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“El mayor triunfo de Bitcoin es obligar a Hacienda a aprender qué es una wallet”, dice de Fuenmayor.
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Según el especialista, la “fantasía romántica” del anonimato monetario absoluto “ha desaparecido”.
¿Cuándo un activo digital como bitcoin (BTC) deja de ser un hecho económico aislado —y a veces ignorado— para convertirse en algo plenamente real de la sociedad? No es cuando llega Wall Street, ni cuando aparece en fondos cotizados en bolsa (ETF) o los informes de consultoría. Sucede cuando las autoridades tributarias de los países empiezan a perseguirlo con persistencia.
Esto ya ocurre en España, en donde la Agencia Tributaria, que es el brazo ejecutor del Ministerio de Hacienda, ha consolidado un control automatizado mediante el cruce masivo de datos respaldado por algoritmos de inteligencia artificial. Se trata de una ofensiva burocrática contra los contribuyentes que ratifica la decisión del Estado de impedir que la riqueza circule de manera libre, de acuerdo con el economista Carlos de Fuenmayor.
Según de Fuenmayor, el Estado —en este caso el español— «podrá ignorar durante años una innovación financiera, ridiculizarla, regularla tarde o incluso demonizarla desde tribunas institucionales, pero jamás tolerará indefinidamente que circule riqueza sin intentar colocarle una casilla, un modelo informativo y, llegado el caso, una sanción pedagógica con inequívoca vocación recaudatoria».
“La blockchain quizá sea descentralizada, pero la Agencia Tributaria española continúa siendo tozudamente centralizada y extraordinariamente meticulosa cuando se trata de seguir el rastro del dinero”, afirma de Fuenmayor.
El especialista explica que, debido a esta presión inspectora, «la fantasía romántica del anonimato monetario absoluto ha desaparecido» del entorno de las monedas digitales, las cuales, en esencia, nacieron como una forma de evadir los controles gubernamentales sobre el dinero.
De Fuenmayor es de los que considera que el ecosistema fiscal de criptomonedas en España «ya no es una selva improvisada». A su juicio, España ha consolidado un ecosistema fiscal altamente especializado en torno a estos activos, integrado por fiscalistas, abogados, inspectores de Hacienda y peritos que, según él, han transformado lo que antes era un terreno caótico en un ámbito profesional estructurado y técnico.
Este desarrollo marca el fin de la etapa improvisada y pone punto final a la idea de un espacio opaco o invisible para la Hacienda. Y es que, efectivamente, los criptoactivos han dejado de ser vistos como una simple tendencia digital para convertirse en activos plenamente integrados en el sistema tributario del país ibérico.
De hecho, la proliferación de operaciones complejas en plataformas como Binance, Kraken, MetaMask, Arbitrum, o protocolos DeFi, ha generado una demanda de conocimiento híbrido: profesionales capaces de navegar tanto el lenguaje clásico de Hacienda, como el vocabulario técnico de staking, puentes (bridges), pools de liquidez, perpetuos (perpetuals) y movimientos on-chain.
En este contexto, el economista afirma que “el mayor triunfo de Bitcoin es obligar a Hacienda a aprender qué es una wallet”. Según el especialista, los criptoactivos han cruzado “definitivamente un Rubicón fiscal”.
Un «elenco» de profesionales en fiscalidad de criptomonedas
Ante ese escenario, el especialista resalta que, en España, ha emergido una auténtica masa de profesionales en fiscalidad de criptomonedas, destacándose Sandra Adrián, fundadora de Modo Cripto; Jesús Lorente, socio de CL Cripto; José Antonio Bravo Mateu, de Fiscal Crypto; Sergi Andrés, de Abast Legal; José María Gentil Girón, inspector de Hacienda y autor del manual “Bitcoin y criptoactivos en el IRPF”; y Esteban Rivero, de Cero Uno.
De Fuenmayor describe este grupo como “un elenco de brillantes profesionales hiper especializados capaces de moverse simultáneamente entre el lenguaje jurídico-tributario clásico y el dialecto, a veces lisérgico” del sector de los activos digitales.
Sin embargo, alerta sobre “advenedizos” y “asesores de pega” que proliferan en el sector, al recordar que, en España, las criptomonedas se tributan como activos patrimoniales en la base imponible del ahorro. Por eso, cada venta o permuta genera un hecho imponible según la diferencia entre valor de adquisición y transmisión, con posibilidad de compensar pérdidas con ganancias del mismo ejercicio.
Y si bien herramientas como CoinTracking ayudan en el cálculo, de Fuenmayor recuerda que “automatizar no equivale a comprender”, ya que —explica— se necesita criterio humano para operaciones complejas.
En un contexto reciente, el 8 de abril de 2026 comenzó la campaña de la Renta 2026 con un cruce masivo de datos mediante inteligencia artificial (IA). Mientras que el 8 de mayo se intensificaron las notificaciones de Hacienda solicitando aclaraciones sobre operaciones del ejercicio 2025, como informó CriptoNoticias. Todo esto, bajo un ambiente de control y vigilancia fiscal total.
En ese escenario, de Fuenmayor asevera que la verdadera madurez del ecosistema de bitcoin y las criptomonedas no viene de los fondos cotizados en bolsa (ETF) ni de Wall Street, sino de esta integración burocrática.
“La verdadera señal de madurez de los criptoactivos aparece cuando un inversor comprende que una operación DeFi mal documentada puede costarle más dinero en sanciones que una mala inversión en una altcoin”, detalló.
La evolución del control fiscal en España proyecta un panorama de supervisión aún más estricto a nivel global. Por ello, los inversores deberán asumir que la transparencia documental y la declaración proactiva serán requisitos indispensables si quieren operar en el mercado de criptomonedas. Efectivamente, la vigilancia fiscal será parte del día a día, si bien atentando contra la privacidad financiera, también consolidando a bitcoin —todavía más— dentro de la arquitectura financiera global.
