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El procesador de pagos AcceptLN.com confirma que el gobierno de Bukele “quiere todos los datos”.
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El bitcoiner Jon Atack dijo que se está aplicando KYC a compras de 200 dólares en BTC.
La Oficina Nacional del Bitcoin de El Salvador informó que el gobierno de ese país modificará la ley que obliga a aplicar el protocolo conoce-tu-cliente (KYC) para operaciones con bitcoin (BTC), luego de que la comunidad hiciera sonar las alarmas ante esa amenaza a la privacidad de los bitcoiners.
Se trata de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, aprobada mucho antes de que naciera bitcoin, específicamente en 2005. Esta permite, entre otras cosas, que las autoridades financieras de El Salvador accedan a los datos privados de los usuarios que operen en el sistema financiero del país, incluyendo ahora a los servicios relacionados con bitcoin.
En su artículo 32, la antigua ley establece que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) puede requerir a las empresas y entidades supervisadas el acceso directo a todos los datos, informes o documentos sobre operaciones.
También, el acceso en tiempo real a los sistemas de información de los supervisados. Y, sin necesidad de previo aviso, la SFF podrá aplicar auditorías, inspecciones, revisiones “y cualquier otra diligencia necesaria para el cumplimiento de la ley”.
La ley también indica que los datos recolectados por la SSF se pueden compartir con prácticamente todas las instituciones del Estado salvadoreño. El Banco Central, el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero, el Instituto de Garantía de Depósitos, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General, autoridades judiciales, la Corte Suprema de Justicia, “y otras instituciones”, podrán acceder a la información.
Y más allá, los datos también se podrán compartir con organismos de supervisión extranjeros “que ejerzan similares facultades a las de la Superintendencia”, siempre que esas entidades internacionales “se comprometan a guardar la reserva y confidencialidad de la información compartida”.
Encendidas las alarmas
Las disposiciones de la ley encendieron las alarmas en la comunidad, con el bitcoiner Jon Stack advirtiendo que El Salvador estaba fortaleciendo sus leyes de KYC y antilavado de dinero (AML), ya que los comercios estaban solicitando información personal para compras de USD 200 o más en BTC.
Stack señaló en X que el Ministerio de Finanzas también comenzó a solicitar toda la información de transacciones y operaciones de los usuarios de las wallets de bitcoin y compañías financieras. Todo esto, basándose en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.
La start-up salvadoreña AcceptLN.com, que agiliza los pagos con bitcoin en ese país, confirmó que el gobierno de El Salvador quiere acceder a todos los datos y las finanzas auditadas de la compañía. Lo que les ha llevado a pensar en establecerse fuera del país.
Mike Peterson, líder de la ciudadela Bitcoin Beach, también dio fe de esta situación. Dijo en X que está preocupando a la comunidad, aunque llamó a entender que los organismos gubernamentales “son muy complicados” y suelen seguir agendas diferentes, con opiniones diferentes. “Esperemos que entiendan bien estos importantes problemas de privacidad”, aseveró.
En otro mensaje, Peterson señaló que no sabe si la medida está siendo impulsada por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o si se trata de una política interna. “Pero expulsará a los bitcoiners de El Salvador si se le permite persistir”, advirtió.
En 10 días se cambia la ley
Poco tiempo después de que se iniciara el debate sobre la ley que obliga a aplicar el KYC a ciertas operaciones con bitcoin, la Oficina Nacional del Bitcoin salió al paso y aclaró que la normativa es “antigua, con límites y requisitos obsoletos”.
En ese sentido, indicó la entidad del gobierno salvadoreño que en los próximos 10 días van a modificar la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y las normas actualizadas entrarán en vigor 8 días después.
Lo anterior sugiere que la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, someterá la normativa a actualizaciones y enmiendas para garantizar la privacidad de los usuarios de bitcoin.
Algo que podría no contar con grandes obstáculos o trabas en el Congreso, porque el partido de gobierno controla 56 de los 60 escaños del hemiciclo.
La bitcoiner Stacy Herbert, miembro de la Oficina Nacional del Bitcoin, confirmó a CriptoNoticias que a mediados de marzo modificarán la ley, todo en aras de preservar la privacidad.
