En Costa Rica se abre consulta pública para una «ley bitcoin»

La comunidad vinculada con las criptomonedas en Costa Rica inició un proceso de consulta pública para elaborar una Ley Marco de Activos Digitales. La abogada Stephanie Sánchez, cara visible de la propuesta, señaló que se trata de “un proyecto de y para la comunidad, pero va mucho más allá de lo cripto”.

Según Sánchez, Costa Rica carece actualmente de una norma integral que regule la industria. “Un proyecto anterior para regular los VASP (Virtual Asset Service Providers, en español Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) fue archivado el año pasado. Solo hay iniciativas puntuales de la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir con el GAFI, pero no dan seguridad jurídica”, explicó a CriptoNoticias.

La propuesta se presenta como una “ley marco”, descrita por Sánchez como “prácticamente el Código Civil de la industria descentralizada”. El objetivo es crear un marco regulatorio completo que brinde certeza jurídica al ecosistema digital, promueva la innovación y proteja derechos fundamentales en entornos descentralizados.

La consulta pública, abierta desde el 15 de mayo y que se extenderá hasta el 15 de junio de 2026, busca enriquecer el borrador con aportes ciudadanos.

“El borrador no está cerrado; lo hemos reenviado a la comunidad”, señaló Sánchez. El proyecto aborda temas como la autocustodia libre de activos, la clasificación taxativa de activos digitales, el reconocimiento de Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), finanzas descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes y trazabilidad en cadenas de suministro. En materia tributaria, la propuesta abarca el principio de renta territorial.

“Bitcoin no tendría impuestos a las ganancias de capital si no se adquiere en un exchange centralizado”, indicó la abogada. Además, plantea aplicar el régimen de zonas francas a empresas tecnológicas y de criptomonedas para fortalecer la competitividad del país, e incluye “puentes” que faciliten la interoperabilidad entre el ecosistema descentralizado y la banca tradicional.

Respecto a la minería de Bitcoin, Sánchez subrayó que se respetará la libertad de mercado siempre que se cumplan las normas ambientales, en línea con la meta nacional de alcanzar un 100% de energías renovables para 2030.

La iniciativa contempla también la creación de un regulador especializado, lo que sería la Intendencia de la Industria Descentralizada, que interoperaría con el sistema financiero tradicional.

Más allá de los aspectos mencionados, el proyecto podría generar discusión sobre los siguientes puntos: nivel de intervención estatal en un sector que, por naturaleza, es descentralizado; equilibrio entre las obligaciones de cumplimiento AML/GAFI y la preservación de la libertad individual, así como las implicaciones ambientales asociadas a la minería de Bitcoin, aunque se alinea con la meta nacional de energías 100% renovables para 2030.

Este enfoque busca diferenciarse de regulaciones de otros países de la región mediante un modelo humanista que pone la tecnología al servicio del ciudadano, según la abogada.

Los aportes se canalizan actualmente a través de la Asociación Blockchain de Costa Rica, uno de sus difusores, y la futura Cámara Costarricense de Blockchain, Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes, integrada en una federación latinoamericana.

Este proyecto fue presentado por primera vez en el TicoBlockchain, evento de AsoBlockchain, el pasado 14 de mayo en San José, bajo el marco de la Costa Rica Tech Week.

Una vez concluida la consulta el 15 de junio, el texto depurado será presentado ante la Asamblea Legislativa, con la expectativa de que la bancada oficialista lo impulse durante la actual legislatura.

Este proceso marca un momento decisivo para que Costa Rica defina su rol en la economía digital del futuro. Si la propuesta se aprueba y se convierte en ley, el país podría consolidarse como uno de los hubs más competitivos de Latinoamérica para innovación en relación con las criptomonedas.

El éxito de esta iniciativa dependerá de la calidad de los aportes ciudadanos y de la voluntad política posterior, pero si se concreta, Costa Rica no solo tendría una “ley Bitcoin”, sino las bases para impulsar su crecimiento económico.