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El documento será revisado hasta finales de enero para asegurar apoyo amplio en el Senado.
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El borrador prohíbe intereses por mantener stablecoins; pero permite recompensas por transacciones.
El camino hacia una regulación clara para el mercado de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Estados Unidos está tomando un nuevo respiro estratégico.
Esto es porque el Comité de Agricultura del Senado, liderado por el republicano John Boozman y el demócrata Cory Booker, decidió posponer la revisión final de su proyecto de ley bipartidista hasta la última semana de enero. Su objetivo es amarrar un apoyo mayoritario y pulir los detalles técnicos de una legislación que promete cambiar las reglas del juego.
El borrador, publicado el 12 de enero de 2026, otorga a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) la autoridad principal sobre el mercado al contado. Al catalogar a activos de la naturaleza de bitcoin bajo el estatus de ‘commodities digitales’, el texto busca resolver la ambigüedad jurisdiccional y establece una coordinación obligatoria con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para evitar vacíos legales.
Sin embargo, uno de los puntos más reveladores es el tratamiento de las stablecoins. El texto prohíbe que las plataformas paguen intereses o rendimientos por el simple hecho de mantener saldos en estos activos. Esta medida responde a una histórica demanda del sector bancario, que ve en los rendimientos pasivos de las criptomonedas una competencia directa frente a los depósitos tradicionales. No obstante, el borrador deja una puerta abierta a la innovación, permitiendo incentivos siempre que estén ligados a una participación activa, como el staking o la gobernanza de la red.
Más allá de las cifras, el proyecto pone el foco en el usuario. Desde la protección de la autocustodia hasta la segregación obligatoria de fondos para evitar colapsos al estilo de años anteriores, como el caso FTX ampliamente reportado por CriptoNoticias en su momento.
Ante ello, la propuesta de ley busca emular el rigor de marcos internacionales como la normativa MiCA de la Unión Europea.
Los senadores disponen ahora de apenas 48 horas para proponer ajustes antes de que el Comité retome el debate a finales de mes. El desenlace de estas negociaciones determinará si Washington logra finalmente integrar los activos digitales en su arquitectura financiera o si la industria seguirá operando bajo la ambigüedad que ha marcado al sector hasta hoy.
