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Brasil recibió cerca de USD 318.800 millones en criptomonedas entre los años 2024 y 2025.
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Las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de junio de 2026 y son requisito indispensable.
Brasil dio un nuevo paso en el endurecimiento de su regulación sobre criptomonedas al incorporar una exigencia de auditoría independiente para las empresas que buscan autorización para operar o renovar su licencia desde este 1 de junio de 2026.
La medida alcanza a las sociedades prestadoras de servicios de activos virtuales, conocidas como SPSAV, que deberán presentar un informe de aseguramiento razonable elaborado por un auditor independiente registrado ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), el organismo regulador del mercado de valores brasileño.
Con esta disposición, el Banco Central busca comprobar que los solicitantes cuenten con estructuras sólidas de cumplimiento, control y gestión antes de recibir luz verde. En la práctica, el país avanza desde un esquema más básico de registro hacia una supervisión mucho más exigente del ecosistema cripto, con un modelo que se acerca cada vez más al que rige en el sistema financiero tradicional.
La nueva revisión externa obliga a que un tercero evalúe los mecanismos internos de las compañías. Entre los puntos que deberán examinarse están los controles contra el lavado de dinero, la prevención de la financiación del terrorismo, la verificación de clientes, la gobernanza, la segregación de activos de usuarios, la gestión de riesgos, los programas de cumplimiento para empleados y los esquemas de custodia. En otras palabras, ya no bastará con declarar que una empresa cumple: ahora deberá demostrarlo con evidencia auditada.
El alcance de la exigencia puede tener efectos directos sobre las autorizaciones. Si una firma no logra superar los controles, podría ver complicadas tanto su aprobación inicial como la renovación de su licencia. Esto eleva el peso de los equipos de cumplimiento dentro de exchanges, custodios y otros proveedores del sector. Además, el informe deberá ser emitido por profesionales inscritos ante la CVM, lo que reduce el grupo de auditores habilitados y vincula el proceso cripto con estándares similares a los del mercado de capitales.
La regulación brasileña sobre activos virtuales comenzó a tomar forma en 2022 con la Ley N.º 14.478. Un año después, el Banco Central fue designado como la autoridad principal para supervisar a los proveedores de servicios de criptomonedas. En 2025, el país profundizó ese camino con resoluciones que crearon una categoría específica para estas empresas e incorporaron reglas sobre custodia, gobierno corporativo, prevención del lavado de dinero y supervisión de stablecoins. A eso se suman la Travel Rule y el monitoreo de wallets autocustodiadas, lo que confirma una estrategia de control en varias capas dentro del negocio.
Las compañías que ya operan en el mercado tienen plazo hasta octubre de 2026 para ajustarse a las nuevas exigencias. Ese margen ofrece una transición, pero también obliga a revisar procesos internos, contratos de custodia, documentación de clientes, sistemas de riesgo y procedimientos de control. El costo de esa adaptación no será uniforme: para grandes plataformas internacionales puede ser asumible, pero para startups y exchanges pequeños puede convertirse en un obstáculo serio.
El endurecimiento llega en un mercado que no es menor. Entre mediados de 2024 y mediados de 2025, Brasil habría recibido cerca de USD 318.800 millones en valor de criptomonedas, una cifra que equivale aproximadamente a un tercio, o 33%, de todos los flujos de criptomonedas en América Latina, según Chaynalisis. Esa magnitud explica por qué el país sigue siendo prioritario para los grandes exchanges. Su tamaño, su nivel de adopción digital y su relevancia financiera lo convierten en una plaza estratégica para la industria.
El Banco Central sostiene que el nuevo requisito busca fortalecer la seguridad y la eficiencia del sistema financiero brasileño, además de apoyar el desarrollo del mercado de activos virtuales con mejores estándares de gobernanza, transparencia y prevención de delitos financieros. La lógica se parece a una supervisión bancaria: antes de confiar en una entidad que administra activos de terceros, la autoridad quiere verificar que existan procesos, responsables y controles capaces de detectar fallas a tiempo.
La nueva exigencia confirma la intención de Brasil de avanzar hacia una supervisión más centralizada y rigurosa del sector de los activos virtuales. En los últimos años, el país ha ido construyendo un marco regulatorio que otorga al Banco Central un papel cada vez más relevante en la autorización y supervisión de estas empresas, incorporando requisitos adicionales en materia de cumplimiento, transparencia y gestión de riesgos.
Aunque la medida no supone un cierre para la industria, sí eleva las condiciones para operar en uno de los mercados de criptomonedas más importantes de América Latina. Si este modelo logra combinar crecimiento del sector con una mayor protección para usuarios e inversionistas, podría servir como referencia para futuras regulaciones en otros países de la región.
