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Las autoridades de Próspera denunciaron que las acciones del gobierno son ilegales.
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No hay fecha definida para la reactivación de las actividades de la ciudadela.
El conflicto que enfrenta desde hace varios años a Próspera con el gobierno de Honduras entró en una nueva fase de conflicto, debido al cierre de la ciudadela de bitcoin por parte de las autoridades locales.
Los portones de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ubicada en la isla de Roatán fueron cerrados desde el 14 de octubre por la Alcaldía de Roatán, alegando el incumplimiento del pago de 12 millones de lempiras (USD 480.000) en impuestos. Una acción que Honduras Próspera, la empresa que administra la ciudadela, ha calificado como ilegal.
«Tenemos meses atrasados de Próspera y tenemos que hacer cumplir las leyes», declaró a los medios el alcalde de Roatán, Ron Mcnab, asegurando que no reconocen a Próspera como otra nación ni país, ni como área independiente. «Los reconozco como malos inversionistas, que ni siquiera pagan sus permisos de operación, construcción y ambientales», apuntó. Esto, mientras autorizaba a agentes de policía armados para cerrar el edificio central de la ciudadela, donde se realizan las actividades administrativas.
El equipo de Próspera se defiende y señala haber cumplido con las normativas y exigencias de las autoridades. «Todas nuestras operaciones cumplían al 100% con los requisitos legales, incluyendo los impuestos correspondientes», aseguran en un comunicado donde ratifican su autonomía como espacio económico independiente del gobierno.
El cumplimiento de las leyes fue ratificado por el secretario técnico de la Zona Próspera para el Empleo y el Desarrollo Económico (ZEDE), Jorge Colindres, mientras reclamaba a los agentes que se encargaron del cierre. El directivo expresó su molestia por el procedimiento, recordando que las ZEDE tienen autorización de funcionamiento por 50 años, según los tratados internacionales firmados por el gobierno de Honduras hace 10 años.
«Las ZEDE gozan de autonomía constitucional en materia de regulación y supervisión financiera, como lo establece el art. 329 de la Constitución, 2 y 30 de la Ley Orgánica de las ZEDE y el art. 17-A de la Ley del Sistema Financiero», observa Colindres, insistiendo en que la ciudadela está protegida por numerosos marcos legales a nivel nacional e internacional
Tal como ha informado CriptoNoticias, el conflicto entre Próspera y el gobierno hondureño se presentó en enero de 2022, cuando asumió la presidencia del país Xiomara Castro, planteando la derogación de la Ley que permite el funcionamiento de las ZEDE. Desde ese momento la mandataria manifestó su desacuerdo con estos espacios autónomos porque considera que violan la soberanía.
En 2023, las autoridades de Próspera decidieron elegir a bitcoin (BTC) como moneda de curso legal y unidad de cuenta, convirtiendo a la ZEDE en una nueva ciudadela, inspirada en el ejemplo de Bitcoin Beach de El Salvador. Aunque tiene más similitudes con el proyecto de la Bitcoin City anunciado por Nayib Bukele.
La ciudad privada ubicada en el Caribe de Honduras cree que bitcoin se alinea con sus propósitos de promover la liberad financiera y han estado trabajando con esta visión con la comunidad de la zona, en medio de las amenazas gubernamentales. Pero la situación comenzó a agravarse en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia del país tomó la decisión de derogar a las ZEDE por considerarlas inconstitucionales.
La llamada ciudad chárter, cuyo origen data de 2011, se comenzó a construir a principios de 2021. Es una pequeña porción de terrenos al norte de la isla de Roatán que fueron cedidos por el gobierno a la empresa, a través de una ley firmada por el expresidente Juan Hernández (2014-2022).
Ahora, con el cierre de los espacios, la Bitcoin City de Honduras entra en un limbo legal. No hay fecha para la reapertura de las actividades, señala Colindres, y es posible que la empresa administradora de la ZEDE dé un nuevo impulso a la demanda que interpuso hace más de un año en contra del gobierno, por USD 11.000 millones. Actualmente está en arbitraje internacional.
Mientras esperan la solución al conflicto, las puertas de la ciudadela permanecerán cerradas. Colindres y la directiva de Próspera también apuestan por la entrada de un nuevo gobierno en unos 15 meses, tras la realización de nuevas elecciones en Honduras en noviembre de 2025.
