factibilidad, por lo que esos proyectos se paralizaron también con grandes pérdidas de capital», dijo Rojas.
Se estima que, por la situación con Sunacrip, 75.000 equipos mineros de Bitcoin fueron desconectados, causando pérdidas mensuales millonarias. Una cifra que, hoy por hoy, es incierta. Igualmente, la intervención provocó decomisos y fiscalizaciones por parte de funcionarios de seguridad del Estado a granjas de minería de Bitcoin en el interior del país caribeño.
Para Rojas, «es difícil cuantificar hoy día una cifra» que refleje el daño por la desconexión de los mineros a causa de la intervención de Sunacrip. «Cada operación minera se hace por separado. El órgano rector que podría estimar este monto esta intervenido», aseveró.
La intervención de Sunacrip llegó al punto en el que, incluso la sede física de la oficina, ubicada en el centro de Caracas, la capital venezolana, fue totalmente desmantelada. Hoy en día, las instalaciones se usan para otro programa del gobierno que tiene que ver con el Esequibo.
Hay que modificar las regulaciones actuales
Aunque pudiendo operar bajo una legislación vigente desde enero de 2019, la industria de bitcoin y criptomonedas en Venezuela optó por bajar los brazos y esperar la determinación del gobierno sobre el ente que, en teoría, vela por el cumplimiento de las reglas para el funcionamiento del ecosistema emergente en ese país.
No obstante, esa legislación vigente debería ser modificada, de acuerdo con el minero Marlon Rojas. Para él, si bien la regulación del ecosistema ya existe, «muchas de esas normas deben revisarse, ya que no representan el verdadero espíritu del ecosistema y fueron creadas de manera unilateral por parte de los funcionarios de turno».
Cuando inició la intervención de Sunacrip el año pasado, el gobierno dijo que esta se extendería por 6 meses, es decir, hasta septiembre del 2023. No obstante, llegado ese mes, se informó que la reestructuración se alargaría por otro semestre más.
Es decir, la intervención llegaría hasta este mes de marzo de 2024. Sin embargo, a 10 días de que finalice, desde Sunacrip no se ha informado nada. Tampoco desde el Ejecutivo venezolano o de alguna entidad relacionada.
Se trata de una actitud que ha mantenido el Estado venezolano desde que ordenó la reestructuración de Sunacrip. Las comunicaciones por parte de ese ente han sido prácticamente nulas y poco -o nada- se ha sabido acerca del proceso de intervención que ya cumplió un año de iniciado.
A pesar del silencio, el minero Marlon Rojas asegura que «el Estado venezolano está muy interesado en regular el ecosistema ya que saben que la industria minera es una fuente de ingresos».
«Venezuela tiene una gran capacidad para el desarrollo de la minería por sus recursos energéticos, El ecosistema está vivo y no ha dejado de crecer y aprender durante este último año. Con un halving tan cercano y el precio alcanzando máximos históricos hay mucha gente nueva queriendo incorporase. Tenemos un ecosistema más maduro y educado, más consciente de los riesgos de este negocio».
Marlon Rojas, minero de Bitcoin venezolano.
Rojas aseveró que, como consecuencia de la intervención de Sunacrip, hay mineros que están operando en la clandestinidad. Asegura que, aunque hay quienes defienden esa actividad, «tiene pocas posibilidades de llegar a la industrialización formal se que requiere».
«La minería clandestina obedece a una realidad. Por un lado, no existe suficiente capacidad de hosting con licencias para las máquinas mineras. Y, por otro lado, ponerse legal requiere mayor capital en comparación con las operaciones clandestinas», dijo Rojas, quien advirtió luego: «Sin embargo, bajo este escenario es imposible mantener operaciones mineras a medianas o alta escala».
«Es vital establecer reglas de juego claras en Venezuela»
Una visión similar a la de Marlon Rojas fue compartida por Eleazar Colmenares, presidente de la Asociación Nacional de Casas de Intercambio de Criptomonedas y Actividades Conexas (Acincrip).
En conversación con CriptoNoticias, el gremialista afirmó que el año de intervención de Sunacrip se tradujo en 12 meses de retrasos para la industria, sobre todo en lo que tiene que ver con las alianzas que los principales exchanges venezolanos estaban desarrollando con distintas compañías del sector, como pasarelas de pago de criptoactivos.
«Cuantificar las pérdidas es bastante complicado, pero se puede afirmar que se ha visto afectada la posibilidad de que el venezolano utilice las criptomonedas como un medio de pago y de preservación de valor a través de mecanismos regulados. Esto es algo que se ha visto imposibilitado», indicó Colmenares.
El también director ejecutivo de la pasarela de pagos CryptoBuyer Venezuela, opinó que la regulación del sector «es necesaria», ya que «no vivimos en un mundo anárquico». «Nosotros consideramos que es fundamental poder trabajar de la mano con el organismo regulador», asintió.
Considera fundamental que reguladores y empresas «tengamos una normativa clara bajo la cual nos podamos regir y que todos aquellos ciudadanos de a pie y la sociedad que usa las criptomonedas en distintos casos, tengan la seguridad y confianza de que los exchanges nacionales están ajustados a la normativa».
El directivo de Acincrip afirma que la industria venezolana de las criptomonedas puede recuperarse rápidamente, pero una vez que el regulador mantenga reglas claras. «Una vez teniendo esas condiciones, los exchanges calificados por las autoridades competentes y otras empresas del sector, podrán operar y la recuperación no llevará mucho tiempo».
Al respecto Marlon Rojas, cree que la industria de las criptomonedas en Venezuela, y más precisamente la minería de Bitcoin, se recuperará rápido si hay reglas de juego claras.
«Los mineros están cada vez más capacitados, la minería de Bitcoin se reorganiza de forma rápida y espontánea de acuerdo a sus incentivos. Si el Estado trabaja activamente a su favor, en cuestión de meses se podría activar el hashrate que se apagó en Venezuela hace un año atrás», dijo Rojas.
Tanto, Eleazar Colmenares, como Marlon Rojas, creen que el Estado venezolano tiene verdadero interés en regular al sector de las criptomonedas. Asegura que los organismos reguladores y todos aquellos involucrados en el proceso de depuración de Sunacrip, han estado comprometidos en esclarecer los procesos, en establecer una normativa que proporcionen seguridad y generen confianza».
«Existe un compromiso por parte del Estado a través de su órgano supervisor, como de los exchanges venezolanos que nos mantenemos de pie prestos a trabajar de la mano con los órganos reguladores en pro de desarrollar productos y servicios a través para el uso de las criptomonedas. Así como los exchanges hemos seguido desarrollándonos, creo que los organismos del Estado han estado evaluando el mejor escenario para proporcionar un marco jurídico operativo y tecnológico que se adecúe a la operación de los exchanges venezolanos».
Eleazar Colmenares, presidente de Acincrip.
Colmenares comentó que, en Venezuela, aunque la intervención de la Sunacrip congeló la adopción de bitcoin y criptomonedas en el último año, el uso de estos activos responde a la necesidad de transferir valor digital a través de mecanismos alternativos.
Como lo ve, los criptoactivos «han sido herramientas superpoderosas para poder satisfacer necesidades y, al mismo tiempo, han proporcionado una opción para que aquellos venezolanos que se sienten cómodos invirtiendo, ya que les ofrece una alternativa distinta a los mecanismos tradicionales, como el mercado de valores, para poder obtener retornos interesantes».
